Donny Reyes, activista LGTBI en Honduras: “En elecciones, se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante”

Sobrevivir, tener un espacio para poder hablar de manera libre, tener acceso a la Sanidad o encontrar un trabajo. Estos son los objetivos principales de los defensores de los derechos LGTBI en Honduras, comenta Donny Reyes, activista y director de la Asociación Arcoíris. En Centroamérica la esperanza de vida del colectivo es bajísima, muchos no superan la treintena, y ser activista es una de las labores más peligrosas.

Tras la ola represiva que se produjo después de las elecciones del pasado mes de noviembre, el clima sigue tenso. “Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo el control de la policía. Muchas de las activistas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia. Las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta”, asegura Reyes, que visita España estos días para dar a conocer la situación de las personas LGTBI en el país centroamericano.

¿Cómo es ser defensor de los derechos LGTBI en Honduras?

Ya ser una persona LGTBI en un lugar tan violento como Honduras es una afrenta al sistema patriarcal cultural religioso que se vive en el país, y cuando se asume el trabajo de la defensa de los derechos humanos como hombre abiertamente gay o una persona LGTBI es una doble afrenta a este sistema estructurado por la violencia y por los sistemas de represión.

Es una condición bastante dura y complicada porque además se cree que lo que estamos haciendo los hombres y las mujeres que somos homosexuales es una renuncia al statu quo que la sociedad nos dio. Se cree que estamos renunciando a esa figura de hombre y de poder para querer ser mujer. En contextos misóginos y patriarcales, en el contexto latinoamericano, es perder ese estatus de poder, lo cual genera un rechazo y una violencia.

¿Qué vive la comunidad LGTBI en el país?

Consideramos que hay tres elementos fundamentales para la violación de los derechos de las personas LGTBI en Honduras. Por un lado, están los medios de comunicación que contribuyen a la difusión de mensajes de odio y de rechazo. Por otro, el sector fundamentalista religioso que perpetúa los mensajes de violencia y, finalmente el Estado, que permite que todo esto suceda.

Entonces, mientras estos tres elementos no cambien y se mantengan en la cultura hondureña permeados por el fundamentalismo religioso y por un Estado conservador e indiferente, nuestras condiciones de vida van a ser desiguales. Nosotros no luchamos por nada más que sea la vida, nuestra principal lucha es tener una vida y que no se nos agreda o se nos mate. Ni siquiera estamos luchando más allá de otros derechos porque lo que necesitamos son garantías de que vamos a lograr llegar a los 34 años, que es la máxima esperanza de vida de una persona LGTBI en Honduras y en otros países de Centroamérica.

Es muy duro enfrentarse a sistemas opresores como el actual régimen hondureño que está gobernado por el militarismo. Un Gobierno que no es reconocido por el pueblo ni por la sociedad y cualquier voz disidente o de denuncia de derechos humanos es blanco para ser atacado.

Para los activistas, existe una cadena de violencias. ¿Cómo se manifiesta en Honduras?

Ya solo ser una persona LGTBI es complicado y si ya hablamos de un activista... hablamos de la violación sistemática del Estado, de la negación de servicios básicos de salud y empleo. Hablamos también de la estigmatización. Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es como defender mareros, defender delincuentes... es una campaña constante en contra a través de los medios de comunicación y a través del Estado mismo.

Dicen por ejemplo que no vamos a la iglesia y lo que hacen es crispar a la gente, y esto pone a las defensoras y defensores en una condición de mayor vulnerabilidad. Nos hace estar expuestos y que haya mayor división en las familias.

Defender los derechos humanos también es pelearte con tu hermano o pelearte con tu madre y exponer la seguridad de tu familia. Es un manojo de contradicciones.

Ahora mismo, ¿en qué puntos se centra vuestro trabajo en el país?

En lo que estamos trabajando ahora es en la emancipación, en la búsqueda de mecanismos de autoapoyo y supervivencia. Arcoíris es un centro de acogida en donde hacemos de todo: acompañamiento psicosocial, legal, recibimos compañeros que han sufrido agresiones, les acompañamos a los sistemas de sanidad... El trabajo es atender directamente a la comunidad LGTBI víctima de la exclusión y de la violencia.

A la vez, estamos impulsando acciones de justicia, reclamación del derecho a la dignidad, impulsando iniciativas de ley para la no discriminación. Son cosas que parecen muy elementales, pero nos toca incluso ir hasta el lugar donde las asesinan, hacer reconocimientos, reclamar cuerpos, buscar lugares dignos para que sean enterradas y que sus cuerpos no terminen en fosas comunes.

A nivel legislativo, ¿en qué situación se encuentra el colectivo?

Desprotegido. No existe una ley que criminalice la homosexualidad como tal, pero no existe una ley que regule el tema de la discriminación. Si algún compañero o compañera se atreve a participar en contiendas electorales, existe un ataque crudo y voraz en los que se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante. Y esto pasa en los medios de comunicación. Los compañeros que decidieron participar en política lo han pasado muy mal, algunos se exiliaron y otros fueron brutalmente asesinados.

Uno de los compañeros que se postuló electoralmente fue el periodista Erick Alexander Martínez que era periodista y fue asesinado de una forma cruel. Lo estrangularon, lo violaron, lo amarraron, lo tiraron a un risco en medio de la nada. Cosas atroces.

¿Cómo nació Arcoíris y cuánta gente encuentra apoyo en esta asociación?

Nació en el 2003. Necesitábamos un espacio libre de discriminación, un sitio seguro en el que poder expresarnos, donde poder hablar con nuestro novio o novia. Necesitábamos un lugar cómodo porque salir a la calle es imposible por el nivel de agresiones. Actualmente tenemos alrededor de 600 personas en la organización y es un lugar mixto. Y funcionamos más que como una asociación, como un hogar abierto.

Los años electorales son muy complicados. En el año 2017, en el marco electoral, se produjeron 34 asesinatos contra personas LGTBI. En los últimos cinco años, se han producido más de 240.

Todo cambió después de las últimas elecciones, ¿cómo está ahora la calle?

El país vive una crisis política y postelectoral que no se supera. Hay una división social y un rechazo social hacia el gobernante hondureño donde las condiciones de vida han empeorado. El país está muy militarizado, todo está bajo el control de los militares. Se podría decir que no existe la libertad de expresión. Honduras reporta el mayor número de agresiones y asesinatos a defensoras y periodistas.

Los familiares de las más de 30 personas muertas después de las elecciones temen que lo que sucedió en noviembre no se haga justicia. ¿Con qué se están encontrando cuando se dirigen al Gobierno para protestar?

Los plantones y las movilizaciones para reclamar justicia se producen a diario. Estamos a la espera de que se reanude el juicio de la compañera Berta Cáceres. Sin embargo, ahora mismo hay más de 200 estudiantes que reclamaron justicia que están criminalizados, que fueron expulsados de la universidad cinco años por protestar. El movimiento ambiental, el campesino, todo está perseguido. El país está en una situación de convulsión por el modelo capitalista.

¿La represión de noviembre cómo afectó al movimiento LGTBI?

Con muerte. Así afectó. Hubo compañeras que por sus propias condiciones de salud y enfrentarse a veinte bombas lacrimógenas tuvieron que ser hospitalizadas y murieron a causa de infecciones crónicas.

Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo control de la policía. Muchas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia o qué pasó. Siempre, las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta en este tipo de acciones.