El Tribunal Supremo ha decidido confirmar una condena de ocho años y medio de prisión a un hombre que en 2019 prostituyó a varias menores de edad en Mallorca a cambio de dinero, regalos y droga, con las que se citaba en hoteles del municipio de Calvià. Dos de sus víctimas, según quedó demostrado en la investigación judicial, estaban tuteladas en centros de menores y en sus conversaciones el pedófilo sabía que se encontraban en esa situación: “¿Cuándo vas a salir del centro?”, preguntó por mensaje a una de sus víctimas para concertar las citas con ella y con otra de las menores de edad. Como máximo pasará siete años y medio entre rejas.
La Guardia Civil descubrió los hechos en 2019, cuando recibió una llamada del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Una niña de 14 años interna en un centro de menores había contado a una educadora y a la directora del centro que había mantenido relaciones sexuales con un adulto a cambio de dinero. También contaron que “manejaba mucho dinero”. Los agentes tiraron del hilo y llegaron a dos adultos: uno era conocido como “el pies” y pagaba a menores para que le pisaran y le tiraran ceniza de cigarro en la cara, y el otro lo hacía para proponerles relaciones sexuales en hoteles de la isla. Fue detenido en la puerta de un hotel con dos jóvenes, una de ellas menor de edad.
El primero de ellos confesó los hechos y, a cambio, llegó a un pacto con la Fiscalía. Fue condenado por la Audiencia de Balears a dos años de cárcel por dos delitos de corrupción de menores por estos encuentros sexuales de carácter fetichista –uno de ellos con una de las menores tuteladas– y no recurrió su condena. Los jueces de Palma también condenaron al otro acusado a un total de ocho años y medio de presidio al entender que cometió cuatro delitos de corrupción de menores sobre cuatro víctimas, dos de ellas menores internas en uno de estos centros de la isla.
El Tribunal Superior de Illes Balears confirmó su condena y ahora, según fuentes del caso consultadas por elDiario.es, ha sido la sala de lo penal del Tribunal Supremo la que ha rechazado su último recurso. La firmeza de su condena implica que tendrá que cumplirla entre rejas y que ahora solo puede acudir ante el Tribunal Constitucional para evitar seguir en prisión.
El caso que ahora ha zanjado el Tribunal Supremo rechazando el recurso del condenado fue uno de los primeros en conocerse en Balears en torno a los abusos y prostitución de menores tuteladas por las instituciones de las islas. A finales de ese mismo año 2019, por ejemplo, se produjo el arresto de varios implicados en la violación grupal a una menor de 13 años tutelada. Pocos días después, se producían nuevas detenciones y los trabajadores de estos centros del IMAS lamentaban que esta fuera una situación “extendida”. La Fiscalía y la Policía descartaron la existencia de una red organizada y la oposición política reclamó la apertura de una comisión de investigación tanto en el Parlament como en el Consell. Vox llevó sin éxito esta iniciativa, incluso, hasta el Congreso de los Diputados.
“¿Cuándo vais a salir del centro?”
La detención de estos dos pedófilos que buscaban a sus víctimas, entre otros sitios, en los centros de menores de Mallorca, se produjo en octubre de 2019. Una investigación que duró menos de un año después de la denuncia de la Fiscalía y que desveló que el pederasta no solo sabía que sus víctimas eran menores de edad, sino que dos de ellas estaban internas en centros. “¿Cuándo vais a salir del centro?”, preguntó por mensaje a una de ellas para después interesarse por otra menor que vivía en otro centro.
Su estrategia era quedar con las menores en distintos hoteles de Calvià, donde ofrecía dinero, comprarles ropa, cargarles el móvil de saldo o incluso darles cocaína, éxtasis y marihuana. “Él, que tenía mucho dinero, proporcionaba la droga”, declara probado la Justicia. El otro acusado les daba pequeñas cantidades de dinero o invitaba a comer a la víctimas, pero este segundo hombre les llegaba a hacer transferencias de varios miles de euros. Algunas se negaban a mantener las relaciones sexuales que les proponía y otras aceptaron someterse a los abusos.
Como en otros casos similares que han sido judicializados en todo el país, algunas de las víctimas negaron haber mantenido relaciones sexuales con él, pero el propio acusado lo reconoció aunque afirmando que todo había sido consentido y que pensaba que todas eran mayores de edad. A lo largo del proceso los jueces han concluido que el acusado tuvo tiempo y oportunidades más que suficientes para comprobar, en caso de duda, la edad que tenían las jóvenes con las que se citaba en los hoteles.
En un primer momento la Fiscalía de Balears pidió una condena de 18 años de prisión para él, al atribuirle no solo los delitos de corrupción de menores sino también por abusar sexualmente de una de las menores tuteladas. De esta última acusación fue absuelto porque los jueces declararon probado que el encuentro sexual con la niña de 14 años existió pero que “creyó que era mayor de 16 años, sin que llegara a comprobar tal hecho pese a poder hacerlo”.
Los jueces entendieron que existió un “error vencible” con respecto a la edad de la menor tutelada, lo que llevaba el posible delito de abuso sexual a la calificación de “imprudente”, algo que no está contemplado en el Código Penal y llevó por tanto a su absolución por el delito más grave. A lo largo de proceso pidió una rebaja de la condena para igualarla a la impuesta al otro acusado pero los jueces del TSJIB explicaron que “las conductas sexuales no son equiparables”.
La documentación del caso recoge cómo las trabajadoras y directivas del centro de menores donde estaba interna una de las víctimas declararon en sentido similar al que lo hicieron años después, por ejemplo, las de los centros de Madrid donde residían víctimas de la red de explotación sexual en enero de 2022: hablaron de fugas, de consumo de tóxicos y de cómo las víctimas llegaban al centro con grandes cantidades de dinero.