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El juez Sérgio Moro, de héroe anticorrupción a ministro de Bolsonaro, en cuatro pasos

Sérgio Moro, ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Víctor David López

Antes de la moda de las camisetas con la estampa de Jair Bolsonaro, en Brasil ya se habían vendido miles con la del juez federal Sérgio Moro, héroe nacional para buena parte de la población. Su labor anticorrupción articulada en los últimos años es innegable, hasta el propio Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores) lo reconocía en los últimos días de campaña: “En general, ha ayudado”, dijo sobre el magistrado paranense de 46 años, al mismo tiempo que afirmaba que en el caso del expresidente Lula da Silva se había equivocado. Por eso para muchos es innegable también que la balanza de la Justicia se ha desequilibrado.

La traca final de la politización del aparato judicial en el último lustro ha sido la última jugada maestra del nuevo presidente. El nombramiento de Sérgio Moro como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública corre el riesgo de explicar demasiadas cosas. La Operación Lava-Jato nació minúscula, en marzo de 2014, investigando al cambista Alberto Youssef, fue creciendo desde que se constató su relación con Paulo Roberto Costa, un exdirector de Petrobras, compañía petrolífera estatal, y ha terminando cambiando la historia del país, con el expresidente Lula en prisión y con Bolsonaro superando al Partido de los Trabajadores. Y con un impeachment a la presidenta Dilma Rousseff entre medias.

La imagen del juez Moro, un estudioso de la lucha anticorrupción a nivel mundial que ha exprimido al máximo las prisiones preventivas y las delaciones premiadas “porque existía un cuadrado de excepcionalidad” y con el objetivo claro de “mandar el mensaje de que el ciclo de corrupción debía cerrarse”, fue ganando adeptos al tiempo que iba realizando maniobras contra el Partido de los Trabajadores. En concreto, fueron cuatro los grandes movimientos que le han llevado hasta el Ministerio de Justicia.

La detención de Lula

El primero data de 4 de marzo de 2016. Faltaba poco más de un mes para las votaciones del impeachment de Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados, la gran traición de su vicepresidente Michel Temer, con la excusa de supuestos maquillajes fiscales para ajustar las cuentas gubernamentales. Ese mismo día, Sérgio Moro ordenaba la detención de Lula para llevarle a declarar en el marco de la Operación Lava-Jato, lo cual extrañó al propio expresidente porque él nunca se había negado a aportar sus informaciones al juez.

El ambiente social en Brasil estaba a punto de estallar, y todo apuntaba a que el futuro de la presidenta estaba muy en entredicho. Por supuesto, la decisión de Moro ayudó a perfilar mejor si cabe el escenario. Meses después acabaría por condenar a Lula por el célebre apartamento triplex de Guaruja. Una propiedad de la cual Lula y su esposa tenían en un principio un derecho de compra, pero que nunca fue ejercido, por lo cual ni vivieron allí ni existe ningún documento a su nombre. Aún así, el juez Moro le asignó el delito de corrupción pasiva y lavado de dinero, al concretar que se trataba de un intercambio de favores con la constructora OAS. Moro reconocía en el texto de la condena haberse basado en “elementos de convicción” en referencia a los autos, y no en la constancia de ninguna prueba específica.

Filtraciones de escuchas ilegales muy oportunas

La segunda gran maniobra de Sérgio Moro llegó tan solo doce días más tarde, el 16 de marzo de 2016, y gira en torno a las escuchas ilegales a la presidenta Dilma Rousseff y la filtración a la prensa de una conversación con Lula. Existía una orden judicial para las escuchas, pero la que se filtró correspondía a un horario posterior a la finalización del permiso. Además, en todo el minutaje de conversación solo había un aspecto del que sacar jugo, y fue manipulado para generar controversia en la opinión pública, justo cuando el mandato de Rousseff estaba en la cuerda floja, pues cada vez faltaba menos para la primera votación del impeachment.

Rousseff quería nombrar a Lula Ministro de la Casa Civil. La expresidenta dijo entonces que le necesitaba por su sabiduría política a la hora de cerrar acuerdos y conseguir apoyos. La oposición lo tomó como una manera de protegerle, dado que como ministro obtendría el foro privilegiado y solo le podría juzgar el Tribunal Supremo. Sea como fuere, se trató de otro gran error de Dilma Rousseff, pero el audio era engañoso y se utilizó mal a conciencia.

En la conversación telefónica, Rousseff decía que le iba a enviar el documento de nombramiento como ministro y que solo lo utilizara “en caso de necesidad”. Se refería la presidenta a las dificultades que tenía Lula para estar presente en la toma de posesión, programada para el día siguiente en Brasília, debido a los problemas de salud de su esposa, Marisa Letícia –que acabaría falleciendo once meses después–. Si Lula no pudiera viajar desde São Paulo, bastaba con enviar firmado el documento. De hecho, a Lula aquel folio no le servía de nada, ya que no incluía la firma de la presidenta.

Moro pidió disculpas por la controversia generada, pero no por la filtración y difusión de escuchas ilegales a la presidenta, ya que, en su opinión, eran de interés público y tenían que llegar a oídos de la población. Poco se sacaba en claro de esos audios, más allá de expresiones de Lula que sus opositores también plasmaron en camisetas, como aquello de la “República de Curitiba” –en referencia a la mano dura de la sede judicial desde la cual Moro ha trabajado todos estos años– o el “Chao, querida”. Lula finalmente consiguió viajar a Brasília y fue nombrado ministro, pero su nuevo estatus solo duró un día, lo que tardó el Tribunal Supremo en echar abajo la táctica.

Presiones para no cumplir una orden judicial

La tercera maniobra de Sérgio Moro fue sellada el pasado 8 de julio, cuando se determinó la puesta en libertad de Lula y él, de vacaciones en Portugal, telefoneó al comisario de guardia para convencerle de que no cumpliera la orden judicial. El mandato de excarcelación acababa de ser oficializado por el juez de guardia Rogério Favreto.

Su ágil maniobra logró paralizar el procedimiento, que con el paso de las horas terminó siendo todo un rifirrafe entre togas. Siempre se recordará aquel domingo como uno de los momentos claves del proceso electoral de 2018, porque Lula lideraba las encuestas con holgura –lo hizo en todo momento, hasta que el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura–.

La última maniobra: levantar el secreto de sumario

La cuarta y última gran maniobra del juez Moro tuvo lugar hace tan solo un mes, el 1 de octubre de 2018, seis días antes de las votaciones de la primera vuelta de las elecciones presidenciales –con Lula ya fuera de la contienda y con su sustituto, Fernando Haddad, intentando tomar carrerilla y recortar ventaja a Jair Bolsonaro–. Justo entonces Sérgio Moro decidió levantar el secreto de sumario de la delación premiada del exministro de Lula y Dilma, Antonio Palocci, en la que declaraba que ambos estaban al tanto de las actuaciones de los directores de Petrobras implicados en el Caso Lava-Jato. Se llenaron las portadas de los periódicos y los informativos, aunque las grabaciones eran de abril.

Sérgio Moro se defendió de las acusaciones de manipulación argumentando que Lula no era ya candidato, así que no le entorpecía directamente en la disputa electoral y que le hubieran criticado también si hubiera liberado los audios justo después del proceso electoral.

Lo grave de este último movimiento es que el general Hamilton Mourão, vicepresidente del gobierno Bolsonaro, ha confirmado que los primeros contactos con el juez para ofrecerle el ministerio de justicia tuvieron lugar ya durante la campaña electoral, de la mano de Paulo Guedes –gurú económico de Bolsonaro y cabecilla del superministerio de Economía, Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior–. Es decir, la decisión judicial se solapó con el fichaje político.

Los héroes nacionales brasileños surgen desde hace un tiempo del enfrentamiento directo con el recuerdo de Lula y el cuadro de honor no se restringe a Sérgio Moro. Janaina Paschoal, una de las autoras del proceso de impeachment que acabó con la presidencia de Dilma Rousseff, acaba de ser elegida nueva diputada estatal en São Paulo, con más de dos millones de votos, récord absoluto.

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