La Justicia ordena investigar por nuevos delitos al juez y al fiscal que encarcelaron a Cursach y absuelve al magnate

La Audiencia Provincial de Balears ha ordenado investigar por nuevos delitos al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, encargados durante cerca de tres años de las pesquisas contra el magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach, así como a 17 de los testigos que comparecieron en el juicio celebrado en los últimos meses contra el empresario, su número dos, Bartolomé Sbert, y una quincena de policías locales acusados de proteger sus negocios. Las magistradas consideran que ambos juristas incurrieron en presuntos delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos cuando intentaron levantar las alfombras de un supuesto entramado mafioso dirigido a salvaguardar los intereses del considerado rey de la noche mallorquina.

Así consta en la sentencia de 172 páginas que acaba de dictar el tribunal, a la que ha tenido acceso elDiario.es y mediante la cual la Sala absuelve a los dos únicos agentes que continuaban acusados en la causa. Sobre los 17 testigos, las magistradas instan a abrirles una investigación por supuestos delitos de falso testimonio, entre ellos varios empresarios que sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones y allanar futuras condenas.

La justicia también aprecia un delito de obstrucción a la justicia en el caso de siete de esos testigos, entre ellos Ángel Á., dueño de una las principales discotecas situadas en el Paseo Marítimo de Palma -donde también se ubicaba la famosa discoteca Tito's, buque insignia del Grupo Cursach-, quien aseguraba que su local fue sistemáticamente hostigado con inspecciones por orden de Cursach y Sbert. Al respecto, la Sala incide en que, “en definitiva, esta acusación particular -por desconocimiento, descuido o intención- ha perturbado, con su pretensión, el normal desarrollo del proceso penal”, motivo por el que la condena al pago de las costas generadas a los dos empresarios tanto por el juicio oral como por la fase de instrucción. 

“Temeridad cristalina” de las acusaciones

A lo largo de la resolución, el tribunal hace hincapié en la “temeridad cristalina” con la que actuaron las acusaciones particulares, “inspirada”, añade, en el deseo de poner el proceso penal al servicio de fines distintos a aquellos que justifican su existencia“.

Respecto a una de las acusaciones, ejercida por varios empresarios de Magaluf, José Manuel B.G. y Javier P.H., el tribunal los acusa de incurrir “en la temeridad y mala fe que justifica la imposición de las costas de los señores Sbert y Cursach”, al aseverar que realizaron una “utilización torticera del procedimiento para introducir en el juicio oral hechos excluidos expresamente en dicho momento procesal”.

Omisión de datos y documentos “relevantes”

También en relación a esta misma acusación, la sentencia abunda en que el relato fáctico que constituía el fundamento de sus imputaciones “partía de omisiones de datos que dicha parte conocía ciertamente” y “se dejaron de aportar medios de prueba que resultaban, 'prima facie', esenciales para dotar de mínima plausibilidad fáctica a los hechos justiciables”, unos datos que el tribunal considera “absolutamente relevantes y que hacían emerger la inconsistencia fáctica y normativa en la pretensión de condena a penas graves de prisión”, lo que causó “un evidente perjuicio a la parte acusada”.

Sobre las acciones penales desplegadas por los dueños de otro local de Palma que aseguraba haber sido coaccionado por varios policías locales por orden del grupo Cursach, las magistradas subrayan que formularon en el juicio “una base fáctica que se construye de forma sesgada y fraccionada”, aportando únicamente documentos que “favorecían su tesis acusatoria”. Asimismo, recalcan que afirmar que los policías “realizaban inspecciones arbitrarias, injustas, desproporcionadas y, en definitiva, coactivas (delito por el que formulaba acusación), cuando apenas han tenido intervención en el local, tal vez no pueda calificarse de mala fe, pero, desde luego, sí de temeridad”. 

Del mismo modo, el fallo ordena que se deduzca testimonio -se investigue- contra una inspectora de Blanqueo que, junto a otros tres policías, colaboraba con Penalva y Subirán al frente del caso Cursach. Durante su declaración en el juicio, la inspectora se ancló en el “no recuerdo” mientras la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le advertía de que su actitud tendría “efectos gravísimos”. Sobre la policía, el fiscal Tomás Herranz manifestó al término del juicio que su desmemoria fue “especialmente sangrante”: “Tenía un posición preponderante en el grupo de Blanqueo, realizó una labor intensa e importante. Es intolerable que llegue aquí y no se acuerde de nada”.

“Animadversión” contra los acusados del caso Cursach

En su resolución, las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Gloria Martín también piden abrir una investigación contra dos policías locales, hermanos ambos, que aseguraron, supuestamente en falso, haber sido presionados para modificar actas abiertas a varios locales propiedad de Cursach, al tiempo que acusaron a varios mandos de alertar al grupo de futuras inspecciones. Respecto a uno de los dos agentes, el tribunal apunta que su “animadversión” contra la mayoría de los acusados del caso Cursach es “de tal relevancia” que su declaración “no puede tener valor a efectos incriminatorios”, mientras que respecto al otro policía subraya que fue un testigo “muy activo” durante la instrucción de la causa e incluso mantenía abierto un chat de whatsapp con el exfiscal Subirán.

Los hechos por los que Cursach, Sbert y el resto de acusados se sentaron en el banquillo han quedado así finalmente sepultados después de que la Audiencia, tras más de cinco años de investigaciones en uno de los procesos más complejos de cuantos se han instruido en las islas, haya absuelto a todos ellos. En la recta final del juicio, tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones retiraron todos sus cargos por considerar que ninguna de las imputaciones que recaían sobre todos ellos ha quedado acreditada.

Causa ya abierta contra Penalva y Subirán

Estos nuevos hechos por los que la Audiencia ordena que se investigue a Penalva, a Subirán y a los 17 testigos -supuestas prácticas delictivas que han traslucido en los últimos meses durante el juicio del caso Cursach-, se suman a los que se indagan, en paralelo, en la causa abierta desde principios de 2020 en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales de Blanqueo con quienes trabajaban codo con codo. Y es que todos ellos se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.

La causa que se halla en manos del TSJIB se centra, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco, finalmente archivado, en el que fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exconcejal del PP Álvaro Gijón.

En ese procedimiento judicial, Cursach, Sbert, el también exdirectivo del conglomerado y expolicía local Antonio Bergas y el director de la discoteca Tito's atribuyen a ambos juristas y a los cuatro policías hasta un total de catorce hechos delictivos por los que reclaman más de treinta años de prisión para cada uno de los procesados.

El fiscal irrumpe en lágrimas

Durante la última jornada del juicio por el caso Cursach, el fiscal Herranz irrumpió en lágrimas a la hora de exponer su informe final: “Este informe, más que justificar ante la sala la retirada de acusaciones, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia, y que el cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido”.

En una imagen inédita, el representante del Ministerio Público reconoció ante todos los presentes que la instrucción de esta causa y posterior enjuiciamiento “es un fracaso total de la Administración de Justicia, un fracaso sin paliativos” que ha provocado la “muerte civil” de los 17 procesados que se han sentado en el banquillo. Acusados y defensas estallaron en un extenso aplauso tras escuchar las palabras del fiscal.