Según algunos, se trata de un “atentado” contra el litoral y el paisaje de Menorca. Según otros, es el símbolo de un modelo de turismo que “genera riqueza y bienestar”. Los hoteles Milanos-Pingüinos son, en todo caso, dos edificios de 12 pisos construidos en la primera línea de la playa de Son Bou, en el municipio de Alaior. Unos años atrás, un grupo de abogados vinculados al GOB, una entidad ecologista de Menorca, denunció que supuestamente los edificios ocupan un espacio que excede por mucho el parcelamiento planificado en el expediente con el que se consiguió la licencia para construirlos. Según esta interpretación, los hoteles más grandes de la isla serían irregulares.
Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB, señala que “junto con el complejo hotelero de Cala Galdana, los hoteles Milanos-Pingüinos son uno de los impactos ambientales y paisajísticos más agresivos que hay en el litoral de la isla”. Según el ecologista, “en el año 2017, Sol-Melià Hotels, la compañía propietaria de este complejo, se acogió a una interpretación de la Ley Turística que permitía la modernización y reacondicionamiento de los edificios”. Fue entonces cuando el grupo ecologista pidió acceso al expediente que tramitaba la solicitud de mejoras y fueron encontrando, según su versión, una cadena de sucesivas irregularidades. “Cuando revisamos el expediente nos dimos cuenta de que el proyecto preveía un incremento del impacto paisajístico, ya que se pretenden alzar cinco pisos más entre las dos torres ya existentes”, afirma.
Desde el GOB insisten en que han intentado entablar negociaciones con Melià Hotels para buscar soluciones en común y elaborar un proyecto que se ajuste a criterios de cuidado medioambiental, aunque reconocen que no han podido llegar a ningún acuerdo. “Les sugerimos que buscaran un proyecto menos impactante en términos ambientales, pero las conversaciones que tuvimos con la empresa no fueron fructíferas”, lamenta Camps.
Tras supuestamente fracasar el diálogo con la gerencia de los hoteles, los abogados del grupo ecologista decidieron revisar el expediente antiguo, que data de principios de los años 70, y constataron que “el volumen de los edificios es 19 veces mayor de lo que dice el expediente”. “Tenían permiso para construir 5.000 metros cúbicos y levantaron 93.000”, señalan, y sostienen que por haber sido construidos así “Milanos-Pingüinos no puede acogerse a las leyes de mejoramiento contemplados en la Ley de Turismo”. Camps, por su parte, afirma que “lo único que pueden hacer es readecuar las construcciones conforme a la normativa vigente, esto es, planta baja más dos, y para eso deberían eliminar al menos diez pisos”.
¿Zonas verdes… edificables?
Tras la polémica generada en torno a los hoteles de Son Bou, según la versión del GOB Menorca, la empresa Sol-Melià decidió el año pasado iniciar los trámites para un nuevo agrupamiento de parcelas que refleje el volumen real del complejo y así subsanar la supuesta irregularidad de origen. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Melià Hotels días antes de la publicación de este reportaje, sin haber recibido respuesta en el momento de su publicación.
Nuevamente el equipo jurídico del GOB solicitó en aquel momento acceder a la documentación presentada por la empresa para dicho agrupamiento de parcelas, pero esta vez se toparon con la negativa del Ayuntamiento de Alaior, afirman los ecologistas. “No nos permitieron acceder al expediente donde creemos que se han medido zonas verdes para contarlas como edificables, lo cual no está permitido”, cuenta Miquel Camps.
Ante la supuesta falta de respuesta del Consistorio a las peticiones de acceso a la documentación, los ecologistas decidieron presentar una denuncia ante un tribunal de Maó, que sin embargo falló a favor del Ayuntamiento el pasado mes de junio. El Consistorio tampoco ha querido responder a las peticiones de información de elDiario.es.
A pesar del revés judicial, los ecologistas están decididos a continuar con el litigio y presentaron una demanda no sólo por el supuesto parcelamiento de zonas verdes, sino por la ilegalidad de origen en que, según siempre su versión, están construidos los hoteles.
Para llevar a cabo la judicialización, el grupo ecologista ha debido recaudar 14.000 euros destinados a cubrir gastos. “Pagamos procuradores, abogados, peritos y todo lo que la Justicia nos demanda”, cuentan. Y añaden que lo lograron “en relativamente poco tiempo”. “Organizamos ferias, charlas, lectura de poemas, recibimos contribuciones individuales, e incluso montamos una exposición con obras de arte donadas por artistas locales”, relatan desde el GOB.
La moneda que signará el futuro de los monumentales hoteles en primera línea de playa está en el aire. Será la Justicia quien determine si el complejo ocupa más de lo que estaba previsto en el expediente por el cual consiguió su licencia. Mientras tanto, Milanos-Pingüinos cierra este verano otra temporada con números récord.