El terremoto del caso Cursach: un magnate absuelto; un juez y un fiscal, condenados a 9 años de cárcel

A lo largo de los últimos años, el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, encargados entre 2015 y 2018 de levantar las alfombras de un presunto entramado mafioso urdido en torno al magnate mallorquín Bartolomé Cursach, se han declarado víctimas de un “odio en estado puro” y de un complot en su contra para desacreditar las investigaciones que llevaron a cabo y conducirles al banquillo de los acusados. Han asegurado padecer el “terror absoluto”, condenados “a vivir con miedo”. Pero sus alegatos no han convencido al tribunal que les ha juzgado a raíz de las irregularidades que, como han considerado probado los magistrados, desplegaron para apuntalar sus tesis acusatorias y allanar futuras condenas.

Pasadas las 12.00 horas de este miércoles, juez y fiscal, sentados esta vez en el banquillo, conocían la sentencia que les ha condenado a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial. Es la pena más elevada impuesta a un juez y a un fiscal en España. Considera la Sala que presionaron a varios investigados durante sus distintas declaraciones judiciales, les apercibieron de que modificarían su situación procesal para ablandarlos y que confesaran en falso y no realizaron actuación alguna para averiguar de dónde procedían las informaciones que continuamente salían en prensa cuando el sigilo pesaba sobre la causa. Tras un turbulento peregrinaje judicial, aquellos sobre quienes pusieron el foco acabaron finalmente absueltos. Incluido Cursach, uno de los empresarios más conocidos de la noche de Palma.

Junto a Penalva y Subirán, tres policías también han sido sentenciados a varios años de prisión: el subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco (tres años y diez meses de cárcel), la inspectora Blanca Ruiz (un año y dos meses) y el agente Iván Bandera (dos años y cuatro meses). Pero la Fiscalía Anticorrupción reclamaba mucho más: hasta 118 años para el exjuez, 121 y nueve meses para el exfiscal y entre los 71 y medio y los 105 años para los policías por delitos mucho más graves de los que finalmente han recaído sobre ellos, como los de detención ilegal de hasta quince personas.

Durante años, todos ellos formaron un férreo bloque contra la corrupción y su actuación caló entre la sociedad como la de aquellos que por fin echaban la soga a quien, con habilidad, parecía haberse zafado hasta entonces de los embates judiciales: Cursach, más conocido como el 'rey de la noche mallorquina', el propietario del mayor imperio del ocio de Balears, aquel que siempre se había movido entre las sombras y, pese a ello, llevaba décadas presente en el imaginario de la isla. El propio Penalva así lo manifestó en su declaración ante el tribunal: “Los únicos que comenzamos una investigación para tratar de desmantelar toda esa trama corrupta fuimos nosotros”.

El sumario del caso Cursach llegó a contener más de un centenar de imputados y hasta cuarenta encarcelados, además de acusaciones de delitos que abarcaban desde corrupción de menores hasta un presunto homicidio y episodios como supuestas fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP de una de las discotecas del todopoderoso empresario con las que, según sostenían Penalva y Subirán, se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate. 

Un día, sin embargo, todo cambió. La que se había convertido en la mayor causa anticorrupción impulsada en los últimos años en el archipiélago fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada. Apenas unos meses después de que Cursach y decenas de investigados fuesen enviados a prisión preventiva, los cimientos que sostenían las investigaciones comenzaron a tambalearse y las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción empezaron a sobrevolar la causa, cuando trascendieron las supuestas presiones a las que había sido sometida la principal testigo de la causa. Más adelante, la Fiscalía echaría por tierra por falta de verosimilitud las acusaciones más graves mantenidas por Penalva y Subirán. La situación llegaría a tal extremo que el juez acabaría recusado y apartado del caso en marzo de 2018 y el fiscal, relegado del mismo en octubre de ese año. 

Hoy, apenas unas piezas separadas sobreviven. En ninguna de ellas figura ya el nombre de Bartolomé Cursach, quien el año pasado fue absuelto en el macrojuicio celebrado contra él, su 'número dos', Bartolomé Sbert, y otros quince acusados por la presunta trama mafiosa indagada por los dos juristas.

Coacciones a los imputados

Las ilicitudes cometidas en una de aquellas líneas de investigación son las que han llevado a exjuez, exfiscal y policías al banquillo. Es la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma, en el marco de la cual fueron arrestados, en octubre de 2016, varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente, dos exregidores y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora condenados atribuían haber obtenido parte de un soborno de más de un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En su resolución, los magistrados apuntan a las presiones ejercidas por Penalva y Subirán sobre dos de los funcionarios durante la declaración que prestaron como investigados, así como sobre el empresario que ganó el concurso de la ORA antes de su detención, durante la misma y una vez ingresado en prisión preventiva. También aluden a las coacciones ejercidas sobre Gijón con el arresto de sus familiares, una detención instrumental que el tribunal señala que iba dirigida a que el expolítico confesara su participación en el amaño.

“Hicieron prevalecer su voluntad sobre la de la ley”

“Esa arbitraria detención sobre sus familiares, aun existiendo en su contra sospechas de delito al ir dirigida a dañarle y coartar su voluntad, en sí misma produce, como consecuencia lógica e indefectible, un padecimiento moral: la frustración de quien es víctima de una actuación penalmente reprobable, cometida, nada más y nada menos, que por quienes, en un Estado de Derecho, están llamados a impartir Justicia al margen de cualquier sombra de arbitrariedad y a garantizar el cumplimiento de la ley y el respecto a los derechos fundamentales de la persona”, proclama el tribunal, aseverando que, por el contrario, los acusados hicieron “prevalecer su voluntad sobre la de la ley, haciendo recaer sobre el reclamante injustamente el peso de un proceso criminal”. 

Con todo, y pese a que los jueces consideran probado que fueron detenidas personas inocentes, puntualizan que en el momento de los arrestos existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido manipulado y de que los arrestados habían participado en mayor o menor medida en tales hechos. “No se constata que los acusados, al practicar estas detenciones, actuasen dolosamente y fueran conscientes de que las personas que iban a detener entonces, aunque luego así se demostró, bien tras prestar declaración o en el curso del procedimiento que se sustanció, resultasen de todo punto inocentes”, apostilla la sentencia, de 478 páginas.  

La doctrina del fruto del árbol envenenado

La resolución hace especial hincapié en el chat de WhatsApp que, bajo el nombre 'Sancus', mantenían abierto Penalva, Subirán y los policías mientras instruían la causa y que, tal como sostiene Anticorrupción, revelaría la connivencia alcanzada entre todos ellos para presionar e intimidar a testigos e imputados. Hasta el momento, los acusados han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas al considerar ilegítima la localización del chat en el teléfono móvil de uno de los agentes y su posterior uso como prueba contra ellos. Defienden que el hallazgo se produjo de forma irregular y, por tanto, invalidaría las investigaciones impulsadas contra los dos juristas y los cuatro miembros de Blanqueo en una suerte de referencia a la doctrina del fruto del árbol envenenado, en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas.

Y es que, según los procesados, nunca se habría podido llegar hasta esta diligencia si varias semanas antes no se hubiera acordado otra medida que califican de “invasiva” e “indiscriminada”: la intervención –posteriormente declarada nula por la Justicia– de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa por parte del juez Miguel Florit, quien buscaba averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa de varias diligencias del caso Cursach declaradas secretas. 

El tribunal considera, sin embargo, que las investigaciones habían sido iniciadas con anterioridad a que se adoptara ninguna medida sobre los periodistas, por lo que ya se disponía de elementos de investigación acerca de las filtraciones. Al término del juicio contra Penalva, Subirán y los policías, el fiscal Tomás Herranz adujo que la obtención del teléfono de Iván Bandera se habría producido de todos modos. “Era un descubrimiento inevitable”, señaló, acogiéndose a la doctrina penal según la cual una prueba habría podido inexorablemente hallada por vías de investigación distintas a la prueba invalidada.

Penalva y Subirán, pendientes de otro procedimiento judicial

De hecho, el tribunal realiza una precisión en su sentencia: la conclusión condenatoria alcanzada por los magistrados se ha asentado “de modo fundamental y decisivo” en pruebas personales, de modo que, aun prescindiendo del chat, habrían llegado “al mismo pronunciamiento de condena”. Los jueces también efectúan otra puntualización: las penas impuestas se refieren “exclusivamente a presiones a investigados que tuvieron lugar en el seno de la causa ORA y que nada tiene que ver con el caso Cursach”. 

Precisamente, sobre Penalva y Subirán planea otra posible causa: la Audiencia Provincial de Balears, tras el macrojuicio celebrado el año pasado contra Cursach y otros 16 acusados, ordenó investigar por nuevos delitos –prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos– a exjuez y exfiscal y, por presunto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones.

Durante su declaración ante el tribunal que les ha juzgado estos meses, Penalva defendió tajante su labor al frente del caso Cursach y aseguró que jamás en su trayectoria judicial había visto “llorar desconsoladamente a tanta gente” en su despacho por cómo el empresario “les había arruinado la vida”. Subirán, por su parte, recordó que durante la instrucción de la causa se les hicieron “tres manifestaciones y escraches debajo de casa” cuyo fin último era que se “acojonaran” y “dejaran” de hacer su trabajo. “Nos han dicho que somos el 'cártel de la toga', que soy manipulador de testigos, un corrupto, un delincuente”, profirió el exmagistrado al término del juicio. A partir de ahora, será el Tribunal Supremo el que, sobre ello, vierta la última palabra.