El abogado de Pedro Castillo, expresidente encarcelado de Perú: “Esta dictadura es producto de un golpe de Estado”

Madrid amanece en la terraza del hostal América, donde Wilfredo Robles (52) se encoge de frío dentro de su abrigo. “Soy el abogado que el sistema repudia”, se define. Líderes sindicales, campesinos, maestros… fueron ellos quienes, ante el encarcelamiento del expresidente de Perú Pedro Castillo, propusieron a Robles para afrontar la defensa. El entonces líder se enfrenta, entre otras acusaciones, al presunto delito de rebelión por el que la Fiscalía ha decretado 18 meses de prisión preventiva. 

Con cinco presidentes en los últimos cuatro años, desde el pasado 7 de diciembre Perú afronta una nueva crisis política tras la llamada a disolver el Congreso y formar un gobierno de excepción por parte del expresidente. Todo ello el día en el que se iba a votar su tercera moción de censura en año y medio de mandato. 

Castillo no contó con el apoyo de su gabinete, que dimitió en masa y votó junto a la derecha por su destitución. Fue arrestado por su propia guardia y encarcelado. La entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la jefatura del Gobierno despertando la furia de una masa rural e indígena que había visto en Castillo, maestro sindical, una grieta para romper con décadas de poder racista y elitista concentrado en la capital. Las protestas ya suman casi 60 muertos y cerca de 1.300 heridos. Este jueves, el Gobierno peruano ha retirado a su embajador en Colombia por las “continuas expresiones injerencistas” del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha criticado abiertamente la represión. El mes pasado, Boluarte hizo lo mismo con su embajador en México y criticó la actitud de su presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Las movilizaciones, que empezaron en el sur y se han ido desplazando hacia Lima, dan ahora cierta tregua al país. Con este contexto de fondo, Robles, abogado defensor de Castillo, recibe a ElDiario.es durante una breve escala en Madrid desde Ginebra, donde expuso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sus argumentos a favor de la excarcelación de Castillo y contra lo que denomina un “genocidio” perpetrado por el Gobierno de la actual de presidenta Dina Boluarte. 

Antes de la maniobra de Castillo, la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, había acusado al entonces presidente de liderar  una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Usted rebate el marco del autogolpe. ¿Qué ocurrió entonces el 7 de diciembre? 

Pedro Castillo sabía que ese día lo iban a sacar, tenía información de que la derecha tenía los votos y por eso se anticipa y lanza un mensaje de toma de posición frente a los suyos. Según el artículo 134 de la Constitución peruana, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso cuando dos gabinetes son rechazados. El Congreso nunca estuvo de acuerdo con ninguno y en la práctica socavaba sus funciones. El golpe ha venido del otro lado.

¿Cómo articula la defensa de Castillo por el cargo de rebelión? 

Asumo que es una defensa jurídica, pero también política, en sintonía con las posiciones de la masa de campesinos que reivindican la voluntad popular. Estamos defendiendo una causa justa, Pedro Castillo no ha cometido ningún delito. No hay rebelión porque no hay alzamiento en armas, y no hay flagrancia como dicen porque no existe delito. 

Existe una usurpación de funciones por parte de la Policía, ya que la orden de detención tiene que darla un juez. Además, llevaron directamente a Castillo ante el sistema penal sin respetar el antejuicio, que en este caso implicaría un proceso ante el Congreso en el que tendría tres días para articular su defensa y habría una votación. 

Esto indica que no existe Estado de derecho en Perú, lo que se confirma cuando cientos de campesinos son detenidos y llevados a prisión preventiva sin haber cometido delito, tan solo por marchar. Sin Estado de derecho estamos ante lo que se conoce como una dictadura, lo que nos traslada a un escenario en el que la defensa de Castillo implica una defensa política. 

Cabe remarcar que esta dictadura es producto de un golpe de Estado de largo aliento que empezó antes de que Pedro Castillo asumiera el poder, cuando la coalición de la derecha, que como candidata lleva a la hija del dictador Fujimori, no aceptó el resultado e hizo una serie de jugadas y presiones a los jueces para que declararan fraude y se abrieran investigaciones. Y una vez tomado el mando el 28 de julio de 2020 a Pedro Castillo lo han demolido todos los días desde el Congreso y los medios de comunicación. 

Al poco de su visita a Ginebra, Naciones Unidas otorgó al Gobierno peruano un plazo de 60 días para que diera las oportunas explicaciones por el uso excesivo de la fuerza y la muerte de decenas de manifestantes. 

Es un avance porque es la primera vez que un organismo internacional ha mostrado preocupación por la situación en Perú. Sobre todo teniendo en cuenta que la Organización de Estados Americanos (OEA) nos ha cerrado las puertas. Que nuestro organismo regional es parcial se demostró en enero, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la OEA vino a Perú a condenar que las protestas se habían vuelto violentas, pero no condenó los asesinatos ni pidió asumir responsabilidades a la señora Boluarte, a la que simplemente aconsejaron pedir disculpas. Al día siguiente de que las pidiera había nuevas matanzas. Esta connivencia de la OEA con la dictadura coincide con la posición de Estados Unidos, que está respaldando la dictadura y las matanzas. 

Los casos de corrupción acorralan a Castillo, a quien la justicia peruana ha dictado una segunda medida de prisión preventiva por tres años. ¿Qué futuro le espera al expresidente? ¿Podría presentarse a unas futuras elecciones? 

El llamado a nuevas elecciones ha sido hábilmente manejado por la dictadura para dos cosas: tratar de consagrarse y abortar la insurgencia popular de los campesinos, que no pedían nuevas elecciones, sino la restitución del presidente defenestrado. 

El Perú está viviendo su propio Maidán, retrocediendo a antes de la intervención militar rusa con la única diferencia de que en el Donbás pudieron armar algunas milicias para defenderse pero en el Perú son piedras contra fusiles de asalto, contra un poder de fuego tremendo. Nos están haciendo un apartheid. 

El pueblo, la masa campesina movilizada se está enfrentando sola una dictadura que cuenta con todas las instituciones a su favor, no tiene ni el apoyo de los partidos políticos porque son de Lima y están calculando de dónde sacar ventaja. Tengo optimismo en que Pedro y el pueblo peruano no se dejarán doblegar por esta derecha fascista y no habrá un retroceso a una etapa muy oscura de la historia del Perú.