La llegada de la derecha al Gobierno de Uruguay, en 457 medidas

El nuevo presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, prometió un gobierno de acción tras conocerse su victoria electoral. Una de sus primeras medidas ha sido anunciar que su proyecto estrella será la Ley de Urgente Consideración, una iniciativa con 457 artículos que propone cambios drásticos en economía, educación y seguridad, que restringe el derecho a huelga, otorga más poder a la Policía y aumenta las penas de cárcel para los menores, entre otros asuntos.

En cuanto a la economía, propone derogar el monopolio que tiene la empresa estatal Ancap para la importación, exportación y refinación del petróleo, además de acabar con la obligatoriedad de que los empresarios paguen los salarios a través de medios electrónicos como una transferencia bancaria, lo que según la oposición disparará el uso de dinero negro y el incumplimiento de derechos laborales. En educación el nuevo Gobierno plantea reducir la participación de los sindicatos en órganos de decisión.

Pese a que se trata de un anteproyecto de ley que el Partido Nacional aún se está debatiendo con las otras cuatro formaciones políticas con las que forma la coalición de derechas que gobernará Uruguay los próximos cinco años, la iniciativa ya ha generado una gran polémica en el país.

“Lo que prima aquí es la coyuntura. El presidente electo sabe que su base de sustentación en una coalición de partidos tan diversa es endeble y provisoria, y el tiempo y los respaldos parlamentarios son muy acotados. Lacalle Pou pretende sacar en el primer año de gobierno dos iniciativas fundamentales: este amplio paquete de medidas y el presupuesto”, explica a eldiario.es el historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano, docente en la Universidad de la República (Udelar).

Un proyecto controvertido

Las críticas a la ley provienen tanto de organizaciones sociales y sindicatos, que consideran que elimina libertades y restringe derechos, como de la coalición izquierdista del Frente Amplio, que está a punto de abandonar el poder después de haber gobernado durante los últimos 15 años. El partido saliente sostiene que la iniciativa “admite serias objeciones de índole constitucional” y que supone “un enorme retroceso para el país”.

En opinión del senador frenteamplista Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular (MPP), la gran diversidad de temas de este primer borrador requiere que sea tratado con “otra profundidad y otros tiempos”. Los proyectos de ley de urgente consideración deben ser aprobados en un máximo de 90 días una vez son enviados por el Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento.

“Se trata de un mecanismo que reconoce la Constitución, pero en el sentido en que lo quiere aplicar la coalición de derechas lo transforma en una aplicación antidemocrática e inconstitucional”, defiende a eldiario.es el senador frenteamplista Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular. El político admite que si bien existen problemas en el país, “no se puede admitir que haya 457 urgencias”.

Aunque el Frente Amplio también ha aplicado en el pasado varias leyes de urgente consideración, Carrera recuerda que se hizo en contextos tan complicados como el de 2005, cuando el país aún sufría los estragos de la grave crisis financiera de 2002. Sin embargo, hasta ahora, añade el senador, “nunca se había aplicado de esta manera, con esa enorme cantidad de temas tan diversos”.

La nueva coalición de derechas, formada por el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente y el ultraderechista Cabildo Abierto, cuenta con una mayoría parlamentaria que le permite llevar adelante este tipo de proyectos, pero Carrera insiste en señalar que “estaría bueno que se pudiera dar un debate republicano donde la oposición se expresara”.

Por su parte, el senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, recuerda que se trata de un primer borrador que se está discutiendo y que, por tanto, admite cambios. “Estamos teniendo reuniones con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones gremiales, de empleados públicos y con la academia para enriquecer el proyecto con modificaciones e incluso convenciéndonos de que algunos asuntos hay que retirarlos”, dice Gandini a eldiario.es sin especificar cuáles serían.

El político resta importancia a las críticas que ha recibido el anteproyecto de ley al indicar que se trata de “un debate que aborda problemas del país y al proponer cambios, genera resistencia”, acota.

La seguridad pública, el aspecto más polémico

En cuanto a seguridad pública, uno de los temas que más preocupa a la sociedad uruguaya debido al aumento de la criminalidad en los últimos años, la Ley de Urgente Consideración amplía el concepto de legítima defensa tanto para policías y militares como para civiles que se vean amenazados en sus domicilios. También aumenta las penas de cárcel y declara ilegítimos los piquetes que afecten la libre circulación de personas.

Además, otorga más facultades a la Policía. Los agentes podrán pedir identificación a cualquier persona y en cualquier circunstancia sin motivo y podrán detener a alguien cuando “existan indicios fundados de que ha participado en un hecho con apariencia delictiva”, sin necesidad de que –como hasta ahora – haya un fiscal u orden de un juez.

Carrera considera que ese tipo de medidas no ayudarán a resolver el problema de la delincuencia en el país porque el mensaje que se da policías y militares es que “siempre que utilicen un arma va a ser legítimo y legal, y eso es peligroso, ya que da lugar al gatillo fácil”.

Si bien el término “apariencia delictiva” se refiera al hecho y no a una persona (tal y como ocurre en la ley actual), en días pasados esta expresión generó polémica, después de que el senador Gandini reconociera en un programa de televisión de Canal 10 que “hay una apariencia”, en referencia a “determinada gente que tiene tatuaje, gorrito y piercing da una tipología que el de seguridad mira más que al otro, pero no tiene que ver con la ley, tiene que ver con una realidad”, según dijo el político al ser cuestionado.

Si bien el debate de la apariencia delictiva ligada a las personas lo introdujo una periodista que se mostró “preocupada por ser una mujer negra que vive en un barrio negro”, Gandini ha indicado a eldiario.es que efectivamente existe un problema social “que debe ser combatido con educación y tolerancia, no con leyes”.

“Existen conformaciones sociales asociadas a determinados comportamientos delictivos y eso hace que unas personas miren a otras de una determinada forma o que otros crucen a la otra vereda (acera) cuando ven a un grupo de jóvenes con determinada vestimenta, es un problema social que debemos combatir”, señala el político.

“Esta ley va a servir para los policías se sientan más confiados para poder cumplir con su misión. Hoy el policía tiene que demostrar que actuó de acuerdo con la ley, y según esta nueva ley, el policía actuará y va a tener que demostrarse que actuó fuera de la ley”, añade.

Medidas laborales

Otra de las medidas más controvertidas que plantea el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración se refiere a la derogación de aspectos fundamentales de la ley de inclusión financiera, de manera que las empresas ya no tendrían obligación de pagar a sus empleados a través de medios electrónicos. Con la nueva norma la modalidad de pago sería acordada entre el trabajador y el empleador en el inicio de la relación laboral, lo que muchos interpretan como una forma de que aumente la informalidad y una pérdida de derechos para los trabajadores.

“Esto va a suponer perjuicios y precariedad para los trabajadores”, asegura el senador Carrera, quien recuerda que Uruguay se ha esforzado en los últimos años en ganar un prestigio internacional en transparencia fiscal y combate al lavado de activos, ya que no muchos años atrás el país era considerado como un buen destino para blanquear dinero.

El borrador de la ley de urgencia también establece que las transacciones entre particulares pueden realizarse mediante la modalidad e instrumentos de pago “acordado entre las partes”, independientemente del monto. Sin embargo, hasta ahora la ley de inclusión financiera, que fue aprobada durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015) con el objetivo de reducir el riesgo de lavado de activos, establece que las transacciones superiores a 4.000 dólares no pueden realizarse en efectivo.