Ha pasado algo más de un año desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acabó con la protección federal del aborto que había estado vigente en el país durante casi medio siglo. La derogación de la histórica sentencia de 1973 Roe v Wade, que garantizaba el derecho a nivel nacional, dio un amplio margen de regulación a los estados. Desde entonces, la interrupción voluntaria del embarazo se ha prohibido casi totalmente en varios de ellos y en otros sigue siendo legal. El resultado: un escenario fragmentado y cada vez más polarizado, pero ¿qué ha pasado con las cifras en este tiempo?
Son varios los mecanismos puestos en marcha por la sociedad civil estadounidense para monitorizarlo. Entre ellos está el de la Sociedad de Planificación Familiar llamado WeCount (Contamos), que tiene por objetivo medir el volumen de abortos en el país antes y después de la decisión Dobbs v. Jackson, que se emitió el 24 de junio de 2022. Su último informe, que calcula la media mensual de intervenciones, concluye que la cifra apenas ha variado, incluso ha ascendido ligeramente: así, en abril y mayo de 2022 se practicaron 82.115 abortos de media cada mes mientras que entre julio y junio de 2023, un año más tarde, fueron 82.298.
El proyecto, que ha desarrollado una amplia base de datos a partir de las clínicas, consultorios privados, hospitales y otros servicios autorizados a practicar abortos en EEUU, también ha calculado cuántas interrupciones del embarazo se han hecho de más y de menos en el total acumulado en este tiempo: 114.590 abortos se han dejado de hacer en el país desde que el Tribunal Supremo revocara el derecho, pero se han practicado 116.790 más.
Para llegar a estas cifras, la organización utiliza el promedio mensual en cada estado antes de la sentencia y el actual. Por ejemplo, en Alabama, donde se hacían 635 abortos de media y ahora mismo ninguno, han dejado de hacerse 7.620, que es el resultado de multiplicar por 12 meses los 635. En los estados en los que ocurre al contrario, y hay más mujeres que abortan actualmente, calculan la diferencia y la multiplican por 12. Así, en el año transcurrido desde el dictamen, hubo 2.220 intervenciones más en comparación con el periodo anterior, concluye la investigación.
Si la sentencia que derogó Roe v Wade tumbó la protección federal del derecho al aborto ¿por qué los datos no han caído en picado? La explicación está en las cifras: la cuestión es que las interrupciones del embarazo prácticamente han desparecido en aquellos estados que han introducido prohibiciones, tanto aquellos que lo restringen casi en su totalidad como los que solo permiten abortar hasta las seis semanas. Al mismo tiempo, los abortos han crecido significativamente en los estados en los que sigue siendo legal totalmente o con algunas limitaciones.
Descensos y escaladas
Actualmente son 15 los estados en los que el aborto está prácticamente vetado, en los que viven unos 22 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años), lo que representa casi un tercio (29%) de esa población en el país. Según un informe del Instituto Guttmacher, solo en cien días desde la anulación de la sentencia a nivel federal, casi 70 clínicas dejaron de practicar abortos. En Misisipi estaba la Casa Rosa, la clínica que se enfrentó al estado y dio origen a la anulación de Roe v Wade, que tuvo que cerrar solo unos días después del dictamen.
Y es que algunos estados, como Alabama o Texas, no tardaron ni un mes en poner en marcha legislaciones severamente restrictivas porque ya las tenían preparadas. Son normas que solo permiten abortar en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer embarazada o el feto. Otros se fueron sumando progresivamente. Idahio y Tennesse lo hicieron en septiembre de 2022 y Dakota del Norte el pasado abril.
En todos ellos los abortos se han desplomado en este tiempo: en Texas, por ejemplo, se han dejado de practicar 36.970 mientras que en Tennessee han sido 13.930, 9.110 en Luisiana o 7.260 en Wisconsin. A ellos se suman los estados donde solo es posible abortar libremente hasta la sexta semana de gestación. Así ocurre en Georgia, donde el Tribunal Supremo acaba de ratificar su norma Ley LIFE (vida), que registra una caída de 19.660 intervenciones.
En el otro lado, están aquellos estados que han experimentado aumentos “repentinos”, como los denomina el informe y que forman parte del grupo que cuenta con normas que, o bien protegen el derecho e incluso lo han blindado todavía más, o cuentan con algún tipo de restricción pero son más garantistas que sus vecinos. En Illinois los abortos han crecido en 21.500, en Florida en 20.460 y en California en 8.810, por ejemplo.
Además, los abortos realizados en clínicas online también han escalado en aquellos estados en los que está permitido, donde los centros envían a las mujeres los fármacos necesarios para abortar y dirigen el proceso médico a distancia. Así, estas intervenciones han subido de un promedio mensual de 4.045 a 6.940, pasando a representar algo más del 8% del total, calcula el estudio.
Cruzar fronteras para abortar
En la práctica, los aumentos en varios territorios están enmascarando el desplome en otros tantos, un efecto paralelo que provoca “una alteración total” en el sistema de salud y en la vida de las mujeres en el país, afirmaba en el lanzamiento del informe Ushma Upadhyay, co-directora de WeCount e investigadora en el programa de salud reproductiva de la Universidad de California San Francisco. “Nuestra capacidad para acceder a una atención sanitaria segura y eficaz no debería depender del estado en el que vivamos o de nuestra capacidad para viajar”, añadía la experta.
Una de las interpretaciones que pone sobre la mesa la Sociedad de Planificación Familiar es que en aquellos estados en los que se prohibió prácticamente del todo el aborto, quienes tuvieron que acceder a él o bien no pudieron y continuaron con un embarazo que no deseaban, o bien se “autogestionaron” la interrupción o se vieron obligadas a viajar a otros estados para abortar. De hecho, los mayores aumentos se dan en estados que aunque algunos cuentan con ciertas restricciones, hacen frontera con otros en los que directamente se ha prohibido la prestación.
Es algo que corroboran las propias clínicas. Amber Gavin, de la clínica Woman's Choice, que cuenta con locales en Florida y Carolina del Norte, ha definido el impacto de la decisión como “devastador” y asegura que en los estados en los que tiene presencia, los centros “están esforzándose” para satisfacer las necesidades de las mujeres que viven en ellos, pero también de las de fuera. “Hemos tenido una gran afluencia de personas que viajan para abortar”, afirma Gavin, que teme por las prohibiciones que planean precisamente sobre Florida y Carolina del Norte.
Una “tirita para la herida” es como denomina lo que está ocurriendo Megan Jeyifo, directora del Chicago Abortion Fund, que se encarga de prestar apoyo para abortar, también a aquellas mujeres que tienen que trasladarse de otros estados con ayudas económicas para los viajes y estancias. En Illinois el aborto es legal hasta las entre 24 y 26 semanas de embarazo y toda su frontera sur toca con estados con políticas muy férreas como Indiana, Misuri o Kentucky. “Estamos comprometidas para llenar los vacíos, pero es inaceptable que en 2023 haya personas que tengan que cruzar fronteras, atravesar pesadillas logísticas o afrontar altos costes para abortar”, lamenta Jeyifo.
La movilización proelección
Pero más allá del efecto perjudicial del dictamen en la parte antiaborto del país, ha habido consecuencias inesperadas en la parte proelección. Y es que para intentar defender el derecho al aborto, la apuesta en varios estados y por parte de distintos actores se ha redoblado por varias vías, según ha identificado la Sociedad de Planificación Familiar.
Allí donde sigue siendo legal, las clínicas “han aumentado sus esfuerzos” para agilizar procesos, se han creado algunos nuevos centros que ofrecen la prestación online a precios más bajos, se han aprobado algunas normas que protegen a las clínicas, algunas incluso con medidas de financiación para residentes de otros estados. Además, hay más centros y grupos de apoyo dispuestos a ayudar, más información disponible y una “movilización comunitaria” que ha podido llevar a “una reducción del estigma”.
Así, “es posible que algunas personas con necesidades de aborto insatisfechas que no habrían podido superar las barreras estructurales antes de la sentencia puedan ahora obtener la prestación”, concluye el informe sobre el ligero aumento del número total de abortos en el país en relación a un año antes. Aún así, en Estados Unidos, las interrupciones voluntarias del embarazo llevan creciendo desde 2017.
Con todo, el estudio llama la atención sobre cómo está impactando la decisión en aquellas personas más vulnerables. De hecho, las mayores caídas en el número de abortos se produjeron en los estados con mayores desigualdades estructurales y sociales, afirma el informe, que detalla que hay multitud de personas que no pueden plantearse viajar para interrumpir su embarazo, entre ellas, las que tienen un menor nivel socioeconómico, las jóvenes, las personas presas o en libertad condicional con limitaciones para viajar, las migrantes o las mujeres que cuidan de otras personas.