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El Ajuntament de Palma sancionará al policía local detenido el pasado mes de noviembre por gestionar, desde hacía al menos dos años, trasteros y locales comerciales sin luz ni ventilación para, de forma fraudulenta, alquilarlos como infraviviendas a migrantes a quienes cobraba ilícitamente entre 300 y 750 euros al mes. En total, el funcionario explotaba 68 habitáculos en los que las víctimas residían en graves condiciones de insalubridad.
La junta de gobierno del consistorio ha desestimado este miércoles las alegaciones del agente, por lo que se le aplicará una sanción de carácter “muy grave”. Así lo ha informado en rueda de prensa la portavoz municipal, Mercedes Celeste, quien ha señalado que “por parte del área de Seguridad Ciudadana se le han puesto unas sanciones” en base al artículo 68 de la ley 4/2013.
El pasado mes de febrero, la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, impuso una sanción de 2.040.068 euros, por la comisión de 68 infracciones muy graves, a la sociedad a través de la cual el agente municipal administraba los habitáculos. Se trata de la mayor multa de estas características impuesta hasta la fecha.
De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, el policía, una vez finalizaba su jornada laboral en comisaría, se encargaba de la gestión de varios inmuebles ubicados en plantas bajas y sótanos en Palma que tenía habilitados como trasteros, además de destinar locales comerciales como microviviendas en las que residían decenas de personas, en su mayoría de origen hispanoamericano, en pésimas condiciones.
Las infraviviendas se encontraban situadas en barriadas de la zona de Gomila y en las proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluís Sitjar y sa Indioteria.
Los investigadores comprobaron que muchas de ellas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de unos ocho a 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se ha encontrado alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.
El presunto autor de los hechos, arrestado en su día por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, tenía instalado, además, un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los supuestos 'inquilinos' pagaran más de luz que lo consumido.
Una de las víctimas empadronó de forma fraudulenta a otras 12 personas en situación irregular en España y también fue detenida por tales motivos.
El funcionario está siendo investigado por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa a raíz de una denuncia interpuesta por el servicio de Inspección de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ante la Policía Nacional.