Exigen investigar el asesinato de dos defensores ambientales en Honduras

La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras condenó este jueves el asesinato de los defensores ambientales Roberto Antonio Argueta y José Mario Rivera y exigió a las autoridades investigar los crímenes.

La institución hondureña condenó en un comunicado “los hechos criminales” registrados este miércoles en la ciudad de Tocoa, departamento caribeño de Colón, donde fue asesinado Argueta, un defensor del río San Pedro que estaba acusado de varios delitos por oponerse a un proyecto minero conocido como Guapinol.

También lamentó el crimen de José Mario Rivera, otro activista asesinato en la aldea Ceibita, y reiteró su compromiso de “realizar acciones de prevención y protección para disminuir los riesgos que atenten contra la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos y del ambiente”.

La Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Karla Cueva, indicó que reconoce la contribución de los activistas al “disfrute de los derechos humanos, la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible”.

Solicitó a las autoridades competentes realizar “una investigación diligente bajo los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, imparcialidad y exhaustividad que permita determinar la verdad de los hechos y la responsabilidad de los autores de tan repudiables crímenes en contra de la humanidad de Roberto Antonio Argueta y José Mario Rivera”.

Al menos 12 defensores medioambientales son acusados de delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse a un proyecto minero en Colón conocido como Guapinol.

Según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, el conflicto en Guapinol se origina “por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facussé)”.

Ese proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.

La institución hondureña señaló la importancia de investigar “las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos” y “la urgencia” de que se inicien estas investigaciones como “mecanismos preventivos, disuasivos y que garanticen la no repetición de hechos similares”.

Dijo además que es “esencial” que los defensores de derechos humanos y de la naturaleza continúen ejerciendo “su labor sin temor a pesar de tan deplorables hechos, ya que Honduras requiere un desarrollo económico y social respetuoso del medioambiente”.

Toda persona tiene derecho de manera individual o colectiva, según la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, a “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”, añadió.

El Estado tiene “la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales”, señaló la Secretaría de Derechos Humanos.