El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos acaba este lunes 17 de julio, con muchas dudas sobre su renovación y sobre el futuro del caladero para los barcos afectados, principalmente de Andalucía, Canarias y Galicia. Las negociaciones entre europeos y marroquíes para su renovación dependen de la futura decisión del Tribunal de Justicia de la UE tras el recurso europeo registrado en contra de la sentencia comunitaria que anuló el acuerdo pesquero por no tener en cuenta al Sáhara Occidental.
En 2021, la Justicia comunitaria determinó que tanto este convenio como el acuerdo de asociación con el país norteafricano -que afecta al comercio de alimentos como los tomates- no habían tenido en consideración los intereses de la población saharaui, en cuyas costas están los caladeros de los que se benefician los barcos comunitarios. La sentencia comunitaria recurrida concluyó que, en la medida que los acuerdos se aplican expresamente al Sáhara Occidental y afectan al pueblo de dicho territorio, requerían que se obtuviera su consentimiento. Y consideraba al Frente Polisario como un interlocutor válido en calidad de representante de los saharauis.
Si la sentencia esperada es favorable a los europeos, habría margen pero si ocurre lo contrario, sería muy difícil renovarlo por excluir los caladeros del Sáhara, según han reconocido fuentes del sector y de la Comisión Europea. La semana pasada, la UE y Marruecos han mantenido contactos, en un comité mixto celebrado en Bruselas.
Ante este escenario, por parte del Sáhara Occidental, el Frente Polisario inició a principios de mes conversaciones con pescadores canarios a los que está dispuesto a otorgar licencias para que puedan faenar en aguas del Sahara Occidental, de forma que su actividad no se vea interrumpida por el fin del acuerdo entre la UE y Marruecos, que vence el 17 de este mes. Ante este escenario, el movimiento de liberación nacional saharaui propone comenzar a otorgar licencias de pesca directas de un año de duración a pescadores españoles, lo que tendría que aprobar el Gobierno de España, si bien aspira a firmar con la Unión Europea un “acuerdo global” sobre relaciones comerciales basado en políticas de buena vecindad, tal y como propuso en 2017, según afirmó el abogado del Polisario ante las instancias europeas, Guilles Devers.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas “no” le ha dado “mayor valor” a las conversaciones iniciadas por el Frente Polisario con pescadores de Canarias para que puedan faenar en aguas del Sáhara, apuntando que el acuerdo de pesca es “entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea”.
Su importancia
Considerado el pacto pesquero de mayor valor político para España, durante cuatro años ha ofrecido 138 licencias para los buques comunitarios, 93 para la flota española, que sin embargo ha estado aprovechando este año una veintena.
Al contrario que en otras épocas, este lunes no se está produciendo una escenificación notable del fin del acuerdo con la salida de barcos españoles de las aguas marroquíes, ya que en este momento apenas hay presencia de la flota allí. Pero sí existen barcos perjudicados y ahora quedan dudas sobre si pararán su actividad o, por ejemplo, se incorporarán al Golfo de Cádiz o a los caladeros atuneros canarios.
Desde Rabat ha trascendido que Marruecos quiere una nueva visión del protocolo con más valor añadido. Según fuentes del sector el aprovechamiento máximo del acuerdo ha sido de 27 barcos, porque la pandemia o el alto coste del gasóleo provocaron que los pescadores se quedaran faenando más cerca de sus puertos.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han consumido entre el 21 y el 50% de las posibilidades de pesca para España. Aparte de los 93 permisos españoles, el acuerdo ha beneficiado a navíos de Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia dedicados principalmente a especies pelágicas (sardina o arenque) para la fabricación de harinas.
A cambio del acceso de la flota, Marruecos ha recibido una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, incluyendo el apoyo sectorial y el canon pagado por los armadores, de alrededor de 12 millones.
Antecedentes
La importancia del acuerdo va más allá del valor económico y social para la flota afectada, y su rumbo ha tenido implicaciones diplomáticas y políticas para España y para la UE. También existen antecedentes de otros protocolos que se paralizaron, con consecuencias duras para la flota impactada.
De hecho, el actual protocolo se empezó a aplicar en 2019, un año después de que en julio de 2018 lo consiguieran cerrar los negociadores comunitarios y marroquíes. Entre esos acuerdos y desacuerdos destaca también la suspensión entre 1999 y 2007 del protocolo, que obligó a imponer un plan de reconversión a la flota española.
Las relaciones pesqueras entre España y Marruecos se remontan a los años 50 del siglo pasado y las competencias fueron asumidas por la UE con la entrada de España en dicho organismo en 1986.
Cepesca ha solicitado que los negociadores “trabajen” y definan “lo antes posible” las condiciones técnicas que guiarían la eventual renovación del acuerdo.