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Una concentración convocada por la Plataforma por la Memoria Democrática (que integra a más de 80 entidades de la sociedad civil) ha exigido este domingo en Palma a PP y Vox que no eliminen la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, más conocida como Ley de memoria democrática. Desde la plataforma afirman que esto “no es una concentración por la eliminación o substitución” de una normativa, sino “un aviso más de que la sociedad civil no aceptará políticas antidemocráticas” de la derecha, que gobierna en las Islas.
La presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, asegura a elDiario.es que “otra vez” vuelven a vivir “con miedo”. El miedo se manifiesta sobre todo en forma de incertidumbre: desde hace meses, los familiares de las víctimas le lanzan preguntas ante la posibilidad de que la Ley de memoria democrática sea eliminada. “¿Ahora qué pasará con todo lo que habíamos conseguido? Me dicen esto con miedo, ¿sabes?”, comenta Oliver. Y las preguntas siguen: “Oye, que a mí me han entrevistado, grabado y tomado muestras de ADN, ¿qué pasara con eso? ¿Y toda la documentación que se ha generado en manos de quién caerá? ¿Y con los restos que aún no se han identificado?”.
“No deberíamos volver a tener miedo, ni pasar por este dolor, o sentirnos fuera de nuestras instituciones públicas”, dice Oliver en la concentración que se ha celebrado este domingo a las 19.00 horas en la Plaza de España de Palma y que ha congregado a mil personas según la Policía Nacional. Oliver, que también es familiar de una víctima del franquismo, asegura que siente “dolor” porque “después de todo lo que se había logrado es muy injusto” que ahora PP y Vox quieran eliminar la normativa, aprobada durante el mandato de la socialista Francina Armengol.
Pacto PP-Vox
Este temor se instauró entre los familiares de las víctimas cuando leyeron el punto 48 de los 110 que contenía el pacto entre PP y Vox. Un documento de 15 páginas que llevó a la popular Marga Prohens a la presidencia del Govern. El punto 48 es el último dentro de la categoría 'Mundo rural, agua, litoral y patrimonio'. Una categoría donde se defiende la caza, el relevo generacional en el sector agrícola y pesquero o la entrada de menores en las corridas de toros, hasta llegar, por sorpresa temática, al siguiente punto: “48. Se derogará la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares”.
El acuerdo 48, medio escondido en el agro, no explica por qué se abolirá la Ley, sino que “se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas”. Además, y lo han repetido los populares en sede parlamentaria estas últimas semanas, habla de realizar “políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos”. Y concluye con una oración: evitar “la destrucción de monumentos y elementos históricos”.
“Desde que lo leímos nos pusimos en contacto en repetidas ocasiones con las nuevas autoridades, pero no nos contestaban”, dice la presidenta de Memoria de Mallorca. Hasta que llegó el 30 de agosto de 2023, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. “Ya estaba todo el acto preparado por el ejecutivo anterior y no les quedó más remedio que recibirnos y colgar la pancarta con las fotos de las víctimas del balcón presidencial”, relata. En esa reunión les “manifestaron que tumbarían la Ley, porque así constaba en el pacto”, dice Oliver, y volvieron a aclarar que “no tocarían la Ley de fosas”, la otra norma de memoria histórica vigente en las Islas. En diciembre presentaron la creación de la “Plataforma per la Memòria Democràtica” que los días previos a esta concentración ha estado a punto de integrar 90 entidades.
María Antonia Oliver, la presidenta de Memoria de Mallorca, ha sido la conductora de la concentración y ha arrancado el acto dirigiéndose a los asistentes. “Veo esta plaza llena de dignidad”, les ha dicho. Luego ha querido recordar a las víctimas “asesinadas en la guerra civil y el franquismo, a los que sufrieron represión y a las mujeres que vivieron el dolor en silencio”. Pero ha sido muy breve y ha lanzado un mensaje claro: “El Partido Popular ha vendido la memoria a la extrema derecha y no les vamos a dejar”. A continuación, la intérprete Raquel Pérez ha tocado, ante las miradas vidriosas de los asistentes, el preludio n.º 1 de Bach en Do Mayor y, después, el Cant dels ocells.
La concentración de este 2 de junio es la reacción de haber pasado del dicho al hecho. El pasado 10 de abril, Vox decidió que ya era hora de cobrarse el punto 48 de pacto de gobierno y registró en el Parlament una proposición de ley para derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears. Argumentaron que la Ley “promueve el rencor”, “atenta contra la igualdad de todos los españoles” y “vulnera la libertad ideológica”. Vox considera que la normativa actual discrimina según el bando en el que se luchó durante la Guerra Civil y el franquismo, y promueve un relato oficial que impide la libertad de pensamiento y expresión. La oposición, por su parte, critica esta derogación como un “retroceso” y una violación de normativas de derechos humanos internacionales.
De nuevo en la concentración, Maria Antònia Oliver anuncia que cinco nietas de asesinados leerán fragmentos de la exposición de motivos de la Ley que PP y Vox acordaron eliminar. “Queremos dejar claro que esta Ley nos ampara a toda la ciudadanía, no solo a las víctimas y sus familiares”, dice Oliver. La primera no titubea, y con voz clara lee: “Esta ley tiene por objeto el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Las palabras provenientes de esta voz retumban. El silencio es absoluto, la gente mira fijamente al escenario. Y sigue: “Así mismo, con esta ley el Parlamento de las Islas Baleares condena por primera vez la dictadura franquista y rechaza cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático. Solo desde esta premisa democrática podemos restablecer la memoria de las víctimas”. Y se rompe el silencio con aplausos.
¿Qué se ha conseguido con la Ley de memoria?
Desde que se conoció la intención de PP y Vox de derogar la Ley de memoria histórica, los conservadores han afirmado que mantendrán la Ley de fosas, la otra normativa de memoria histórica vigente en las Islas. En 2015, tras ganar la izquierda las elecciones en Balears, en esa legislatura (2015/2019) salieron adelante dos leyes: la 'Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo', más conocida como la ley de fosas, y la de memoria democrática, que es la que derogarán PP y Vox.
La de fosas fue aprobada por unanimidad y con el voto favorable del PP (Vox no tenía representación aún en el Parlament) y la que se defiende este sábado (la de memoria democrática) salió adelante con su abstención. Mientras que la Ley de fosas se centra principalmente en la recuperación de personas desaparecidas y su identificación, la Ley de memoria democrática pretendía ampliar ese trabajo según los cánones internacionales de verdad, justicia y reparación. Como ha leído una de las nietas en la concentración, la Ley para empezar condenó, por primera vez en esta comunidad, la dictadura franquista.
El PP mantendrá la ley de fosas, que fue aprobada por unanimidad en el Parlament, pero va a derogar la ley de memoria histórica, en la que ellos mismos se abstuvieron durante su votación en la Cámara autonómica. Es una exigencia de Vox para dar estabilidad al PP en el Govern balear
Desde su aprobación, las instituciones públicas han podido investigar de forma oficial los hechos y las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la Dictadura. Y se ha ampliado el reconocimiento de víctimas a colectivos como, por ejemplo, los docentes, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, feministas y personas del colectivo LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc., con el resultado de la creación de un censo de víctimas oficial. Además, a partir de esta normativa, se ha podido declarar la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales y civiles administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
También propició la creación de una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. Esta iniciativa fue pionera en España y facilitó la consolidación del censo de víctimas y todos los elementos para poder ir identificando los restos de más de 334 personas encontradas en las exhumaciones del archipiélago. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e Itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas. Sirvió para la creación de materiales didácticos que querían transmitir toda esta memoria recuperada y que han quedado paralizados.
La norma que quieren eliminar PP y Vox fue pionera en España y facilitó la consolidación del censo de víctimas y todos los elementos para poder ir identificando los restos de más de 334 personas encontradas en las exhumaciones
En este sentido, la presidenta de Memoria de Mallorca ha manifestado que sin una ley autonómica tendrán que hacer “un doble esfuerzo” para ser escuchados, ya que “tenemos la condición de insularidad”. Ha querido apuntar que continuar con las exhumaciones como “algo privado” es un agravio para las familias y “no tiene en cuenta la sociedad”, porque no “cierra las heridas, si no hay además justicia y reparación”. Según ella, la derogación de la ley de memoria democrática por parte de PP y Vox -que tienen mayoría parlamentaria- afectaría “a las bases de la democracia”.
Los pañuelos rojos
Abajo, entre los manifestantes, hay gente de todas las edades. Sobre todo, llaman la atención aquellos que llevan anudado al cuello un pañuelo rojo, un elemento característico de los familiares de víctimas de desapariciones forzosas en Balears. La mayoría de pañuelos, de hecho, lo llevan ellas. En femenino. Algunas personas también llevan fotos plastificadas colgadas de sus familiares. Cerca del escenario hay dos mujeres que lo llevan y una, que prefiere mantenerse en el anonimato, quiere manifestar su descontento ante los planes de PP y Vox. “He venido desde Menorca expresamente, imagínate cómo nos está afectando todo esto”, dice, con el rostro alto, pero con voz entrecortada. “Ahora nos toca a nosotras defender la memoria, no ya por nosotros, sino para los que vienen. No podemos retroceder”.
He venido desde Menorca expresamente, imagínate cómo nos está afectando todo esto. Ahora nos toca a nosotras defender la memoria, no ya por nosotros, sino para los que vienen. No podemos retroceder
Vuelve la música antes de la lectura del manifiesto. Pau De Vilches con su guitarra interpreta algunas canciones reivindicativas de Víctor Jara y acaba con “Què volen aquesta gent?”, de María del Mar Bonet, y los manifestantes le acompañan al unísono y la finalizan con un fuerte aplauso y vítores. La lectura y escritura del manifiesto de esta concentración va a cargo del escritor Sebastià Alzamora. En él ha destacado que “la memoria histórica es un pilar imprescindible para la construcción de una sociedad democrática, plural, libre, culta, igualitaria y avanzada”. Como ya ha anunciado la plataforma, ha concluido el parlamento de esta concentración anunciando que seguirán “luchando para defender el derecho a la memoria democrática”.
El pasado viernes, más de 200 personalidades de diversos ámbitos firmaron un manifiesto en rechazo a la derogación de la Ley de memoria democrática en Balears propuesta por PP y Vox, según la Plataforma para la Memoria Democrática. Entre los firmantes se encuentran actores como Juan Diego Botto y Carlos Bardem, juristas como José Castro y Ana Messuti, artistas como Maria del Mar Bonet y Pau Debon, y políticos como Francina Armengol e Irene Montero. El manifiesto destaca la importancia de la ley para otorgar derechos a las víctimas del franquismo. La lista de adheridos incluye además a figuras como el exalcalde de Palma Antoni Noguera, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, y la presidenta de las Kellys, Sara del Mar García, entre otros destacados profesionales de los ámbitos periodístico, jurídico, artístico, sindical, político, académico y activista.
La ONU podría “tomar cartas en el asunto”
Hasta el pasado 1 de mayo, Fabián Salvioli fue Relator Especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. En la primavera del 2023, durante su mandato, visitó Balears y resaltó la calidad de sus políticas en materia de memoria histórica. Hoy, desde Buenos Aires, aporta su punto de vista a elDiario.es.
“La memoria es una cuestión de futuro”, dice Salvioli, y añade que no dar los pasos necesarios para “su mantenimiento” compromete incluso “la calidad democrática de la comunidad”. Además, según su criterio, “las iniciativas de derogación de leyes de memoria revictimizan a las víctimas y constituyen una violación de derechos humanos”.
Las iniciativas de derogación de leyes de memoria revictimizan a las víctimas y constituyen una violación de derechos humanos
En su último informe como relator, Salvioli fue contundente contra la substitución de leyes de memoria por las “de concordia”, impulsadas desde la derecha y la ultraderecha en comunidades como Aragón, Castilla y León, o la Comunidad Valenciana. Las reacciones entre la derecha no se hicieron esperar. “Me sorprendió mucho el grado de ataque personal por parte de líderes políticos”, dice atónito el profesor Salvioli. En el informe no se valoró el caso de Balears, pues, aunque habían recibido el aviso de las asociaciones locales, aún no había nada en firme más allá de la declaración de intenciones del pacto de gobernabilidad.
Sobre Balears, el ex relator ha insistido en que con la ley de fosas no es suficiente, porque “no se trata solo de encontrar los cuerpos”, según dice, “se trata de reivindicar debidamente a las víctimas, y de asumir la responsabilidad del Estado, que en muchos casos fue directamente victimario, y establecer procesos de memoria sobre eso”. A pesar de haber concluido su mandato, Salvioli expresa su confianza en que su sucesor “tomará cartas en el asunto” en caso de que la propuesta de ley presentada por Vox avance y, añade, “seguro que tendrá en cuenta cualquier comunicación remitida desde Balears”.
Sobre Balears, Fabián Salvioli, ex relator de la ONU, ha insistido en que con la ley de fosas (la que mantendrán PP y Vox) no es suficiente, porque 'no se trata solo de encontrar los cuerpos', según dice, 'se trata de reivindicar debidamente a las víctimas, y de asumir la responsabilidad del Estado
En cuanto a las posibles consecuencias internacionales de estos “retrocesos democráticos”, apunta, que “el Estado debe asegurarse que las comunidades cumplan con sus obligaciones en derechos humanos y estándares de memoria, verdad y justicia”. En caso de que no se cumplan “efectivamente, el Estado puede ser condenado internacionalmente por el incumplimiento en alguna de sus autonomías”. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, anunció que llevará al Tribunal Constitucional la ofensiva de Vox contra la memoria histórica.
Del consenso a la negación de la memoria democrática
Margalida Capellà fue la ponente -quien se encargó de tirar adelante- la Ley de fosas. Ella se presentó a las elecciones como independiente en las listas del partido ecosobiranista MÉS, con un objetivo principal: “Hacer una ley de fosas” porque había detectado “un vacío legal de competencias que dificultaba la recuperación de víctimas”, explica. Desde su experiencia como activista por la memoria democrática y como jurista experta en la materia, propuso desde el inicio necesidad dos leyes: una de fosas y otra de memoria histórica. “Me fijé que en los debates la derecha no ponía pegas en las exhumaciones y pensé que así sería más sencillo legar a un acuerdo amplio”, dice.
Una vez en el Parlament como diputada independiente empezó a trabajar en la Ley. “Hubo quienes me dijeron que sería imposible conseguir el voto a favor de la derecha”. Pero ella tenía una estrategia: “Trabajar con todo el arco parlamentario hasta el acuerdo”. Por ejemplo, mantuvo muchos encuentros con el entonces diputado -y ahora senador- Miquel Àngel Jerez, quien, según Capellà, “tuvo siempre muy buena predisposición”. “Aprendimos mucho los dos, y tiempo después acabó dando un discurso frente a las familias de las víctimas que fue muy emotivo”, recuerda la jurista. El nivel de trabajo y complicidad fue tal que la derecha propuso que el nombre de la Ley hablara de personas desaparecidas y no de fosas, “para poner el foco en las personas y no en los sitios”, explica.
Finalmente, este trabajo de orfebrería semiótica concluyó cuando todos los partidos estuvieron satisfechos y vieron incluidas sus propuestas en el texto, y “el día de la votación ya se sabía que saldría aprobada por unanimidad”. Aunque tenían la mayoría parlamentaria, Capellà explica que fue para asegurar que “si había un cambio de gobierno, se continuara el trabajo iniciado hasta exhumar la última fosa”.
Silvia Cano fue diputada socialista del Parlament y la ponente de la Ley de memoria democrática. La unanimidad de la Ley de fosas les “animó” a intentar también un “trabajo de negociación” a pesar de que “lograr la unanimidad aquí era más complicado”. Durante meses, el grupo socialista lo trabajó entre la izquierda y salió adelante con sus votos. Cano dice que “la derecha hizo un discurso muy duro cuando se expuso la ley”, lo que les llevó a trabajar “para asegurar que la ley perdurara en el tiempo”.
Por ello, “se revisaron todos los artículos y se trabajó con expertos para garantizar la rigurosidad histórica”, hasta el punto de hacer “muchas autoenmiendas a partir de lo que íbamos negociando”, dice. Varias de estas negociaciones, apunta Cano, se llevaron a cabo sin “la presencia de letrados para intentar llegar a acuerdos de manera más pausada y llegar al hemiciclo habiendo debatido los temas con tiempo y calma”. Por ejemplo, el nombre final de la Ley también fue una propuesta de la derecha que se acabó integrando, “así como otros muchísimos matices”, remarca.
El objetivo de la negociación de Cano “era tener toda la predisposición y que abandonaran el camino fácil para ellos, que era votar en contra”. Lo consiguieron parcialmente: “Se lo pusimos muy difícil y finalmente no votaron en contra de la exposición de motivos, sino que se abstuvieron”. Según la socialista, “sin el acuerdo de Vox, el PP no se hubiera planteado la eliminación de la ley y, si finalmente sucede, el PP será responsable de faltar a la memoria de las víctimas”, concluye.