Más de siete años después de que la Justicia pusiera el foco sobre él, el empresario Bartolomé Cursach, quien llegó a erigirse en el propietario de las mayores discotecas, gimnasios y hoteles de Balears e incluso a capitanear una aerolínea bautizada con sus siglas, ha salido incólume de las acusaciones que la Fiscalía Anticorrupción ha arrojado contra él a lo largo de todo este tiempo. Más de siete años en los que el magnate mallorquín comenzó envuelto en un rosario de delitos relativos a un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar su autoridad en la noche para finalmente acabar exonerado -por parte de la acusación pública- en la principal causa que se mantiene en pie contra él. Entre medias, ha afrontado varios juicios y permaneció en prisión provisional durante más de un año.
La Fiscalía ha anunciado este viernes que retirará todos sus cargos contra Cursach, su mano derecha, Bartolomé Sbert, y una quincena de policías locales inicialmente acusados de proteger los intereses del principal imperio del ocio de las islas y concertarse para perjudicar a numerosos locales nocturnos de Palma, a los que supuestamente hostigaban con constantes inspecciones y la imposición de sanciones que, en algunos casos, abocaron a los establecimientos al cierre. Tras tomar declaración a decenas de testigos que han comparecido a propuesta de las acusaciones, el Ministerio Público considera que las manifestaciones aportadas por todos ellos no son lo suficientemente robustas para mantener sus imputaciones contra Cursach y el resto de inculpados.
Se trata de un vuelco más en una causa convertida en una de las más complejas de las que se han instruido y juzgado en Balears. Y es que lo que arrancó en 2013 como una investigación en torno al presunto amaño del concurso convocado el año anterior para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma acabó derivando en una multitud de piezas. La principal de ellas se juzga desde el pasado mes de junio en la Audiencia Provincial de Balears y sienta en el banquillo a Cursach, Sbert y los otros quince inculpados.
Pese a la retirada de los cargos por parte el Ministerio Público, el juicio continuará adelante contra los 17 acusados dado que la retirada formal de las acusaciones se producirá al término del juicio. Además, las acusaciones particulares, ejercidas por los empresarios que se consideran perjudicados por las actuaciones de los procesados, sí mantienen sus imputaciones contra ellos. El próximo lunes comenzarán a declarar los testigos propuestos por las defensas.
En concreto, las acusaciones particulares mantienen que los policías locales irrumpían de manera rutinaria en sus locales por orden de los responsables del grupo Cursach para perjudicarles. Uno de ellos, dueño de una las principales discotecas situadas en el Paseo Marítimo de Palma –donde también se ubicaba la famosa discoteca Tito's–, asegura que su local fue sistemáticamente hostigado con inspecciones y fue perseguido por el Grupo Cursach, si bien las defensas y varios atestados policiales apuntan a que los antiguos investigadores del caso Cursach “instrumentalizaron” al propietario del establecimiento para lanzar acusaciones en falso.
Paradigmáticamente, la vista oral transcurre en paralelo a la instrucción de la causa abierta contra el ex juez Manuel Penalva, el ex fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con quienes trabajaban codo con codo al frente del caso Cursach, quienes se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.
Precisamente, el próximo lunes están citados a declarar, en el juicio contra Cursach, los dos policías nacionales que, a lo largo de un total de ocho informes, desgranaron las presuntas prácticas ilícitas desplegadas por Penalva, Subirán y los cuatro funcionarios y el presunto montaje articulado por ellos con el objetivo de apuntalar la existencia de un entramado mafioso destinado a proteger los intereses del magnate.
Lo arrojado por estas investigaciones llevaron a las defensas del caso Cursach, al inicio del juicio, a reclamar la nulidad de la causa, invocando para ello las “graves vulneraciones de derechos fundamentales” que, sostienen, se produjo durante la instrucción de la causa. Consideran, como subraya uno de los encausados, que la instrucción de la causa fue “un auténtico fraude” y “un artificio de principio a fin”. Frente a tales alegatos, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, rechazó sin embargo la petición de las defensas así como la mayor parte de las cuestiones previas planteadas por éstas, como las dirigidas a expulsar a las acusaciones particulares personadas en la causa -sí se acordó limitar la actuación de éstas respecto a cinco de los policías acusados-.
En 2013, cuando comenzó a investigarse la supuesta manipulación de los exámenes en la Policía Local, nada se intuía acerca de la magnitud que las incipientes pesquisas, en manos de la jueza Carmen González, acabarían alcanzando, con acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos a Cursach. Como tampoco nada se sabía de los vuelcos que esas mismas investigaciones sufrirían hasta el punto de verse altamente comprometidas en la actualidad.
Con la llegada del juez Penalva, quien el 15 de junio de 2015 cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior magistrada, la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios empezó a tomar forma. Y, de la mano del fiscal Subirán y de los cuatro policías de Blanqueo, comenzó a levantar las alfombras de esa supuesta trama, dando pie a un centenar de imputaciones y al ingreso en prisión de unos cuarenta investigados, acusados de participar en una red de chantaje y extorsión que actuaba “como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito”, como ponía de manifiesto entonces el exinstructor del caso en uno de sus autos.
Según los informes de la Policía Nacional centrados en cómo se instruyó el caso Cursach, empezó a cocerse un escenario en el que los antiguos investigadores convirtieron en testimonios clave a varios testigos que años después acabarían siendo investigados por presuntamente fabricar, según los atestados, pruebas falsas y acusar, con el respaldo de Penalva y Subirán, “de la forma más temeraria posible” y en una “pavorosa unidad de acción”, a un sinfín de personas posteriormente imputadas y encarceladas. Entre ellas, los propios Cursach y Sbert, quienes el 28 de febrero de 2017 eran arrestados y, tres días después, enviados a prisión sin fianza.
Hasta una quincena de delitos recaían entonces sobre el considerado rey de la noche mallorquina: homicidio –un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado–, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores. La mayor parte de ellos han decaído a lo largo de estos años.
Que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose con ello imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es una de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse –y se aferran– las defensas para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. La publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar fue lo que motivó las primeras sospechas en torno a la instrucción y se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales.
Junto a ello, comenzaron a trascender las supuestas presiones a las que habían sido sometidos investigados y testigos al tiempo que salían a la luz conversaciones de WhatsApp mantenidas por juez, fiscal y los funcionarios policiales que ponían de manifiesto la connivencia que existía entre todos ellos. La situación llegó a tal extremo que el ex juez -Manuel Penalva- acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las investigaciones en octubre de ese año.
En una ciudad en la que prácticamente todos los actores judiciales se conocen y con tan solo doce Juzgados de Instrucción, uno de ellos debía recoger el testigo de una causa incómoda. Las normas de reparto hablaron y pusieron el caso Cursach sobre la mesa del juez Miquel Florit. De la mano de la Policía Nacional, el veterano magistrado se introdujo de lleno en la indagación del origen de las filtraciones de la causa y, más adelante, en el resto de presuntas prácticas delictivas llevadas a cabo tras la instrucción de las diligencias. Fue, además, el juez que en diciembre de 2018 acordó la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa, una medida declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional y que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados.
Las conclusiones arrojadas por esas investigaciones llevaron a la Fiscalía Anticorrupción, de la mano del fiscal de Madrid Tomás Herranz, a efectuar, apenas unos días antes de arrancar el juicio contra Cursach, una notable reducción en su petición de condenas. Cabe recordar que Tomás Herranz, junto al también fiscal Juan Carrau, tomó las riendas del juicio en sustitución del otro fiscal Miguel Ángel Subirán.
Si inicialmente la Fiscalía reclamaba ocho años y medio de prisión para el magnate, finalmente decidió rebajar la solicitud a un año y medio, retirando por “falta de verosimilitud” las acusaciones más graves que pesaban sobre Cursach. De la quincena de delitos que pesaban entonces sobre sus espaldas -la mayoría de los cuales han decaído a lo largo de los últimos años-, el responsable del mayor imperio del ocio de Balears se enfrentaba a partir de ese momento únicamente a delitos de pertenencia a grupo criminal y prevaricación.
Entre las imputaciones echadas por tierra se encontraban las relativas a los supuestos sobornos de los que habría abastecido a varios funcionarios a cambio de ganarse su voluntad o las presuntas orgías que las investigaciones iniciales señalaban que se habían celebrado en la discoteca Tito's, buque insignia del Grupo Cursach, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma bajo la condición de garantizar la buena marcha de los negocios del conglomerado empresarial.
Cinco meses después, en los que han desfilado ante el tribunal decenas de testigos presuntamente afectados por las supuestas prácticas mafiosas de Cursach y el resto de acusados, el fiscal no aprecia carga probatoria suficiente para enervar la presunción de inocencia de todos ellos. Entre los testimonios, el de la ex inspectora del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó al empresario de la mano de Penalva y Subirán y quien, pese a las expectativas que recaían sobre ella, se ancló en el “no recuerdo” toda vez que la presidenta del tribunal le advertía de que su actitud tendría “efectos gravísimos”.
El futuro de Cursach y del resto de investigados dependerá de la sentencia de la jueza, pero tras la retirada de las acusaciones por parte de la Fiscalía el magante de la noche mallorquina ve cada vez más fácil que todo quede en agua de borrajas y en una historia de gánsteres que pudo ser y no fue.
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