El PP activa a la Policía Local para intervenir contra la acampada de Palma tras el desalojo de la protesta de Sol

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha reclamado este martes a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaça d'Espanya. El primer edil ha aprovechado el operativo policial que ha puesto fin esta madrugada a la concentración de la Puerta del Sol de Madrid para insistir en que se aplique en la capital balear el mismo criterio.

En declaraciones a los medios desde la World Travel Market (WTM) de Londres, Martínez ha anunciado que, en paralelo a esta eventual intervención, la Policía Local la Policía Local comenzará a abrir expedientes sancionadores a los acampados que incumplan las ordenanzas cívica y de ocupación de la vía pública con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Martínez ha trasladado su petición al delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, a quien reclama que actúe “en el ejercicio de sus competencias”. A juicio del primer edil, la intervención en Madrid respaldaría las solicitudes que el consistorio viene formulando desde hace más de un mes: “Si en Madrid se ha considerado que esta concentración ha superado el plazo previsto y que la situación ya no está amparada por el derecho de manifestación, en Palma debe aplicarse exactamente el mismo criterio”.

“Se debería actuar igual que en Madrid, y nosotros lo haremos. Ya he dado instrucciones para que se haga cumplir la ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de la vía pública para volver a poner a disposición de la ciudadanía un espacio que nunca debería haber estado ocupado porque no le ampara el derecho de manifestación que nos han querido hacer creer en las últimas semanas”, ha subrayado.

Martínez ha argumentado que “Balears no es distinto que Madrid, pues se aplican las mismas leyes y las mismas normas”. “Si en Madrid se entiende que esta concentración ya no está prevista en el derecho de manifestación, aquí tiene que pasar lo mismo”, ha insistido.

La actuación policial en la acampada de Sol, ha esgrimido el alcalde, está justificada por “problemas de orden público” que también se han producido en la plaza España. “Ante ello debemos actuar y debemos prevenir”, ha incidido.

El Consistorio reclamó el 1 de octubre a Delegación del Gobierno que adoptara medidas para poner fin a la protesta al considerar que había vencido el plazo que, según la corporación municipal, la propia organización había comunicado para mantener la concentración. Ahora, además de insistir en la intervención de la Administración central, Cort anuncia que pondrá en marcha desde este martes las actuaciones que considera dentro de sus competencias para hacer cumplir la Ordenanza Cívica y la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública.

Al respecto, el alcalde ha señalado que, mientras la Delegación del Gobierno “analiza” su petición, la Policía Local comenzará desde este mismo martes a garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. “Esas ordenanzas tienen sanciones económicas si se incumplen las normas. Se deberá identificar a quienes la incumplen, levantar acta y abrir un expediente sancionador”, ha explicado.

El consistorio justifica su reclamación por las dificultades que, a su juicio, genera la presencia de las tiendas y otros elementos en la plaza. Según sostiene, por este espacio público transitan alrededor de 50.000 personas al día y la acampada dificulta las tareas ordinarias de limpieza y mantenimiento, además de limitar su uso por parte del resto de la ciudadanía. También advierte de que los cerramientos y la conexión a la red eléctrica sin autorización pueden provocar daños en el pavimento y otros elementos urbanos.

El Ayuntamiento asegura que respeta el derecho de manifestación y concentración, aunque defiende que su ejercicio debe ser compatible con la normativa y que no puede justificar una ocupación indefinida del espacio público.

La protesta de la plaça d'Espanya forma parte de las movilizaciones por el derecho a la vivienda que se han llevado a cabo a nivel estatal durante las últimas semanas. Los colectivos que la impulsan mantienen la acampada como espacio de denuncia de la emergencia habitacional y de presión sobre las instituciones, y han planteado extender la movilización a los barrios y organizar una respuesta más amplia, con vistas a la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre.

Frente a las peticiones de desalojo del Ayuntamiento, los colectivos que sostienen la acampada han defendido su continuidad como una forma de desobediencia civil pacífica en defensa del derecho a la vivienda. Los acampados han señalado en diversas ocasiones que la protesta responde a una emergencia habitacional que las instituciones no están abordando, por lo que reivindican la legitimidad de mantener la presión en el espacio público y rechazan que se utilicen argumentos de orden público para poner fin a una movilización que, sostienen, busca visibilizar un problema social.