Israel queda consagrado legalmente como un Estado para los judíos y consolida la discriminación de los árabes

Con la aprobación de la Ley Fundamental en la madrugada del jueves por el Parlamento, en Israel se consagra constitucionalmente la identidad del país como Estado-nación del pueblo judío. La ley garantiza el carácter étnico-religioso de Israel como exclusivamente judío y consolida los privilegios de los que disfrutan los ciudadanos judíos, a la vez que afianza la discriminación contra los ciudadanos árabes (palestinos del 48), que representan el 20% de la población del país.

El hebreo se queda como el único idioma oficial del país. El árabe pierde su condición de idioma oficial y pasa a tener un “estatus especial”. Sin concretar nada, la ley dice que el árabe conservará su posición anterior a la aprobación de la nueva norma.

62 diputados votaron a favor, 55 en contra y dos se abstuvieron.

El primer ministro Benjamín Netanyahu elogió la aprobación de la ley y señaló que se trata de “un momento crucial” en el movimiento sionista y en la historia del país: “122 años después de que Theodor Herzl proclamara su visión, hemos consagrado en un texto legal el principio fundamental de nuestra existencia, que Israel es el Estado-nación del pueblo judío”.

En un gesto inusual, el líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog, que abandona ese puesto para pasar a presidir la Agencia Judía, solicitó hablar una vez terminada la votación: “La gran pregunta que debemos hacernos es si esta ley causará beneficio o por el contrario provocará perjuicio al Estado de Israel. La historia juzgará esto y el tiempo dirá, pero los laboristas estamos verdaderamente tristes de que el principio de igualdad, que era un activo inalienable en la defensa del buen nombre de Israel, se haya desvanecido con esta ley”.

Minutos antes de que comenzara la votación, el titular de la comisión que había preparado el proyecto de ley, el diputado Amir Ohana (Likud), se levantó para presentarlo: “Nosotros no tenemos 21 Estados-nación como tienen los árabes, sino que tenemos un solo Estado, aunque sea pequeño”, ironizó Ohana jugando con el tradicional eslogan de la derecha israelí de que los palestinos deberían emigrar a uno de esos 21 Estados.

La intervención de Ohana provocó la ira del diputado árabe Issawi Frej (del partido progresista Meretz) quien le interrumpió y le dijo que se avergonzara de sí mismo, llamándole “hipócrita y mentiroso”, por lo que fue expulsado del pleno.

El patrocinador del proyecto de ley, el diputado Avi Dichter (Likud), declaró que el proyecto de ley constituye “una respuesta contundente a los miembros de la Lista Conjunta (grupo parlamentario que representa a los tres partidos árabes) y a quienes piensan como ellos, pues deja claro que no estuvieron aquí antes que nosotros y tampoco permanecerán aquí después de nosotros”.

De esta forma, el que fuera director del servicio de seguridad interior (Shabak) y ministro de Protección Civil –siendo considerado como uno de los halcones del partido en la coalición de gobierno– abría las puertas a una futura expulsión de los árabes y otras minorías.

El diputado del Likud Benny Begin rompió la disciplina de voto y optó por abstención. Este histórico del partido, e hijo además del que fue primer ministro Menahem Begin, advirtió a sus correligionarios que “el patriotismo que no va ligado al respeto y garantía de los derechos humanos se deteriora y se convierte en nacionalismo”.

Indignación de los árabes del 48 y los palestinos

El portavoz de la Lista Conjunta, el diputado Ayman Odeh, enarboló una bandera negra mientras hablaba, agitándola sobre las páginas del proyecto de ley. Los activistas del movimiento Paz Ahora también ondearon una bandera negra desde la tribuna de visitantes –a modo de símbolo del funeral de la democracia– y fueron expulsados por agentes de seguridad. El también diputado Jamal Zahalka llegó a romper una copia del proyecto de ley durante su comparecencia y tras la votación todos ellos gritaron: “¡Esto es apartheid!”.

Según el diputado Yousef Jabareen, “es una ley que fomenta no solo la discriminación, sino también el racismo, perpetuando el estatus inferior de los árabes en Israel”.

El director de la organización que defiende los derechos de la minoría árabe en Israel, Adalah –con el mismo apellido pero sin relación de parentesco directa con el anterior– Hassan Jabareen, fue más contundente. “La Ley Estado-nación judía presenta elementos clave del apartheid, que no solo son inmorales, sino que también están absolutamente prohibidos por el Derecho internacional”, declaró en una entrevista telefónica.

La miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, Hanan Ashrawi, dijo en un comunicado que la ley del Estado-nación judío “otorga licencia al apartheid, la discriminación, la limpieza étnica y el sectarismo a expensas del pueblo palestino”.

Anexión no reconocida por la ONU

En ausencia de una verdadera Constitución, la Ley del Estado-nación se convierte en una “ley de leyes” capaz de prevalecer sobre cualquier legislación ordinaria. La ley se aplicará no sólo dentro del territorio de Israel, donde casi el 20% por ciento de la población es árabe (descendientes de los palestinos que no huyeron como refugiados en 1948), sino también en territorios ocupados en 1967, es decir, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, anexionados en 1980 en una decisión que vulnera las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Ley Básica convierte a Israel en el Estado-nación del pueblo judío exclusivamente, reservando el derecho del pueblo judío a la autodeterminación en su patria como un derecho único. También ratifica los símbolos del Estado –el himno nacional o Hatikvá, la bandera albiceleste con la Estrella de David en el centro, y el candelabro (menorá) de siete brazos como escudo– así como el idioma hebreo como el idioma oficial del país, el principio de la reunión de los exiliados, la celebración semanal del sábado (Shabbat) y las fiestas judías como fiestas nacionales.

La ley impone una identidad constitucional a los árabes sin su consentimiento y crea una situación en la que los árabes participan, bajo coacción, en la promoción de la discriminación contra ellos. Si bien tienen las mismas obligaciones tributarias como ciudadanos (palestinos del 48) o como residentes (palestinos de Jerusalén Este), la alineación de los intereses nacionales por parte de la Ley Básica con los intereses exclusivos de la población judía fuerza a la población árabe a contribuir, subsidiar y promover aquellos proyectos nacionales que niegan su propia identidad y estatus.