Tumban la tramitación de la polémica macrogranja de 750.000 gallinas proyectada en Mallorca

El ayuntamiento del municipio mallorquín de Sineu ha paralizado la tramitación de la construcción de la macrogranja avícola proyectada a dos kilómetros de la localidad para unas 750.000 gallinas ponedoras -que producirían unos 156 millones de huevos al año- y que, según ha denunciado Greenpeace, se convertiría en la más contaminante de todo el territorio español. Las instalaciones prevén consumir, además, más de 61.000 m3/año de agua —el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas— en una localidad que, de por sí, sufre una grave presión sobre sus recursos hídricos. El proyecto ha generado un alud de críticas de vecinos, administraciones y entidades ecologistas.

El pasado jueves, el Consistorio acordó la suspensión del otorgamiento y admisión a trámite de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas vinculadas a actividades ganaderas intensivas en el ámbito de todo el suelo rústico del municipio, tal como publica este sábado el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), que señala que la medida estará vigente durante un año o hasta la aprobación inicial de la modificación de las actuales Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio, aprobadas en 1990. Se trata de una medida que frena de facto la tramitación de la polémica macrogranja, impulsada por la empresa Avícola Son Perot.

El ayuntamiento considera, en relación con la ordenación del suelo rústico y, más concretamente, con las actividades ganaderas intensivas, que las actuales NNSS contienen una regulación “insuficiente y obsoleta”, especialmente en lo que se refiere a las medidas de protección del paisaje y del medio ambiente, a la movilidad generada, así como también en lo que se refiere a las condiciones de uso del suelo y de la edificación, que “no se adecuan a las necesidades actuales” de la localidad.

En este sentido, la corporación municipal ve necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de la capacidad de carga que puede asumir el suelo rústico de Sineu, tanto para reconvertir actividades ganaderas existentes en intensivas como para implantar otras nuevas, así como también de las condiciones de reconversión o implantación de dichas actividades. A partir de ahí, una vez se obtengan las conclusiones de ese estudio, el ayuntamiento procederá a modificar las actuales NNSS.

Tal como expone la publicación del BOIB, el Consistorio ha decidido suspender las licencias y autorizaciones con el objetivo de evitar que, durante esa fase análisis previo a la modificación, puedan consolidarse situaciones que “resulten contrarias al planeamiento modificado una vez éste sea aprobado definitivamente”.

La suspensión ha sido de inmediato celebrada por la plataforma Macrogranjes NO, que considera que la medida ha sido posible “gracias a la presión social del pueblo de Sineu, a los vecinos afectados y a la implicación de otros ayuntamientos” y entidades locales así como a “la generosidad de empresas, ponentes, colaboradores, artistas, voluntarios y todo el mundo que ha colgado pancartas, exhibido banderolas, vestido camisetas, asistido a plenos y un largo etcétera”. “Se ha demostrado que la movilización social da resultados y resulta imprescindible. Por tanto, invitamos a todos los pueblos de las islas a tomar medidas similares”, subrayan desde la plataforma, que alerta de que continuará activa “durante el período de tiempo necesario hasta alcanzar una solución definitiva sobre esta problemática en todas las Balears”.

Como manifestó el alcalde de Sineu, Bertomeu Mulet, en declaraciones a elDiario.es, la actividad agraria “debe potenciarse, pero adaptada al territorio, con un número de animales más reducido y que respete el entorno”. En el caso de la macrogranja, recrimina que se trata de una infraestructura de 750.000 gallinas, una parte de ellas en libertad, que “destrozarían todo el bosque de encinas que rodea la finca”. El primer edil apunta, además, a los olores que generaría la actividad, a la presión que las instalaciones ejercerían sobre los recursos hídricos, a la contaminación de los acuíferos y a los problemas que se producirían en la carretera que conduce hasta los terrenos con el incremento del tráfico pesado en los alrededores del núcleo urbano.

Los documentos relativos al proyecto contemplan, en concreto, la ejecución de hasta diez naves agrícolas para las gallinas —tres de 2.041 m2 cada una para la recría, cuatro de 5.256 m2 cada una para la cría de gallinas en suelo y otras tres de 3.343 m2 para las gallinas camperas—, además de un centro de clasificación y almacén de envases, un porche para contenedores de residuos, un almacén junto a aljibes para el agua potable, un estercolero de 14.000 metros cuadrados, varias fosas de aguas sucias, una balsa prefabricada de lixiviados, vados sanitarios, un pozo y diversas soleras para los depósitos de propano.

El pasado mes de septiembre, el Consell de Mallorca emitió un informe desfavorable sobre este proyecto al alegar, entre otros motivos, que la propuesta no hacer referencia a ciertas normativas municipales y autonómicas que son de obligado cumplimiento. La institución insular considera que el proyecto presentado no “hace ninguna referencia al planeamiento municipal vigente” ni al “procedimiento de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada (AAI)”, así como tampoco a la documentación requerida por la Evaluación de Impacto Ambiental (AIA).

La intención de la mercantil pasa por cerrar de forma paulatina las instalaciones con las que cuenta a las afueras del municipio de Llucmajor y trasladar a Sineu la actividad para adaptarla, según señala en su proyecto, al que ha tuvo acceso elDiario.es, “a las nuevas necesidades de mercado, cumpliendo la normativa vigente y con los últimos avances tecnológicos para garantizar el bienestar de los animales, optimizar la producción de huevos y minimizar el posible impacto ambiental de la actividad”.

Desde las entidades ecologistas, Greenpeace encendió el debate al emitir un comunicado en el que denunciaba que, atendiendo a los cálculos que la ONG ha llevado a cabo, el consumo directo de agua de la macrogranja, sin contar con la necesaria para producir el alimento de las gallinas, sería de más de 61.000 m3/año, una tercera parte del consumo estimado para Sineu. Para los ecologistas, el proyecto agravaría la situación del municipio, que lleva ya más de una década sin poder consumir su agua debido a la contaminación por nitratos.

La entidad recrimina, en esta línea, que el proyecto carece de cálculos específicos para mostrar los impactos que tendría sobre el medio ambiente. “Si comparamos con otras explotaciones avícolas industriales en funcionamiento, solo en lo que respecta a las emisiones de amoniaco, un gas tóxico con nefastos efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, esta explotación industrial se convertiría en la macrogranja de aves de corral más contaminante del país”, añaden desde la ONG, quienes alertan de las “dimensiones faraónicas” del proyecto: diez naves industriales a las que se sumarían las otras instalaciones de apoyo, así como los estercoleros y fosas para almacenar las ingentes cantidades de estiércol que se generarían por semejante número de animales.

Por su parte, Avícola Son Perot anunciaba el 30 de septiembre que su equipo legal evaluará las publicaciones en medios de comunicación o redes sociales y las actuaciones realizadas sobre la macrogranja con el objetivo de determinar las “acciones oportunas” dirigidas a “proteger su integridad y reputación”. Desde la mercantil mostraban su “preocupación” ante la supuesta publicación de “datos inexactos, informaciones incorrectas y bulos infundados” relativos a esta infraestructura.