Violencia sexual en Portugal: la “seducción mutua” como atenuante y la mayoría de las penas, suspendidas
“La culpa de los acusados se sitúa en el medio, al final de una noche con mucho alcohol y en una atmósfera de seducción mutua”. Es uno de los argumentos utilizados por los jueces de un tribunal de Oporto, Portugal, para suspender la pena de cárcel de cuatro años y medio a un camarero y a un portero de discoteca que violaron a una chica de 26 años que estaba inconsciente en el baño, según recogen los mismos jueces en los hechos probados.
Los acusados, “comprobando la incapacidad de la víctima de controlar su voluntad y su estado de inconsciencia”, decidieron “mantener relaciones sexuales de cópula vaginal completa tras desnudarla de cintura para abajo”, recoge la sentencia, firmada en junio y hecha pública a finales de septiembre. Un caso que suena tristemente familiar en España tanto por los hechos como por los argumentos utilizados en la sentencia y por las reacciones del Gobierno y de colectivos feministas.
“En Portugal, los tribunales son espacios de humillación y de agresión a las mujeres”, cuenta a eldiario.es Adriana Lopera, del grupo feminista A Coletiva. “La democracia parece haberse quedado a las puertas de los tribunales, que siguen siendo machistas, ignorando los inmensos avances del final de la dictadura y todos los logros feministas de las últimas décadas”.
La suspensión de esta pena es un caso más de un problema generalizado: según los últimos datos publicados por el Ministerio de Justicia portugués –correspondientes a 2016– solo el 37% de los condenados por diferentes crímenes sexuales acaba en prisión, ya que en el 58% de los casos se suspende la condena. En el caso específico del delito de violación, cuatro de cada diez condenados ven suspendidas sus penas de cárcel.
“La sociedad y la realidad de la vida es más compleja y no me gusta hablar de una forma homogénea sobre los tribunales o la justicia”, afirmó a eldiario.es la secretaria de Estado lusa de Ciudadanía e Igualdad, Rosa Monteiro, en el marco de la celebración de una conferencia por el empoderamiento de la mujer organizada por Unión por el Mediterráneo. “Creo que hay diversidad en las sentencias y no todos los jueces y sentencias son tan problemáticos y llamativos como estos”, añadió.
Sin embargo, Lopera afirma que se trata de un problema sistémico y no de casos “problemáticos” determinados. “Esta nueva sentencia sobre el caso de violación de una mujer en Gaia es consecuencia de la forma que tienen los tribunales de ver a las mujeres, donde los comportamientos de los agresores son disculpados. Lo que esta sentencia ha probado es que este problema no es puntual, es estructural”, asegura.
La activista recuerda que hace un año las mujeres volvieron a salir a la calle por otra sentencia que, mencionando la Biblia, consideraba el adulterio como atenuante en la agresión machista de un hombre a su pareja. “El adulterio de la mujer es un gravísimo atentado al honor y la dignidad del hombre”, afirman los jueces en el fallo. “En la Biblia podemos leer que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte. El adulterio de la mujer es una conducta que la sociedad siempre ha condenado (son las mujeres honestas las primeras en estigmatizar a las adúlteras), por eso se ve con cierta comprensión la violencia ejercida por el hombre vejado, traicionado y humillado”.
Las denuncias por violación aumentaron el año pasado un 21,3%, pasando de 335 en 2016 a 408 en 2017, una tendencia que contrasta con el descenso generalizado del resto de delitos violentos. “Teniendo en cuenta el historial de los tribunales, las denunciantes son verdaderas heroínas, porque haciendo lo que se debe hacer, lo que sigue es un calvario: su testimonio es desacreditado, sus comportamientos, forma de vestir, los locales que frecuentan... Todo se utiliza para transferir a ellas la responsabilidad de la violencia que sufrieron”, denuncia Lopera. “Estas sentencias funcionan como una invitación a la violación”, añade.
“Los jueces necesitan una perspectiva de género y eso se reconoce”, afirma Monteiro, que también admite la necesidad de hacer una revisión de la ley vigente. Monteiro asegura que más de 300 jueces han recibido formación en 2018 en materia de violencia machista.
Lopera afirma que el cambio de legislación es necesario, pero no suficiente. “Si no existiera una cultura machista en los tribunales, las leyes que tenemos podrían aplicarse sin sesgos machistas, pero ante lo que hemos asistido, concluimos que hay que cambiar la ley”, asegura. “Sin embargo, el cambio de la ley no nos garantiza que terminen las formas machistas de fundamentar en los tribunales. Creemos que es el machismo de los jueces, y no la ley y el marco penal, el que hace que haya pocas prisiones efectivas”, aclara.
Un mes después de la violación en cuestión se produjo presuntamente en el mismo bar otra grave agresión sexual a una joven de 18 años, según descubrió la policía judicial mediante escuchas a los acusados de la primera violación. El informe policial destaca las similitudes en ambos casos: las dos mujeres bebieron chupitos, no recordaban bien lo sucedido y ambas fueron contactadas por personas ligadas al bar en lo que los investigadores interpretan como una estrategia de poner a prueba la memoria de las presuntas víctimas, admitiendo que podrían haber sido drogadas.
Desde que se hizo pública la sentencia del primer caso, las portuguesas han tomado las calles en varias ocasiones bajo el lema “contra la justicia machista”. Y prometen más. “No daremos tregua. Sabemos que el acceso a la justicia es desigual, que nos penaliza y humilla por ser mujeres y por eso no nos callaremos”, sentencia.
