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El trasiego que vive estos días el Ajuntament de Sineu, ubicado en pleno centro de Mallorca, no es el habitual en esta época del año. Los residentes se arremolinan en el vestíbulo de la corporación municipal con un propósito claro: rellenar el formulario que les permitirá alegar contra la construcción de una macrogranja avícola prevista a dos kilómetros de la localidad para unas 750.000 gallinas ponedoras y que, según ha denunciado Greenpeace, será la más contaminante de todo el territorio español y consumirá más de 61.000 m3/año de agua —el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas— en un municipio que, de por sí, sufre una grave presión sobre sus recursos hídricos. “Es un despropósito y una aberración, no podemos consumir agua propia desde hace más de diez años y van a plantarnos unas instalaciones que nos generarán aún más problemas”, recrimina uno de los vecinos que hace cola a las puertas de la administración local. Sólo en la tarde del pasado lunes, Sineu hacía acopio de más de 230 alegaciones.
El proyecto, que contempla la ejecución de hasta diez naves agrícolas en las que se hacinarán las aves para producir unos 156 millones de huevos al año, se encuentra en estos momentos en fase de información pública en la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear y ha despertado las iras de grupos ecologistas, administraciones y de buena parte de los 3.764 habitantes con los que cuenta esta localidad situada a 34 kilómetros de Palma. Una petición lanzada en la plataforma Change.org, y que suma más de 4.700 firmas, alerta de la “amenaza inminente” que, en su opinión, se cierne sobre el “bienestar” y la “tranquilidad” de los vecinos, además de advertir de los problemas de olores, insectos y posibles plagas que, según conjeturan, sufrirán con la puesta en marcha de esta explotación avícola.
“Nuestro pueblo necesita protección frente a esta amenaza excesiva y desproporcionada”, recalca la petición, que insta a unirse a la causa a todos los vecinos de Sineu, del Pla de Mallorca y “a todo el que valore la protección de nuestro entorno natural y rural”. La macroexplotación prevé instalarse en la finca de Son Vanrell, conocida por contar con una de las posesiones históricas de Mallorca, cuya antigüedad se remonta al siglo XVI. En la actualidad, la mayor parte del terreno lo compone un bosque de encinas, mientras que otras zonas se dedican al cultivo de algarrobos, almendros e higueras, actividad que se vería severamente afectada con la construcción de las nuevas instalaciones.
elDiario.es ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con la empresa que gestionará las instalaciones, Avícola Son Perot -cuya marca comercial es Avícola Ballester-, pero hasta la publicación de este reportaje nadie ha respondido por correo y por teléfono alegan que no se encuentra ningún responsable que pueda hacer declaraciones.
Multa de 200.000 euros por incumplir la normativa ambiental
Avícola Son Perot explota otra granja en el municipio mallorquín de Llucmajor por la que ya fue multada en 2023 con el pago de 200.000 euros en sanciones al no contar con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) obligatoria para granjas con más de 40.000 gallinas de puesta. En ese momento, la explotación contaba con 135.696 ejemplares. El acuerdo de la Comisión balear de Medio Ambiente le instaba, además, a solucionar los problemas relativos con la plataforma de excrementos de 4.835 m2 ubicada junto a la finca, cuyos olores y molestias fueron objeto de denuncia por parte de numerosos vecinos.
Ahora, la intención de la mercantil pasa por cerrar de forma paulatina las instalaciones de Llucmajor y trasladar a Sineu la actividad para adaptarla, según señala en su proyecto, al que ha tenido acceso elDiario.es, “a las nuevas necesidades de mercado, cumpliendo la normativa vigente y con los últimos avances tecnológicos para garantizar el bienestar de los animales, optimizar la producción de huevos y minimizar el posible impacto ambiental de la actividad”. Las sombras, sin embargo, planean sobre la nueva explotación.
Los documentos indican que, además de las diez naves para las gallinas —tres de 2.041 m2 cada una para la recría, cuatro de 5.256 m2 cada una para la cría de gallinas en suelo y otras tres de 3.343 m2 para las gallinas camperas—, se precisará de la construcción de un centro de clasificación y almacén de envases, un porche para contenedores de residuos, un almacén junto a aljibes para el agua potable, un estercolero de 14.000 metros cuadrados, varias fosas de aguas sucias, una balsa prefabricada de lixiviados, vados sanitarios, un pozo y diversas soleras para los depósitos de propano.
“Yo no quiero tener que cerrar las ventanas”
El perímetro de la finca en la que está prevista la ejecución de la macrogranja transcurre a lo largo de un camino en el que apenas circulan vehículos. Las casas se dispersan en los alrededores y la calma es absoluta. Por ello, algunos de los vecinos que viven a apenas unas decenas de metros del terreno temen que se produzca un aumento significativo del tráfico de camiones en una carretera que no está preparada para tal afluencia, incrementando además -arguyen- la peligrosidad para los usuarios. Al otro lado de la vía, uno de los residentes de la zona, Pep, confía en que no sea así, aunque, en su caso, lo que más le preocupa es el futuro hedor procedente de la explotación agrícola: “Yo no quiero estar aquí en verano y tener que estar con las ventanas cerradas. Y ya bastante tengo con tener que cerrarlas de vez en cuando por la piara de cerdos de aquí al lado”, lamenta.
Por su parte, Tesse, estonia de nacionalidad, quien reside en otro chalet próximo a la finca, explica que lleva viviendo en Mallorca desde principios de este año y que hasta ahora no había tenido conocimiento de que en los terrenos aledaños se hubiese proyectado una macrogranja: “No había tenido ninguna noticia en absoluto. Me he enterado a través de los carteles que hay en la rotonda y en las vallas de la carretera”, asegura.
El alcalde: “La actividad agraria debe adaptarse al territorio”
De hecho, los carteles contra la construcción se suceden en verjas y en varios puntos estratégicos de Sineu, como el Ajuntament, donde, en plena -y calurosa- mañana de agosto, los vecinos, papeles en mano, entran y salen. El Consistorio ha habilitado los últimos días de este mes, hasta el próximo viernes, para que los residentes puedan acudir a las oficinas municipales y registrar sus alegaciones contra el proyecto de forma presencial. El alcalde, Bartomeu Mulet, se asoma y saluda a algunos de los concurrentes. Minutos después, recibe a elDiario.es en su despacho, donde explica que el pasado viernes el Consistorio recibió el informe técnico encargado a dos ingenieros agrícolas para evaluar el proyecto y sobre cuya base la propia corporación municipal, junto al Ajuntament de Maria de la Salut -situado a siete kilómetros de Sineu-, prevé alegar contra la macroconstrucción.
“Desde el momento en que entró en fase de exposición pública, encargamos un estudio completo para ver de qué forma nos afectará y también hemos estado en contacto con todos los vecinos para hacer frente común contra un proyecto que no es positivo para el municipio”, señala Mulet, quien en 2019 cogió las riendas de la alcaldía de Sineu por el PP y en 2023 fue reelegido en el cargo con mayoría absoluta. “La actividad agraria se debe potenciar, pero adaptada al territorio, con un número de animales más reducido y que respete el entorno. Y en este caso estamos hablando de una macrogranja de 750.000 gallinas, una parte de ellas en libertad, que destrozarían todo el bosque de encinas que rodea la finca”, abunda.
El primer edil alude, con base en el informe recibido, a los olores que generaría la actividad y que “llegarían hasta el pueblo en los días de viento”, la presión que las instalaciones ejercerían sobre los recursos hídricos, a la contaminación de los acuíferos y a los problemas que se producirían en la carretera que conduce hasta los terrenos con el incremento del tráfico pesado en los alrededores del núcleo urbano.
Más de una década sin poder consumir su propia agua
Desde las entidades ecologistas, Greenpeace encendió la semana pasada el debate al emitir un comunicado en el que denunciaba que, atendiendo a los cálculos que la ONG ha llevado a cabo, el consumo directo de agua de la macrogranja, sin contar con la necesaria para producir el alimento de las gallinas, sería de más de 61.000 m3/año, una tercera parte del consumo estimado para Sineu. Para los ecologistas, el proyecto agravaría la situación del municipio, que lleva ya más de una década sin poder consumir su agua debido a la contaminación por nitratos.
En 2022, hasta 118 mediciones de agua llevadas a cabo en Balears se encontraban por encima del límite legal de 50 mg/l de nitratos en agua potable fijados por el Decreto 140/2003, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Según los datos del Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC), doce municipios de las islas tenían su agua contaminada por nitratos, entre ellos Sineu. “Este municipio lleva más de una década sin poder consumir su agua debido a este problema, por lo que una instalación industrial como la proyectada, en vez de mejorar las posibilidades de que el municipio vuelva a recuperar el derecho de utilizar su agua, solo lo empeoraría”, aseveran desde Greenpeace.
La macrogranja más contaminante del país
La entidad recrimina, en esta línea, que el proyecto carece de cálculos específicos para mostrar los impactos que tendría sobre el medio ambiente. “Si comparamos con otras explotaciones avícolas industriales en funcionamiento, solo en lo que respecta a las emisiones de amoniaco, un gas tóxico con nefastos efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, esta explotación industrial se convertiría en la macrogranja de aves de corral más contaminante del país”, añaden desde la ONG, quienes alertan de las “dimensiones faraónicas” del proyecto: diez naves industriales a las que se sumarían las otras instalaciones de apoyo, así como los estercoleros y fosas para almacenar las ingentes cantidades de estiércol que se generarían por semejante número de animales.
Como el informe técnico recibido por el Ajuntament de Sineu, desde Greenpeace apuntan a que el proyecto requeriría también de la realización de obras para poder garantizar el tráfico continuo de camiones necesario para el funcionamiento de esta explotación y que, “en ningún momento, está contemplada en el proyecto como un impacto para la población”. En sus alegaciones, consultadas por este medio, recriminan también el impacto negativo que este proyecto provocaría sobre las masas de agua en lo que concierne a la contaminación por nitratos, “un problema muy grave en toda España y especialmente en Balears” derivado, principalmente, de la elevada cantidad de excrementos generados por la ganadería industrial y del uso de fertilizantes sintéticos en parte destinados a la producción de piensos para esta actividad.
El auge de las macrogranjas
No en vano, el auge de las macrogranjas en España ha provocado que el país sea incapaz de cumplir el límite de emisiones tóxicas de amoniaco marcado por la legislación europea. Sólo en 2020, España lanzó al aire 483 kilotoneladas (kt) de amoniaco, de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera. La cifra supuso 12 kt más que el año anterior y se situaba por encima del tope marcado entonces por la directiva europea de reducción de emisiones nacionales, fijado en 467 kt. Sin embargo, en 2023, tras más de diez años de incumplimientos, España respetaba por primera vez el límite de las emisiones de amoniaco tras estrenarse un nuevo umbral máximo calculado al alza.
El auge de las macrogranjas en España ha provocado que el país sea incapaz de cumplir el límite de emisiones tóxicas de amoniaco marcado por la legislación europea. Sólo en 2020, España lanzó al aire 483 kilotoneladas (kt) de amoniaco, 12 kt más que el año anterior. La cifra se situaba por encima del tope marcado por la directiva europea de reducción de emisiones nacionales, fijado en 467 kt
“España debe fomentar, dentro de un consumo de alimentos de origen animal acorde a las recomendaciones nutricionales de la Agencia Española De Seguridad Alimentaria Y Nutrición (AESAN), los productos de calidad provenientes de la ganadería extensiva de base agroecológica, no los que provienen de la ganadería industrial”, recalcan desde Greenpeace en sus alegaciones, en las que aseveran que los argumentos de seguridad alimentaria “no pueden servir para respaldar o fomentar un modelo orientado básicamente a la exportación con criterios puramente económicos que nada tienen que ver con garantizar la producción de alimentos”.
Desde la asociación Amics de la Terra, que vela por caminar hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria, se han sumado a las quejas alegando que la falta de territorio y los recursos hídricos, “ya estresados, tendrían que soportar una presión insostenible”, mientras que las entidades animalistas también han mostrado su oposición a la macrogranja recogiendo el sentir de los vecinos del municipio y alertando especialmente del impacto ambiental y el elevado consumo de recursos. “No se puede tolerar tal agresión al ecosistema y a los animales. Todos contra esta macrogranja macrocruel y macrodestructiva”, subrayan desde Satya, quienes reclaman a las instituciones, entre ellas al Gobierno central, que tomen medidas e impidan que el proyecto salga adelante.