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La polémica está servida en Menorca desde que el pasado sábado el polideportivo municipal de Es Castell acogiera un taller de formación en “grappling policial”, una disciplina marcial basada en “agarres y derribos” orientada al personal de las fuerzas de seguridad municipales y nacionales, así como a empresas de seguridad privada y agentes del servicio penitenciario. La coordinación de este taller, que se ha celebrado en instalaciones públicas por segundo año consecutivo, ha corrido por cuenta del ertzaina de origen brasileño Otavio de Paula, frecuentemente contratado por la empresa Desokupa para instruir a sus militantes y reconocido públicamente por aparecer en redes sociales junto a Daniel Esteve, jefe de la organización dedicada a los desalojos extrajudiciales de viviendas. El alcalde del municipio, Josep Lluís Camps, señaló en los días previos al evento que se trata de “una manera de dar un toque de calidad a este tipo de formación” y calificó a de Paula como “un referente nacional”.
Fuentes del Consistorio de Es Castell han confirmado a elDiario.es que la formación contó con casi 40 personas inscritas, en su mayoría integrantes de la fuerza policial municipal, quienes han podido acudir a la formación gratuitamente en virtud del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y el instructor. Según ha declarado el alcalde, de Paula recibió 600 euros de fondos públicos para brindar la formación, además del pago de alojamiento, manutención y viaje. A la actividad también se inscribieron varios agentes de la Policía Nacional, guardias civiles y militares, que abonaron una cuota de 30 euros cada uno. Según afirman los organizadores del evento, muchos de ellos acudieron por segunda vez a este seminario.
Por su parte, el propio Otavio de Paula ha confirmado a elDiario.es que el seminario consiste en “técnicas de agarre y reducción del oponente evitando efectuar golpes”, por lo que se trataría de un conjunto de técnicas que asegura “están perfectamente contempladas dentro de las normativas legales vigentes”. El alcalde, Lluís Camps, defendió a de Paula y subrayó que se trata una formación basada en “técnicas de bloqueo menos agresivas”. Sin embargo, según la Federación de Luchas Olímpicas, de la que de Paula es “voluntario” –según sus propias palabras–, el “grappling” se basa en “técnicas de agarre, estrangulación y luxación de las extremidades del adversario”.
Supuesto cambio de sexo en el registro
La polémica suscitada por el acuerdo firmado entre el Consistorio y este excampeón mundial de Jiu Jitsu, originario de la provincia brasileña de Rio Grande do Sul, no se ha quedado solo en los titulares y los cruces en redes sociales. El pasado viernes, de Paula aseguró que denunciará a la diputada autonómica de Unides Podem, Cristina Gómez, por cuestionar el supuesto cambio de sexo que el ertzaina habría realizado ante el Registro Civil. De Paula, de 47 años de edad, dice sentirse mujer y asegura que ha efectuado el trámite administrativo. Este hecho ha suscitado las críticas entre las agentes mujeres de la comisaría de Irún donde de Paula presta servicios desde hace dos décadas.
La denuncia la diputada autonómica de Unides Podem, según de Paula, fue realizada en esa misma comisaría por “injurias con publicidad”, después de que Cristina Gómez lo cuestionara públicamente por “hacer uso fraudulento de la ley Trans y estar vinculado a organizaciones de extrema derecha investigadas en procesos judiciales”. Por otro lado, desde el pasado 25 de septiembre, de Paula está siendo investigado por Asuntos Internos para verificar si sus “colaboraciones” con el Club Desokupa incurren en una vulneración del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y que podría acarrear un expediente sancionador.
Según dice a elDiario.es el propio interesado, el cambio registral de sexo se produjo en el mes de abril de 2023, cuando Otavio Oscar Luz de Paula, nacido en 1977 en San Gabriel, Brasil, pasó formalmente a ser considerado mujer ante la ley española tras manifestar que así se siente, a pesar de que en sus competiciones de grappling compite en la categoría masculina y es, en general, tratado en masculino.
Según de Paula, se cambió registralmente el sexo en abril de 2023 tras manifestar que se siente mujer, a pesar de que en sus competiciones de grappling compite en la categoría masculina y es, en general, tratado en masculino. Este hecho ha suscitado las críticas entre las agentes mujeres de la comisaría de Irún donde de Paula presta servicios desde hace dos décadas
“En primer lugar, quiero aclarar que yo no soy instructor de Desokupa, ellos me contratan a través de la Federación Valenciana de Luchas Olímpicas y yo les brindo un servicio, lo mismo que se lo doy a la Academia de Policía del País Vasco, al Ejército o a cualquier organismo o entidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que esté interesada”, ha señalado el instructor. Este, a pesar de insistir en que no tiene vínculos con Desokupa más allá de los pedagógicos en materia de artes marciales, se muestra en numerosos post en redes sociales junto a Daniel Esteve, entre otros influencers y bloggers. “Yo soy mujer porque quiero y porque puedo”, ha insistido en diálogo con elDiario.es, y ha señalado que mantiene contactos con colectivos LGTBI. “Mi mejor amiga es lesbiana”, ha subrayado.
Tras conocerse la denuncia interpuesta por de Paula contra Cristina Gómez, el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, también ha cargado contra la diputada de Unides Podem y le ha exigido que “explique su apoyo a [Íñigo] Errejón”, a lo que la diputada ha respondido ironizando sobre la posición de los populares con respecto a la violencia machista. “Ahora que parece que por fin a la derecha le preocupa la violencia sexual, igual tendrían que empezar por exigir la dimisión del vicepresidente [Antoni] Costa por encubrir a un agresor sexual que, cuando fue nombrado gerente de una empresa pública, estaba siendo investigado y lo sabía todo el mundo”, ha ironizado la diputada. Esta ha aprovechado la ocasión para solidarizarse con las víctimas que han acusado en los últimos días al exdiputado Íñigo Errejón de casos de abuso sexual.
Por su parte, la diputada autonómica ha señalado que “estas denuncias no tienen ningún recorrido” y ha enfatizado que “ya estamos acostumbradas a sus amenazas, pero no nos van a amedrentar ni a callar”. Desde el entorno de Podem Baleares aseguran a elDiario.es que, desde el pasado fin de semana, reciben mensajes intimidatorios y amenazantes que apuntan contra Cristina Gómez, Lucía Muñoz Dalda [coordinadora del partido] y contra el conjunto de la formación morada. “La denuncia es un intento de desviar la atención hacia la cuestión relevante: si es compatible ser policía por la mañana y trabajar para una empresa que echa a familias de sus casas de manera violenta y extrajudicial entre por la tarde”, han declarado desde UP. “No queremos que grupúsculos de extrema derecha y neonazis sean los que formen a nuestros cuerpos de policía”, ha enfatizado Gómez.
“Se trata de un asunto muy preocupante para cualquier demócrata. No podemos permitir que existan organizaciones parapoliciales que se dedican a expulsar violentamente a familias de sus casas, que amenazan a periodistas y políticos y que tienen miembros en procesos judiciales abiertos por actitudes violentas que deberían ser prohibidas, y ni mucho menos que ofrezcan y den formaciones a la policía”, ha añadido en diálogo con elDiario.es. La diputada ha criticado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien acusa de haber “pasado de regalar suelo a fondos buitre, a subvencionar a rentistas, y ahora quiere que financiemos a Desokupa con dinero público”.
Por su parte, desde el Govern balear del PP se han desvinculado del acuerdo y han señalado que se trata de una iniciativa particular del Consistorio menorquín. “No teníamos conocimiento de la actividad. Creemos que el Ayuntamiento tiene la libertad de formar a sus agentes municipales con quien considere más oportuno”, ha señalado la consellera de Administraciones Públicas, María Antonia Estarellas.
La polémica ha llegado finalmente hasta el Parlament Balear, ya que durante la sesión de esta misma tarde, la diputada Cristina Gómez ha aprovechado el tratamiento de las enmiendas sobre la moción de la DANA que afectó a Menorca el pasado mes de agosto, para solicitar la exclusión de grupos de ultraderecha en la formación pedagógica de funcionarios públicos. “Solicitamos a la Consellería de Presidencia, y el resto de Administraciones Públicas de las Illes Balears sean proactivas en la formación de todos sus cuerpos de seguridad y en general, de emergencias (112, Ibanat , etc ) así como de todos aquellos cuerpos dependientes de Ayuntamientos (policías locales, bomberos de Palma) y Consejos Insulares (bomberos), asegurando que todas las formaciones que se ofrecen sean organizadas y/o coordinadas por la Escuela Balear de Administración Pública, o en su caso, homologables por este organismo, y que, en cualquier caso, siempre excluyan formaciones de agrupaciones o grupúsculos de extrema–derecha, como DESOKUPA, que a menudo utilizan maniobras de tipo coactivo y apremiadoras de derechos humanos”, ha declarado la diputada en su intervención. Los diputados de PP y VOX han votado en contra.
Críticas de la oposición
Tras hacerse público el acuerdo entre Otavio de Paula y el Consistorio de Es Castell, los grupos parlamentarios Més y Esquerra Unida de Balears han elevado a la Mesa del Congreso de los Diputados dos preguntas, con el objeto de esclarecer qué actuaciones se están llevando a cabo para investigar este tipo de vinculaciones y contratos. Si bien es cierto que la formación brindada en Es Castell el pasado sábado marca un hito con peso propio en las relaciones entre las administraciones públicas y la órbita de influencers de Desokupa, esta tiene como antecedente el contrato firmado entre la organización ultra y el Sindicato Unificado de Policía, firmado el pasado mes de agosto, en virtud del cual más de 30.000 agentes de las distintas policías autonómicas, municipales y nacionales serán “formados” por la organización que dirige Daniel Esteve.
“¿Puede el Ministerio de Interior confirmar el estado de las actuaciones para impedir la firma de cualquier convenio entre organizaciones sindicales de la policía y el grupo violento Desokupa?” y “¿Qué actuación realizará el Ministerio de Interior con el Gobierno de Baleares y las entidades locales competentes para advertir del peligro que supone que la Policía Municipal de esta comunidad autónoma firme acuerdos de formación con un grupo violento como el mencionado?” han sido las dos preguntas que registraron el pasado viernes al Congreso de los Diputados.
Por su parte, desde la oposición municipal insisten en rechazar “categóricamente” la contratación del ertzaina. “En Menorca hay muy buenos profesionales para llevar a cabo este tipo de formación. No vemos ninguna necesidad de contratar a una empresa vinculada a la extrema derecha que actúa al borde de la legalidad y que acumula causas judiciales y no pocas polémicas públicas”, han enfatizado desde SOM Es Castell. Asimismo, los ediles opositores afirman a elDiario.es que dudan de la transparencia del proceso de contratación impulsado por el popular Camps. “No sabemos cuánto ha costado esta contratación. Creemos que se ha llevado a cabo de forma opaca, ya que no se ha tratado en ninguna comisión y nos enteramos por la prensa local. Se nos ha escondido información”, han enfatizado.