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El Ayuntamiento de Sant Josep (Eivissa) ha retirado de la finca de Cala Tarida, utilizada como vertedero ilegal por el polémico empresario Evaristo Soler Cardona, 145 vehículos y embarcaciones y unas 500 toneladas de residuos de todo tipo. Según ha informado el Consistorio, el pasado 3 de mayo se dieron por concluidas las labores de retirada de residuos y limpieza de la finca que comenzaron en marzo. Durante el mes de abril, se trabajó de forma específica para retirar residuos especiales que necesitaban de maquinaria determinada.
El Ayuntamiento ibicenco ha recordado que los residuos que hasta ahora se acumulaban en el solar motivaron múltiples denuncias y requerimientos desde 2016. Aunque la propiedad permitió al principio la entrada y mostró una actitud colaboradora, no ha facilitado después los trabajos de limpieza, lo cual ha provocado que la Policía Local haya tenido que acudir al lugar casi a diario. Desde Sant Josep han recordado que, entre los recursos materiales utilizados en esta acción, se ha contado con hasta 12 vehículos de transporte de residuos de diferentes tamaños.
Entre los restos retirados, se han contabilizado 71 vehículos, 13 de ellos de grandes dimensiones; 61 barcos; 13 elementos flotantes como velomares; 103 extintores, bombonas de gas o similares; 31 bengalas y lanzacohetes; más de 174.000 kilos de ferralla; más de 115.000 kilos de voluminosos y más de 9.000 neumáticos usados, entre otros.
El coste de los trabajos ha sido calculado en función de las labores realmente efectuadas y de los residuos retirados de la finca y, aunque el contrato se adjudicó por 752.436,34 euros, el coste final ha sido de 573.157,15 euros. Esta cantidad será reclamada al propietario, Evaristo Soler.
El Consistorio ha recordado que desde 2016 se habían recibido quejas y denuncias sobre el estado de la finca, por lo que se requirió en diferentes ocasiones la limpieza de los terrenos al propietario del solar. En 2022, se emitió un decreto ordenando la retirada y reciclaje de los materiales y la restitución de la finca a su estado original. Visto que se hizo caso omiso a este requerimiento, en agosto de 2022 se emitió una resolución de Alcaldía resolviendo iniciar un expediente de ejecución subsidiaria. El pasado febrero se obtuvo la autorización judicial para entrar en la finca.
El polémico empresario
Evaristo Soler Cardona, empresario de Porroig (Sant Josep, Eivissa) al que la Guardia Civil (Seprona) acusa de un delito contra el medio ambiente por, presuntamente, fondear sobre la posidonia, planta marina protegida por el Decreto posidonia del Govern balear y muy importante en la lucha contra la emergencia climática, es el propietario de la finca de Cala Tarida donde el Ajuntament ha desarticulado el vertedero ilegal.
Según explicaron fuentes del Consistorio a elDiario.es, Soler Cardona estuvo años desoyendo los requerimientos para limpiar el vertedero. En una reunión acordada por la concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, un letrado municipal le explicó el procedimiento a seguir en relación al vertedero, pero el empresario de Porroig se negó a recoger la notificación que le abría un expediente sancionador, aseguró Fernández a elDiario.es, para pasar a amenazarla tanto a ella como a los dos funcionarios presentes, según su versión.
“Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”, fueron algunas de las amenazas que quedaron recogidas en la denuncia que presentó la concejala de Medio Ambiente ante la Guardia Civil y que terminaron en una ridícula condena para Soler Cardona (una multa de 240 euros, 8 euros durante 30 días).
Evaristo Soler también está condenado por intimidar a un grupo de voluntarios que trabajan por la conservación del mar (les dijo “no quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima”) y por amagar con “meter un palo por el culo” a una pareja. Además, está siendo investigado por la Guardia Civil (Seprona) por un presunto delito contra el medio ambiente, así como por un delito de desobediencia grave contra la autoridad y sus agentes, debido a que, supuestamente, intentó boicotear una operación llevada a cabo por el Ajuntament de Sant Josep, que retiró las embarcaciones que el empresario tenía depositadas de forma ilegal al lado de la finca de Cala Tarida.