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Querían que fuera una mansión a menos de cien metros de la orilla del mar, pero se quedó en una mole que envejece sin que nadie la disfrute. El sotobosque, en silencio, se ha ido abriendo paso entre los muros. Para que la obra se abandonara a medias no hizo falta que quebrara la constructora. Al promotor no le falló, ni mucho menos, la solvencia y tampoco fue cosa del COVID. Sucedió hace ocho años. Las hormigoneras dejaron de funcionar y los albañiles se marcharon porque el mismo ayuntamiento que tres años antes le había otorgado una licencia de construcción a los antiguos propietarios se la denegó a la empresa que adquirió el terreno con la idea de levantar allí una mansión.
Si todos los trámites urbanísticos estaban aprobados cuando se traspasó la propiedad, ¿por qué cambió el criterio del ayuntamiento? Porque las obras se estaban realizando sobre un terreno rústico, protegido, con afectación de Costas y con la premisa de reformar una edificación que existía anteriormente. Las firmas de los responsables de la concejalía de Urbanismo que habían autorizado la construcción incumplían de forma flagrante la normativa.
El riesgo ecológico era evidente: la planta de la mansión se alza a pocos metros del cauce de un torrente, casi sobre la arena de la playa. Las paredes son un tapón en mitad de la desembocadura de un curso de agua natural. Una gota fría causó graves daños en la zona hace cinco otoños. La licencia, sin embargo, autorizaba a construir una mansión de 380 metros cuadrados –y una piscina– donde hubo una caseta de aperos ocho veces más pequeña que, además, estaba en ruinas. Es decir, había perdido su categoría de vivienda. Para más inri, la parcela estaba muy lejos de los 15.000 metros que exige el Plan Territorial Insular para construir una vivienda fuera de los núcleos urbanos; su superficie son 8.300 metros según el catastro.
Entre 2013 –concesión de la licencia– y 2016 –paralización de las obras– el cronograma está cargado de hitos relacionados con el caso: una condena por prevaricación contra el aparejador municipal por otro caso de prevaricación urbanística en terreno protegido (noviembre de 2013, semanas después de conceder el permiso de obra), la compraventa del terreno (febrero de 2014), un cambio de gobierno (mayo de 2015: de la mayoría absoluta del PP a un tripartito de centroizquierda comandado por el PSOE) y la advertencia del Consell Insular para frenar aquella obra (el año en el que el caso saltó a la prensa local).
Esta sucesión de hechos está ocurriendo en Sant Antoni de Portmany, Eivissa, y, de momento, no ha terminado. El último capítulo provocará un gasto de 460 mil euros a las arcas municipales. Según han indicado varias fuentes a elDiario.es, la propiedad del terreno y promotora de la casa, Producciones Mambo SL, un potente conglomerado de empresas de ocio y restauración, ha ganado en segunda instancia la reclamación patrimonial que presentó contra el Ayuntamiento. Alegaban que los cambios de criterio habían causado un perjuicio económico. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha vuelto a fallar a su favor.
Nadie asume nada
Ahora, de un informe que elaborarán “los servicios jurídicos del Ayuntamiento” dependerá que la sentencia se recurra en el Tribunal Supremo. Así lo explica, al otro lado del teléfono, Eva Prats, la actual concejala de Urbanismo. Esta política forma parte del equipo de gobierno de Sant Antoni desde 2019, cuando el PP recuperó la alcaldía formando una coalición con Ciudadanos y El PI. Los insularistas ejercen un rol importante en esta historia. Cambiaron de alianza después de haber sido uno de los socios del tripartito de centroizquierda que gobernó el municipio durante el mandato previo, cuando se suspendió la licencia de obra de la mansión. De hecho, el departamento de Urbanismo estuvo en manos de los insularistas durante aquellos cuatro años. Eva Prats insiste en ese punto: “El proyecto de ejecución, cien por cien, lo concedió Juanjo Ferrer [el primero de los dos concejales de El PI que gestionaron Urbanismo]. Ahora apenas quedan funcionarios de aquella época, tenemos técnicos nuevos, gente joven que trabaja muy bien”.
–Pero, concejala, el Ayuntamiento había informado a favor de la obra y había concedido la licencia de construcción entre 2012 y 2013, cuando todavía gobernaba el PP. Y el concejal de Urbanismo de aquel entonces, Pepe Torres, trabaja como coordinador municipal de ese mismo departamento desde 2021, cuando su partido volvió al gobierno y el alcalde decidió contratarlo como cargo de confianza.
–Sí, eso sí.
–¿Y al conocer esta sentencia contra el Ayuntamiento, ha dicho algo su asesor? ¿Le han preguntado por lo que ocurrió? ¿Han buscado responsabilidades?
–[Pepe Torres] Nos ha contado la historia. Todos los políticos nos guiamos por lo que los técnicos nos dicen. Nos dejamos aconsejar.
–Pero él es el coordinador de Urbanismo. Debe tener conocimientos específicos para ostentar ese cargo de confianza.
–La gestión no es igual que las cosas técnicas.
Juanjo Ferrer es un portmanyí de la quinta del 70. Como casi todos los vecinos de Sant Antoni que se criaron en el pueblo, Cala Gració forma parte del mapa sentimental de su infancia. Es la playa donde se intentó levantar la mansión. Recuerda Ferrer haber jugado de niño en la caseta que, licencia suspendida mediante, se ha convertido en una mansión a medias. “Y, entonces, a principios de los ochenta, ya estaba en ruinas”, dice desde Madrid porque actualmente vive a caballo entre la capital española y la isla. Este abogado, especialista en temas de vivienda, se sienta en el escaño de senador que representa a las Pitiüses: en julio de 2023 ganó las elecciones a la Cámara Alta por esta circunscripción encabezando una candidatura unitaria de izquierdas. Fue su retorno a la política después de haber renunciado por motivos personales a su acta de concejal en 2017, un año después de que el Consell le instara a parar la obra.
Antes, pasó un mandato en la oposición como azote del PP, justo cuando se concedió la licencia para construir la mansión. Aquel tiempo tuvo miga a nivel urbanístico. El concejal de Deportes, Vicente Cabezas, dimitió tras obtener una licencia de obra de forma irregular para ampliar su negocio. El de Gobernación, Xicu Cardona, se marcharía del Consistorio años más tarde (2021), cuando había vuelto a tocar poder como responsable de Hacienda. Justo en aquel mandato, 2011-2015, había construido una piscina ilegal en una casa de campo que intentó regularizar, sin éxito, antes de que el PP perdiera las elecciones.
“Como digo”, explica Ferrer, “[la construcción de la mansión] intentaron colarlo como la reforma de una casa a reformar cuando la caseta a reformar era una ruina. No tenía entidad de vivienda desde hacía muchos años”. Sin embargo, no recuerda más detalles del caso, y tampoco que el papeleo que otorgó el permiso de obra entre 2012 y 2013 levantara suspicacias dentro de la institución. Según él, el funcionamiento a la carta de la concejalía de Urbanismo quedó al descubierto cuando los socialistas, los insularistas y la plataforma municipalista Reinicia Sant Antoni llegaron al poder en 2015.
“Tuvimos una política de tolerancia cero con las infracciones que había. Evidentemente, no eran decisiones mías, sino actuaciones que se basaban en criterios técnicos después de revisar los expedientes. Intentamos arreglar licencias que se habían dado mal u obras que se habían hecho de forma incorrecta, hablando con los propietarios para que las derribasen sin tener que llegar a contenciosos-administrativos”, dice Ferrer. Una fuente de aquel gobierno municipal confirma que, sólo en sentencias y reclamaciones patrimoniales heredadas de anteriores administraciones, Sant Antoni pagó 11 millones de euros por licencias mal concedidas (un coste que había que sumar a los 17 millones de déficit que arrastraban las cuentas públicas de un municipio que, el año pasado, tenía 28 mil habitantes. Al final de aquel mandato, 2019, la deuda estaba pagada).
Entonces, ¿por qué, como defiende Eva Prats, afirmando que así consta en el expediente de la obra de la mansión de Cala Gració, aquel tripartito firmó un permiso de ejecución que, en 2015, dio de nuevo luz verde para que el cemento cayera sobre la ladera de un torrente? “Si está así en el expediente, será así. No lo recuerdo. Entiendo que [el permiso] iría informado por los técnicos oportunamente”, contesta Ferrer.
“Debería ser difícil ocultarlo para el funcionario”
“Necesitas el permiso de ejecución porque haces unas cargas y unos movimientos que no tan sólo son muy grandes respecto a la obra, sino que son de peso y van a quedar. Necesitan de una supervisión mayor, incluso por parte de un ingeniero. ¡Pero esto es lo de menos! ¡El tema va por otros derroteros! Estamos hablando de algo mucho más grave. En una zona donde no se podía hacer nada en ningún momento, se piden unas licencias, se dan, como si no pasara absolutamente nada, y es el Consell Insular, el hermano mayor, el que dice: ¿pero qué estás haciendo? Es en ese momento cuando el Ayuntamiento decide suspender la licencia”, argumenta Eduard Vila.
En una zona donde no se podía hacer nada en ningún momento, se piden unas licencias, se dan, como si no pasara absolutamente nada, y es el Consell Insular, el hermano mayor, el que dice: ¿pero qué estás haciendo? Es en ese momento cuando el Ayuntamiento decide suspender la licencia
Este abogado mallorquín tiene recorrido en el campo de la política urbanística. Fue director general de Arquitectura i Habitatge del Govern entre 2017 y 2019, además de asesorar a la concejalía de Urbanismo de Calvià. En su condición de experto, Vila sigue reflexionando sobre el asunto: “Firmar ese permiso de ejecución, eso sí es una continuidad de la negligencia. También te digo: no sé si lo debe revisar un político… pero se necesitan firmas”.
–¿Y cómo se consiguen esas firmas? ¿Nadie las revisa?
–En un Ayuntamiento del tamaño de Sant Antoni, debería ser difícil ocultarlo por parte del funcionario. Es complicado que un concejal no se dé cuenta: está a pie de calle; paseando por ahí todo el mundo ve una obra como la de esta casa y, si eres diligente, te crea curiosidad.
La propiedad que demandó –y ha vencido dos veces– al Ayuntamiento también presentó un contencioso por la vía civil contra los dueños originales del terreno, los interesados en obtener la licencia de obra para venderlo con toda la burocracia resuelta. La Justicia también dio la razón a los afectados, condenando al vendedor a devolver los 1,3 millones de euros en el que se fijó el traspaso de las escrituras. “No sabemos quién debería encargarse ahora de demoler la obra que ha quedado a medias”, reconoce Eva Prats, la concejala de Urbanismo de Sant Antoni.
La orden está escrita encima del logo de un chiringuito, dando a entender que la mansión a medias y el único bar de la playa, situado a una veintena de metros, comparten dueño. Privado. Clients Only, se lee en el cartel colgado sobre la valla. Al otro lado, una pared grafiteada demuestra que alguien saltó por encima del enrejado y, también, de la advertencia. Alrededor de la estructura hay materiales de construcción, la misma piedra que en su momento se utilizó para componer la fachada de una casa que tiene forma de jota. Tapias de ladrillo ciegan las ventanas. Una escalera esquelética conduce a un terrado. Allí, una mente visionaria imaginó, quizás, unas camas balinesas para tomar el sol u observar las estrellas.