Un viaje de 10 minutos a 45 euros y problemas legales: Uber aterriza en Mallorca

“El movimiento es nuestro poder. Lo llevamos en la sangre. Corre por nuestras venas”. Así se anuncia, en su página web, la plataforma Uber, que este jueves ha aterrizado en Mallorca. Lo ha hecho entre la firme oposición del sector del taxi y la advertencia de sanciones por parte del Govern en caso de que la multinacional incumpla la normativa balear sobre movilidad y transporte discrecional. Y es que durante los últimos años las críticas no han cesado de sobrevolar la empresa norteamericana por irrumpir en los mercados locales obviando de forma deliberada la legislación en materia laboral, de transportes y de competencia. También se la ha acusado de ejercer de lobby para presionar a los gobiernos, esquivar sanciones y buscar la liberalización de un sector en el que las pugnas son cada vez más frecuentes.

La llegada de la compañía a la isla coincide, además, con la decisión de la Justicia europea de tumbar la limitación de las licencias con las que operan empresas como Uber y Cabify que decretó la alcaldesa Ada Colau en Barcelona. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) considera que la medida, que suponía otorgar como máximo una autorización a los vehículos de transporte con conductor (VTC) por cada 30 taxis en el Área Metropolitana, es una restricción al ejercicio de la libertad de establecimiento y, por tanto, contrario al Derecho de la Unión.

El Tribunal Constitucional, además, admitió este martes a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo en relación con la precontratación de VTC con 30 minutos de antelación en Balears, una medida que el Alto Tribunal considera que vulnera el principio de libertad de empresa regulado en el artículo 38 de la Carta Magna.

La batalla por las restricciones de espera

La batalla de Uber no sólo se ha librado en Balears. En 2021, la compañía ganó en este sentido su primera batalla al sector del taxi y al Gobierno vasco, después de que el Tribunal Superior de Justicia anulase dos artículos del decreto autonómico que en 2019 trató de poner coto a las nuevas plataformas de gestión de servicios de transporte de pasajeros por carretera. Los puntos anulados eran precisamente los que exigían una precontratación con 30 minutos de antelación de los coches de Uber, lo que en la práctica les impedía competir contra los taxis en los desplazamientos de última hora, y el que buscaba “evitar la captación” de clientes mediante aplicaciones con sistemas de geolocalización. La medida afectaba esencialmente a Bilbao, la única ciudad vasca en la que se desplegó Uber.

Dado que en el caso balear la exigencia de preaviso con una antelación mínima de 30 minutos viene establecida en una norma de la Comunidad con rango legal, reproducida luego en la disposición reglamentaria, no cabía la anulación de esta última por sentencia, como se hizo en el caso del Decreto del País Vasco (que era una norma con rango reglamentario), sino que procedía el previo planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad de la norma legal de la que la disposición reglamentaria trae causa.

Una flota de 50 vehículos y precios estratosféricos

En concreto, Uber ha desembarcado en Palma, Calvià, Andratx y Llucmajor con la intención, con el tiempo, de expandirse a otros municipios. En la primera fase de su implantación, la empresa ha desplegado una flota de 50 automóviles de alta gama y 'vans' (microbuses), varios de los cuales ya han sido contratados a lo largo de esta misma mañana. Respecto a los precios, estos varían notablemente en relación con los de un taxi. Por ejemplo, un trayecto desde el centro de Palma al aeropuerto se eleva a un mínimo de 35 euros, cuando el del taxi está fijado en 20. O, por ejemplo, un viaje de 10 minutos en el centro de Palma cuesta 45 euros.

Un trayecto desde el centro de Palma al aeropuerto se eleva a un mínimo de 35 euros, cuando el del taxi está fijado en 20

En una isla con una histórica problemática de movilidad, con un desbordamiento de la demanda principalmente en temporada alta, desde Uber aseguran que pretenden dar respuesta a este crecimiento y, de hecho, señalan que más de 135.000 usuarios intentaron hacer uso de la aplicación durante su estancia en Mallorca en 2022.

El inicio de la operativa de Uber se ha topado con la oposición frontal del sector del taxi, que advierte de que la intención de la empresa es “echar a los taxistas para subir los precios a su antojo”. En este sentido, el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi, Biel Moragues, ha alertado también de que si la multinacional empieza ya a operar “lo estará haciendo desde la más absoluta ilegalidad”, ya que no cuentan con la licencia urbana necesaria creada por el ayuntamiento y otorgada por concurso como tampoco respetan el preaviso de 30 minutos exigido a los Vehículos con Conductor (VTC).

El director general de Uber: “Respetamos todas las normas”

Sobre los precios, el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, argumenta en declaraciones a elDiario.es: “Si son más altos es por los servicios que estamos ofreciendo”. En concreto, se trata de los servicios de Taxi –que se regirá por los precios propios del taxímetro–, Uber Comfort –un servicio premium con vehículos más amplios–, VTC premium y Uber Van –con capacidad para hasta seis pasajeros–.

Fernández cree que el servicio también supondrá un incentivo para los taxis: “podrán sumarse a nuestra aplicación”. Afirma que los taxistas que se den de alta en la app podrán disfrutar de una comisión de servicio del 0% hasta el 31 de agosto de 2023, de 300 euros por cada recomendación y de 150 euros al completar los primeros 25 trayectos. Asimismo, durante las primeras cuatro semanas, los conductores recibirán 300 euros por semana si completan 50 viajes cada una de ellas.

Sobre la situación de ilegalidad que recrimina el sector del taxi, Fernández asegura: “somos legales y respetamos todas las normas locales y nacionales”. Así, en el caso específico de las restricciones mínimas de espera que establece la Ley en Balears y sobre la que el TC debe pronunciarse, afirma que, en los últimos años han visto que “en otras regiones donde existen estas restricciones han demostrado que existe una manera de conciliar esa inmediatez de las plataformas de movilidad con el marco regulatorio actual”. Ha aludido, en concreto, a los casos de Barcelona y València. Uber se ha consolidado como medio de transporte en grandes ciudades. En Madrid, se estima que hay más de 3.000 taxistas que utilizan la app de Uber para conectar con sus viajeros. 

En Balears, los problemas de movilidad son cada vez más patentes. En octubre del pasado año, el Ajuntament de Eivissa abrió un expediente sancionador a siete taxistas por negarse a trasladar al hospital a varios pacientes con cáncer y ahora se enfrentan a multas de entre 1.001 y 6.000 euros. Y es que negarse sin justificación a prestar un servicio esencial, como es el traslado al hospital o al aeropuerto, supone una infracción muy grave en la Ley de transporte terrestre y movilidad sostenible de Balears así como en el Reglamento del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor del Consistorio.

Recientemente, además, una empresa tecnológica que comenzará a operar el 25 de junio anunció su intención de “revolucionar” la movilidad ofreciendo servicios de aeronaves eléctricas, lo que, aseguran desde la compañía, permitiría conectar Mallorca con Eivissa en cuatro minutos, un objetivo difícil de creer si se realiza un sencillo cálculo matemático.

“Somos jodidamente ilegales”

Hace un año, la filtración de varios documentos internos de Uber al diario británico The Guardian revelaban las estrategias de la compañía para lograr implantarse en España. De ellos se desprende cómo, en primer lugar, intentan sortear las leyes para después organizar a su red lobista encargada de presionar a políticos de alto rango que elegían minuciosamente. Si todo esto no funciona, les queda el “botón del pánico”, que consiste en desactivar las máquinas de los servidores de la empresa e imposibilitar el acceso a sus contenidos.

Entre la información difundida, una cadena de correos entre dos directivos de Uber desvelaba cómo la compañía buscaba desembarcar primero para luego hacerse cargo de los problemas que fueran surgiendo, como las protestas surgidas entre los taxistas. “No, no hay ejemplos, no hay investigación, no nos paramos a entender el marco legal”, dicen los mensajes. Y reconocen: “A veces tenemos problemas porque, bueno, es que somos jodidamente ilegales”. En los mercados más complejos, como resultó ser el español, la estrategia es la de desarrollar “tácticas para enfrentarse a las autoridades”.

El pasado mes de marzo, una auditoría realizada por Eticas advirtió, además, de que Uber, Cabify y Bolt podrían estar fijando precios para perjudicar a los consumidores y evitar la competencia directa entre ellas, según una auditoría externa de sus algoritmos presentada este miércoles. La investigación también ha hallado pruebas de que estas empresas “pueden discriminar en función de las características socioeconómicas de los barrios, haciendo que los servicios de movilidad sean menos accesibles en los barrios de bajos ingresos”. De confirmarse, ambos hechos supondrían violaciones de las leyes de competencia y de Defensa de los consumidores.