El Supremo tumba la última modificación de la Ley de Costas que afecta a los deslindes de Formentera

El Tribunal Supremo ha anulado la modificación de la Ley de Costas emprendida por el Gobierno en el verano de 2022, que entre otras cosas afectaba a los deslindes y las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Los jueces estiman el recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas de Formentera y entienden, con tres de los cinco votos de la sala, que el Real Decreto es nulo por haberse saltado el trámite de consulta pública. Un asunto de gran relevancia en las islas que la propia presidenta Prohens llevó a la última campaña electoral.

El Real Decrto fue aprobado en agosto de 2022. Una modificación de la normativa de Costas que afecta a numerosos artículos del Reglamento General que afectaba, por ejemplo, a las deficiones de las dunas al incluirlas en la delimitación de las playas, también a la ocupación de las playas con chiringuitos y, finalmente, a los procedimientos de deslinde y las concesiones demaniales marítimo-terrestres. La normativa para calcular los plazos de las concesiones y sus posibles prórrogas, por ejemplo, obligaban a tener en cuenta el impacto de la actividad sobre las esepcies y los ecosistemas y los efectos del cambio climático en ese tramo de costa.

La Plataforma de Afectados de Formentera llevó el Real Decreto hasta la sala tercera del Tribunal Supremo en un asunto recurrente en la política local. El Consell de Formentera, por ejemplo, pidió a principios de 2022 al Ministerio de Transición Ecológica que reitrara ese proyecto al entender que no recoge la “peculiaridad” de Formentera a la hora de poner en marcha la modificación legal.

En contacto con elDiario.es, la Plataforma de Afectados explica que el caso de Formentera es un “hecho singular” en el que se veían afectadas personas con propiedades o negocios con licencia desde antes de la década de los años 70 y que quedan “fulminadas” por esta nueva normativa. “Están expoliando a estas personas”, denuncian desde la plataforma, mencionando negocios que llevan “más de 50 años funcionando”.

El Real Decreto ahora anulado por un error de procedimiento del ejecutivo, según esta plataforma, “dejaba a toda la isla sin un sustento socioeconómico, que da a las familias de Formentera el poder vivir, es quitarle a la gente el pan de la boca”.