Fue el primer sacerdote de España al que la Iglesia, en 2013, aplicó la máxima pena contemplada por el Derecho canónico: la expulsión del estado clerical. El motivo: haber violado en más de diez ocasiones a una monaguilla de diez años, unos hechos que causaron gran conmoción en Mallorca y por los que en 2016 acabó condenado a seis años de prisión. El pasado mes de agosto salió de la cárcel, pero José Barceló Rigo, expárroco de la localidad de Can Picafort, afronta ahora un nuevo proceso judicial por un segundo caso de abusos sexuales a una menor de 13 años que acudía a recibir la catequesis en la parroquia de la que el acusado era rector. La Fiscalía reclama otros diez años de privación de libertad para el exsacerdote.
El estremecedor relato de las víctimas a lo largo de los últimos años ha llevado a los tribunales a poner el foco en una grave práctica delictiva envuelta, durante décadas, por el manto de la impunidad, la opacidad y el silencio. Precisamente, el Defensor del Pueblo denunciaba la semana pasada cómo la Iglesia ha ocultado miles de casos de abusos y agresiones sexuales a menores en congregaciones, colegios y otras instituciones religiosas. Se trata de la primera vez que un informe oficial e independiente pone sobre la mesa las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” de la Iglesia, al tiempo que reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a los perjudicados.
La Fiscalía General del Estado busca, por su parte, nuevas opciones de reparación para los menores víctimas de abusos y agresiones sexuales en el ámbito eclesiástico. Su última propuesta aborda la “necesidad” de afrontar en profundidad la responsabilidad de la Iglesia católica en los casos de pederastia cometidos por sus propios miembros al “extender la acusación” a los posibles encubridores dentro de las congregaciones u órdenes religiosas y centrarse en las vías para que la institución tenga que afrontar el pago de indemnizaciones a las víctimas.
En Balears, uno de los casos más flagrantes de cuantos se han producido ha sido el protagonizado por Barceló. Pero no es el único. De hecho, el mismo dictamen del Defensor del Pueblo, encargado hace un año y medio por el Congreso de los Diputados, apunta a hasta un total de 18 localizaciones en las islas –entre casas de acogida, parroquias, colegios, residencias y domicilios particulares– en las que fueron notificados abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.
La víctima: “Si decía algo lo pagaría caro”
En el caso del excura de Can Picafort, las alarmas saltaron cuando la víctima decidió poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. Había sido violada en multitud de ocasiones a finales de los noventa. El miedo a que no la creyeran y las amenazas que el cura le había proferido cuando era niña en caso de que contara lo sucedido –“si decía algo lo pagaría caro”– la habían imposibilitado denunciar antes los abusos y agresiones, pero el hecho de hacer finalmente público su relato ayudó a otras mujeres a dar el mismo paso: varias de ellas aseguraron que el sacerdote había abusado de ellas mucho antes, cuando era párroco de la localidad de Cala Ratjada.
Fue la gota que colmó el vaso. Tras conocer estos episodios, la Iglesia, por orden del entonces Obispo de Mallorca, Jesús Murgui, impulsó en noviembre de 2010 una investigación interna con el objetivo de esclarecer la conducta de Barceló, un procedimiento que culminó en marzo de 2011 con la suspensión cautelar del cargo.
No sólo eso. El Tribunal Eclesiástico de Mallorca declaró al presbítero culpable de abusos sexuales a menores, motivo por el que, el 18 de marzo de 2013, en una medida pionera en toda España, lo expulsó del ministerio sacerdotal, la mayor de las condenas expiatorias. La Diócesis alegó que la decisión de la Iglesia respondía a la comisión de “gravísimos delitos” contra el sexto mandamiento del Decálogo de menores y apelaba al canon 1.395 del Código de Derecho Canónico, que tipifica los delitos sobre abusos sexuales cometidos por un sacerdote y establece que el clérigo que abuse de un menor “debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”.
Precisamente, el entonces Papa Benedicto XVI había proclamado tan sólo tres años antes la 'tolerancia cero' ante las prácticas pederastas cometidas por religiosos. “Habéis traicionado la confianza depositada y debéis responder ante Dios y los tribunales”, llegó a sentenciar el pontífice que convirtió la “limpieza de la suciedad” en uno de los principales propósitos de su Papado. No en vano, una de las primeras iniciativas que adoptó Joseph Ratzinger fue la de exigir al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que había sido investigado por presuntos abusos sexuales durante décadas, que renunciara “a todo ministerio público” y llevara una vida de penitencia. En una década –hasta 2016–, la Santa Sede recibió 6.000 denuncias por pederastia, como publicó en exclusiva eldiario.es, y expulsó a un millar de sacerdotes.
El exsacerdote: “Le deseo lo mejor a ella y a su familia”
Precisamente, ese mismo año llegó el juicio contra Pere Barceló. La Audiencia Provincial de Balears fue la encargada de acoger la vista contra el exclérigo, quien acabó confesando los hechos de los que se le acusaba y aseguró sentirse “totalmente arrepentido”. Un reconocimiento por el que aceptó una condena de seis años de prisión frente a los 42 que la Fiscalía reclamaba inicialmente. Con respuestas monosilábicas, admitió que había violado a la monaguilla de diez años en más de una decena de ocasiones cuando la niña acudía a la parroquia o participaba en las actividades de verano. Abusó de ella en el coche, donde la obligaba a realizarle felaciones, e incluso en la sala común de la parroquia.
“Le deseo lo mejor a ella y a su familia”, fueron las escasas palabras con las que el expresbítero se pronunció durante el juicio. El exsacerdote, quien había sido destinado en junio de 1996 a ejercer su ministerio como párroco de la Iglesia de l'Assumpció de Maria, entabló relación con su víctima a principios de 1997 cuando ésta acudía a la catequesis de forma regular y realizaba labores de monaguilla junto a otro grupo de menores.
La joven, que en el momento del juicio tenía 29 años, relató su experiencia entre lágrimas, recordando cómo ya en el verano de 1997 el eclesiástico fue sorprendido cuando se encontraba abusando de ella en el sofá de la parroquia. La Fiscalía abrió una investigación mientras Barceló conminaba a la niña a no contar nada. La propia joven explicó que mintió en la declaración que prestó el 20 de julio de aquel año, optando por negar los hechos. “Al ser una persona superior lo ves como alguien de arriba”, manifestó durante el juicio. Aseveró, incluso, que estaba convencida de que si decía la verdad sus padres no la iban a creer. Fue más de cuatro años después, el 27 de noviembre de 2012, cuando denunció los hechos ante la Guardia Civil de Santa Margalida. “Lo solté porque ya no podía más”, remarcó la mujer.
La impunidad se apodera del párroco
Al no ser denunciado tras el episodio del sofá, la impunidad se apoderó del párroco y el transcurso del tiempo sin consecuencias por lo sucedido lo llevó nuevamente, a principios de 1998, a actuar ilícitamente, violando a la menor en más de diez ocasiones mientras le tapaba la boca y la sujetaba fuertemente para que no pudiera moverse ni escapar. “Cada vez que me veía me empezaba a tocar”, lamentó la víctima.
En un primer momento, el acusado, entonces administrador parroquial de Can Picafort, comenzó sentando a la menor en sus piernas, aprovechando en una de las ocasiones el visionado de unas diapositivas de un viaje a Burundi –donde había sido misionero– para tocarle el pecho por encima de la ropa así como las piernas y los muslos con la excusa de enseñarle a conducir. Del mismo modo, el cura aprovechaba las ocasiones en que los niños de la parroquia, en un ambiente distendido, jugaban al tenis, iban a la piscina del vecino o dormían la siesta en una de las habitaciones para conducir a la niña a su habitación, tocarla por encima de la ropa y besarla en la boca.
El expárroco reconoció que los episodios tenían lugar de forma semanal, normalmente en la habitación del acusado e incluso en el domicilio de sus padres.
La Iglesia continuó dándole una paga
Pese a la condena por pederastia y su expulsión del sacerdocio, Barceló continuó recibiendo una paga por parte de la Iglesia. El entonces obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, aseguró que con este acto buscaba “ayudar” al cura condenado, alegando “buena intención” en ello. “Cuando una persona está en un puesto de rehabilitación no es para acabar de condenarla, es para ayudarla”, llegó a manifestar, aduciendo que con esta renta la Diócesis buscaba que el cura pudiera “cotizar”: “¿Le tenemos que quitar toda la humanidad?”. En este sentido, el Obispado explicó que es habitual que se mantenga la paga a los sacerdotes que por cualquier cuestión hayan abandonado el estado clerical mientras se tramita su jubilación.
En 2018, otro párroco de Mallorca se sentaba en el banquillo acusado de abusar de una menor de 12 años. La Iglesia decidió apartarlo del oficio –ejercía en el municipio de Selva– mientras se esclarecían los hechos. Según la joven, el hombre aprovechó que se encontraba en su casa, en la localidad de Santanyí, en compañía de la niña para someterla a tocamientos. La Audiencia Provincial, sin embargo, acabó absolviendo al presbítero por carecer de elementos probatorios suficientes para enervar el derecho a la presunción de inocencia del sacerdote. La sentencia apuntaba, incluso, a la existencia de móviles espurios de carácter económico en la denuncia presentada por el padre de la niña.
Ahora, otro caso de abusos sexuales vuelve a saltar a la palestra, con el excura Pere Barceló de nuevo como protagonista. El eclesiástico, que el pasado mes de agosto salió de prisión tras cumplir su condena por pederastia, volverá a ser juzgado bajo una petición fiscal de diez años de cárcel. Los hechos, los presuntos abusos sexuales que habría cometido contra otra menor cuando ésta acudía a catequesis entre 2008 y 2009. El procesado ha intentado hasta el momento frenar las investigaciones para evitar ser juzgado. Sin embargo, los magistrados sostienen que existen suficientes elementos de criminalidad, además de la propia declaración de la víctima y de su madre así como numerosos informes que apuntan a la veracidad de los hechos denunciados y avalan que el excura vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados.