La lucha por normalizar el catalán en la Justicia: “Todo el mundo debería poder elegir su idioma en los tribunales”
“Hem d'estimar i estimem el recurs de suplicació...”. Así arranca el fallo de una de las 374 sentencias dictadas en catalán en Balears a lo largo de todo 2023, una cifra que contrasta con las 11.402 que se emitieron en castellano. Es decir, apenas un 3,2% del total vio la luz en la lengua propia del archipiélago. En medio de este escenario, el propio órgano judicial, así como varias entidades y colegios profesionales, se vuelcan en promover el uso de la lengua catalana dentro de la Administración de Justicia y entre los diferentes operadores jurídicos para dotar su utilización de la máxima normalidad.
En las islas, sólo cuatro jueces –destinados en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), la Audiencia Provincial de Balears, un Juzgado de lo Social y otro de lo Contencioso Administrativo– emplean el catalán de entre los más de 150 profesionales de este ámbito. Entre ellos, Victòria Crespí, magistrada de la Audiencia que el año pasado dictó 61 sentencias en catalán frente a las 2.968 dictaminadas en castellano por este órgano judicial. En declaraciones a elDiario.es, Crespí asevera que “todo el mundo debería poder elegir su idioma en los tribunales” y que “cualquiera pudiera pedir que su procedimiento se tramitara en catalán”. En la actualidad, abunda, aunque la persona interesada “quisiera, sería prácticamente imposible” dado que muchos de los documentos sobre los que los jueces trabajan ya se encuentran en castellano. “El uso del catalán es muy residual en la Justicia”, incide.
En las islas, sólo cuatro jueces emplean el catalán de entre los más de 150 profesionales de este ámbito
Por ello, en 2021, el TSJIB y varios organismos decidieron impulsar la campaña 'La justícia, també en català' con el objetivo de promover el uso de la lengua catalana en la Administración de Justicia y fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos lingüísticos. La finalidad, que ejercer este derecho no sea “un acto heroico, sino un acto de normalidad”, como manifestó entonces el presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Carlos Gómez. A la iniciativa se sumaron el Govern, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados, el de Procuradores, el de Graduados Sociales, el Decanato de Registradores, de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, el Colegio Notarial y la Obra Cultural Balear (OCB). Este año contemplan nuevas acciones para incentivar a los profesionales de la Justicia a utilizar el catalán.
Falta de facilidades e inercia a escribir en castellano
Para Crespí, uno de los elementos clave que ayudaría a la normalización de este idioma en los tribunales sería propiciar que “el entorno también fuera más favorable”. “Por ejemplo, muchos jueces, tanto mallorquines como sobre todo quienes vienen de fuera, han cursado toda su su educación en castellano, al igual que las oposiciones. Al final muchos creo que estarían dispuestos a escribir en catalán, pero no tienen la facilidad de hacerlo”, subraya la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia.
Al margen de ello, alude a cuestiones específicamente laborales: “Todo el mundo está saturado de trabajo y la inercia también te lleva a escribir las sentencias en castellano”. “Siempre trabajamos sobre modelos o plantillas que están en castellano y traducirlos todos al catalán lleva su trabajo”, precisa. Por este motivo, una de las medidas que se proponen implantar entre las nuevas acciones de la campaña es que el sistema informático utilizado en los tribunales, Minerva, se traduzcan y sean bilingües, como ya sucede en Euskadi.
Todo el mundo está saturado de trabajo y la inercia también te lleva a escribir las sentencias en castellano. Siempre trabajamos sobre modelos o plantillas que están en castellano y traducirlos todos al catalán lleva su trabajo
Las nuevas acciones previstas en la campaña 'La justícia, també en català' contemplan, a través del Institut d'Estudios Baleàrics (IEB), la realización de cursos de formación de lenguaje jurídico en catalán. Más en concreto, uno de ellos dirigido al personal de la Administración de Justicia, otro para el personal de la Administración Pública y dos abiertos a la ciudadanía en general. Asimismo, se pondrá en funcionamiento un servicio de asesoramiento lingüístico tanto para los profesionales de la Administración de Justicia como para los operadores jurídicos, así como un plan piloto de dinamización lingüística en uno de los partidos judiciales de Balears, entre otras iniciativas que prevén desarrollarse a lo largo de este año.
Desde el IEB señalan a elDiario.es que, tras varios meses de parón con el cambio de gobierno en las islas, se han encontrado con una “muy buena predisposición por parte de todos”. De hecho, subrayan que el pasado mes de noviembre pusieron en marcha un curso de lenguaje jurídico en catalán al que se apuntó una treintena de técnicos de varias instituciones de las islas. “Es un tema que interesa porque ha habido muy poca oferta formativa y cuando se monta un curso de estas características se llena y la gente muestra interés”, recalca.
“Esperamos ir avanzando en uno de los sectores en que actualmente encontramos más oportunidades de mejora en el uso de la lengua catalana”, señala, por su parte, el director del IEB, Llorenç Perelló, quien, durante la presentación de las nuevas acciones, llevada a cabo el pasado 12 de enero, manifestó que la entidad trabajará para dar respuesta a las demandas de la Administración de Justicia y de los operadores jurídicos y para incorporar a nuevos actores al grupo de trabajo de la campaña.
Herramientas para los trabajadores de la Justicia
En este contexto, el IEB ha puesto en marcha una web dirigida a facilitar el acceso de los trabajadores de la Justicia a las herramientas existentes para dar respuesta a sus necesidades respecto al uso del catalán. En el portal se incluye información sobre la oferta actual de cursos de lengua catalana, material de autoaprendizaje, recursos para aprender lenguaje jurídico y administrativo, buscadores terminológicos, modelos de documentos del ámbito jurídico y recopilaciones de normativa en catalán, entre otros.
Uno de los órganos encargados de velar por la defensa y promoción de la lengua propia en Balears es la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, impulsada en 2020, durante la pasada legislatura, por el Govern presidido por la socialista Francina Armengol. Entre los ámbitos al que se dirige este ente se encuentra el de la Justicia, al proclamar que, en las islas, los ciudadanos tienen el derecho de relacionarse con la Administración de Justicia en lengua catalana –PP y Vox quieren sustituir este organismo por la futura 'Oficina de Libertad Lingüística' para, a través de multas desorbitadas, “luchar contra la imposición del catalán” en Balears–.
“Esto significa que tienen el derecho de dirigirse a ella en catalán y de declarar y presentar documentos en esta lengua. El hecho de usar el catalán no puede suponer ningún perjuicio ni carga para el ciudadano”, abunda este organismo en su web, en la que asevera que, de ser preciso, la Administración facilitará un intérprete y asumirá la gestión de la traducción de los documentos. “Los interesados también tienen derecho a ser informados en la lengua que elijan”, incide.
Normativas que avalan el uso del catalán en los tribunales
Entre las normativas que así lo avalan se encuentra la Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística en las Illes Balears, que en su artículo 11 establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de poder dirigirse a la Administración de Justicia en la lengua oficial que estimen conveniente usar, sin que se les pueda exigir ninguna clase de traducción y sin que este hecho pueda representar algún tipo de retraso en la tramitación de sus pretensiones.
Del mismo modo, esta Ley dispone que todas las actuaciones, documentos, escritos, realizados o redactados en catalán son totalmente válidos y eficaces ante los tribunales y los jueces de Balears y que, en todo caso, los interesados tienen derecho a ser informados en la lengua que elijan. Asimismo, emplaza al Govern a promover, de acuerdo con los órganos correspondientes, la progresiva normalización del uso de la lengua catalana en la Administración de Justicia de las islas.
También la Ley Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial hace referencia a esta materia y, entre sus preceptos, señala que los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, “si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión”.
El caballo de batalla de PP y Vox
En la actualidad, uno de los principales campos de batalla de Vox –que presta apoyo externo al PP en Balears– es cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán. Desde que los conservadores gobiernan en las islas con el respaldo de la extrema derecha, ya han eliminado el requisito del catalán en la sanidad pública balear –que según ellos provocaba una fuga de profesionales e impedía la llegada de personal sanitario, a pesar de que no cuentan con ningún dato que avale esta teoría– e, incluso, se están planteando la posibilidad de extender esta medida a toda la función pública –es decir, que para tener una plaza de funcionario no sea necesario acreditar ningún nivel de catalán–.
En el caso de la sanidad, la exigencia o no del catalán para obtener plaza es uno de los debates que en Balears se suceden legislatura tras legislatura, teniendo en cuenta que el Estatut d'Autonomia reconoce, en su reforma de 2007, el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar la lengua propia (en referencia al catalán), sin que nadie pueda ser discriminado por ello, a pesar de lo cual la lengua catalana se encuentra en un grave retroceso en contraposición al castellano. La supresión de este requisito era una de las 110 medidas que adoptaron PP y Vox en su acuerdo para hacer presidenta del Govern a la popular Marga Prohens. En el documento, en el que los conservadores asumen gran parte del ideario de los de Santiago Abascal, ambas formaciones se comprometen a modificar las normas que “supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales”.
“Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública”, establece el acuerdo. Entre tales medidas se encuentra la puesta en marcha de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que, ideada y controlada por Vox, contempla infracciones y multas que podrán alcanzar los 100.000 euros.
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