En los últimos 30 años ha habido ocho elecciones presidenciales en Estados Unidos y el Partido Republicano solo ha sido el más votado en una de ellas. A pesar de eso, el sistema electoral le ha permitido controlar la Casa Blanca durante casi la mitad de ese tiempo y construir una eficaz mayoría conservadora en el punto clave del poder estadounidense: el Tribunal Supremo. Nueve jueces a los que nadie puede obligar a retirarse, salvo que cometan un delito y que tienen la última palabra sobre qué es legal y qué no en EEUU.
La anulación de la protección nacional del derecho al aborto después de medio siglo es solo el último ejemplo de esa revolución conservadora impulsada por una minoría social, pero que cuenta con una mayoría donde más falta le hace. Los presidentes republicanos han nombrado a 14 de los 18 últimos jueces que han entrado en el Tribunal Supremo hasta crear el actual (des)equilibrio: seis jueces conservadores y otros tres considerados progresistas.
Hace más de 50 años que el Tribunal Supremo de EEUU no tiene una mayoría de jueces designados por presidentes demócratas, pero hasta hace relativamente poco el sesgo ideológico era más moderado: no era raro que un juez nombrado por un republicano se uniera al lado progresista en asuntos muy politizados. El actual presidente de la corte, John Roberts, lo hizo para salvar la reforma sanitaria de Obama en 2021 y el juez Anthony Kennedy, para legalizar el matrimonio gay. Los habían nombrado George W. Bush y Ronald Reagan.
Todo cambió en 2016. Los republicanos bloquearon durante casi un año la renovación de una vacante para que Barack Obama no pudiera nombrar un juez durante su último año en la Casa Blanca. Gracias a la estratagema, en solo cuatro años de mandato, Donald Trump nombró a tres jueces y amplió la mayoría conservadora sustituyendo a la progresista Ruth Bader Ginsburg tras su muerte. Ni así consiguió que la corte apoyara su teoría de la conspiración de que había perdido por un “fraude electoral masivo”, pero dejó una mayoría claramente conservadora que está teniendo consecuencias muy reales en la vida política de EEUU.
El aborto y todo lo demás
Aunque la decisión más sonada es la anulación de la protección nacional del derecho al aborto, el ala conservadora está haciendo avanzar la agenda republicana en muchos otros ámbitos: solo este año han bloqueado los intentos de varios estados de restringir mínimamente el acceso a las armas y ha reducido enormemente la capacidad del Gobierno federal de limitar las emisiones contaminantes, haciendo imposible el objetivo de Joe Biden de reducirlas a la mitad para el año 2030.
Muchas de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo se siguen tomando por mayorías que van más allá de la división entre jueces conservadores y progresistas, pero las últimas sentencias hacen temer a millones de estadounidenses por otros derechos fundamentales. El juez Clarence Thomas, uno de los más derechistas y cuya esposa participó en la conspiración para declarar a Trump ganador de las últimas elecciones, señaló explícitamente en la sentencia que los mismos argumentos legales que se han usado para el aborto se podrían aplicar para dar marcha atrás en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo o los anticonceptivos.
El juez Thomas tiene, como muchos de sus colegas conservadores, una visión “originalista” del derecho. Es decir, cree que la Constitución debe ser interpretada de forma literal y acorde al pensamiento con el que se redactaron los artículos y las enmiendas en su momento. Dado que el grueso del texto fue redactado en 1787, para estos jueces no existe ningún derecho que no fuera reconocido ya en el siglo XVIII o que se haya establecido posteriormente mediante una enmienda específica. Thomas, que es afroamericano, cree por ejemplo que la segregación por razas en la educación es ilegal, pero discrepa con el razonamiento legal de la sentencia que así lo estableció.
Muchos demócratas, hartos de la mayoría conservadora casi permanente en el Tribunal Supremo y de sus consecuencias, piden que se amplíe por ley su número de miembros y permita así a Biden nombrar otros jueces y cambiar los equilibrios de poder. Tanto el presidente como los estadounidenses, según las encuestas, están en contra de ese movimiento.