- La opinión de Amy Goodman y Denis Moynihan de Democracy Now! sobre el riesgo al que se exponen los activistas climáticos en el mundo
Hace poco más de un año, el 31 de julio de 2018, al salir de su casa en Jersón, Ucrania, la vicealcaldesa Katerina Handziuk sintió cómo algo le salpicaba en la cabeza y el rostro. Le arrojaron un litro de ácido sulfúrico. Con quemaduras en la mitad de su cuerpo, estuvo cerca de la muerte. En los meses previos al ataque, Handziuk había acusado a varios funcionarios locales de connivencia con la tala ilegal en el cercano bosque de Oleshky.
Pasó varios meses convaleciente en el hospital y murió finalmente por las heridas el 4 de noviembre. Tras las protestas y la presión internacional, varios sospechosos fueron arrestados. Sin embargo, la familia y los partidarios de Handziuk alegan que se encubrió y protegió a los cabecillas del ataque desde las esferas más altas de la élite política ucraniana.
El brutal ataque contra Katerina Handziuk es solo uno de los 164 asesinatos de ecologistas y defensores del medio ambiente acontecidos en 2018, catalogados en un nuevo informe titulado '¿Enemigos del Estado?: cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente'.
Publicado por Global Witness, una ONG internacional que trabaja para proteger los derechos humanos y el medio ambiente y denuncia la corrupción, el informe señala que “probablemente la cifra real sea mucho mayor, porque los casos a menudo no se registran y rara vez se investigan”.
El informe tiene un carácter global. Filipinas, Guatemala y Brasil han sido algunos de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra en 2018. El ritmo de la violencia en Brasil no ha dejado de acelerarse desde que el reaccionario de extrema derecha y negador del cambio climático Jair Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019.
“Jair Bolsonaro fue electo tras prometer llevar adelante una campaña anti medio ambiente. Lamentablemente, está cumpliendo con lo prometido. El departamento responsable de combatir la deforestación, el Ministerio del Medio Ambiente, fue virtualmente desmantelado”, denunció Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de organizaciones de la sociedad civil brasileña, en una entrevista para Democracy Now!.
Desde que Bolsonaro asumió el cargo, la tasa de destrucción de la selva amazónica ha aumentado en casi un 40%. El pulmón del planeta juega un papel vital en la regulación del clima mundial.
En mayo, ocho ex ministros de Medio Ambiente brasileños advirtieron que “nos enfrentamos al riesgo de una deforestación descontrolada de la Amazonia”. Una de estas personas llegó a afirmar que Brasil se está convirtiendo en un “exterminador del futuro”.
A finales del mes de julio, Emyra Wajapi, líder de la tribu indígena wajapi de la Amazonia, fue asesinado por un grupo de entre diez y quince hombres armados que formaban parte de una operación minera ilegal.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también expresidenta de Chile, calificó su asesinato de “trágico y censurable en sí mismo”. También advirtió del inquietante síntoma del creciente problema de la invasión de tierras indígenas —especialmente bosques— por parte de mineros, madereros y agricultores en Brasil.
Otro país donde Global Witness señala numerosos asesinatos de activistas es Colombia. La guerra civil de medio siglo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se resolvió en 2016 con un histórico acuerdo de paz.
Sin embargo, desde que las FARC depusieron las armas y sus miembros se unieron a la sociedad civil colombiana, más de 500 líderes sociales y comunitarios han sido asesinados. Muchos culpan al gobierno derechista del presidente Iván Duque de no implementar disposiciones clave del acuerdo de paz.
Luis Gilberto Murillo, exgobernador del estado predominantemente afrocolombiano de Chocó y exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, declaró a Democracy Now! que “las personas están siendo asesinadas por exigir derechos básicos. En particular, los derechos de acceso a la tierra y de ser libres en sus territorios”.
“La forma de evitar estos asesinatos es implementar totalmente el proceso de paz, porque este proceso tiene algunas disposiciones para proteger a los líderes sociales. Por ejemplo, hay una comisión nacional para garantizar la protección de los líderes sociales en el país y esa comisión no ha sido convocada regularmente por el gobierno actual”, añadió.
Recientemente salió a la luz un impactante vídeo que muestra los momentos posteriores al asesinato de la reconocida activista comunitaria Maria del Pilar Hurtado en Colombia, en el que se ve a su hijo gritar y llorar junto a su cadáver.
La grabación desató un día nacional de protestas que congregó a miles de personas en Bogotá, la capital de Colombia, así como manifestaciones en solidaridad por todo el mundo. Murillo se encontraba entre los manifestantes que protestaron frente a la residencia del embajador colombiano en Estados Unidos, en Washington D.C.
Los activistas que defienden el medio ambiente en la primera línea de batalla están haciendo todo lo posible para salvar el planeta a costa de poner en riesgo su libertad y sus propias vidas. Lo menos que podemos hacer en Estados Unidos, es exigir un mundo donde las personas que se dedican a esta tarea crucial y urgente puedan hacerlo sin persecución, daño o incluso la muerte. Necesitamos que esta lucha épica para evitar la catástrofe climática crezca aún más rápido que el calentamiento global.