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La Administración Trump eleva su ofensiva contra Harvard y envía citaciones por los estudiantes extranjeros: “Propugnan el terrorismo”

Personas caminan frente a la biblioteca de la Universidad de Harvard.

Andrés Gil

Corresponsal en Washington —
9 de julio de 2025 14:54 h

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La Administración Trump no se da un respiro en su ofensiva contra las universidades, en particular contra la de Harvard, la más reacia a ceder. Así, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado este miércoles que ha enviado citaciones administrativas a la universidad “tras numerosas solicitudes previas para entregar información relevante sobre estudiantes extranjeros”. Los requerimientos administrativos pueden ser enviados por algunos organismos de la Administración estadounidense sin necesidad de autorización judicial. Si no se cumple con ellos, puede acarrear consecuencias legales.

“Intentamos hacer las cosas por las buenas con Harvard. Ahora, debido a su negativa a cooperar, tenemos que hacerlo por las malas”, ha declarado la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin: “Harvard, al igual que otras universidades, ha permitido que estudiantes extranjeros abusen de sus privilegios con el visado y propugnen la violencia y el terrorismo en el campus. Si Harvard no defiende los intereses de sus estudiantes, nosotros lo haremos”.

El Gobierno de EEUU reacciona así contra el movimiento estudiantil en solidaridad con Palestina y en contra del genocidio israelí en Gaza.

Lo que está pidiendo ahora la Administración Trump a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es que “Harvard entregue registros, comunicaciones y otros documentos relevantes para la aplicación de las leyes de inmigración desde el 1 de enero de 2020”.

El pasado 16 de abril de 2025, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “exigió a Harvard información sobre la criminalidad y la mala conducta de estudiantes extranjeros en su campus”, informa el departamento: “La secretaria Noem advirtió de que la negativa a cumplir con esta orden legal resultaría en la cancelación del programa para extranjeros, y el 22 de mayo, ordenó cancelar la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de la Universidad de Harvard”.

“Otras universidades e instituciones académicas a las que se les pide que presenten información similar deben tomar nota de las acciones de Harvard y sus repercusiones al considerar si cumplir o no con solicitudes similares”, afirma el Departamento de Seguridad Nacional con todo amenazante.

Hace diez días, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) comunicó un dictamen en que aseguraba que la Universidad de Harvard había infringido la ley federal de derechos civiles, y acusaba a Harvard de “mostrar una indiferencia deliberada ante el entorno hostil al que se enfrentaban sus estudiantes judíos e israelíes”. En realidad, lo que persigue la Administración Trump es la libertad de estudios que se ejerce en la universidad y de expresión de estudiantes que denuncian el genocidio israelí en Gaza.

“Si no se introducen los cambios adecuados de inmediato, se perderán todos los recursos financieros federales y se seguirá deteriorando la relación de Harvard con el Gobierno federal”, amenazaba la Administración en la carta enviada al presidente de la universidad, Alan Garber: “Por supuesto, Harvard puede seguir funcionando sin beneficios federales”.

La Administración argumentaba que se produce acoso “a estudiantes judíos e israelíes por parte de otros estudiantes y profesores desde el 7 de octubre de 2023 hasta la actualidad”, y que la norma “prohíbe a los beneficiarios de ayuda financiera federal discriminar en sus programas y actividades por motivos de raza, color o nacionalidad, lo que incluye la discriminación contra personas por su identidad o ascendencia israelí o judía, real o percibida”.

La Administración Trump explica que “entre los años fiscales 2023 y 2025, Harvard y sus sub-beneficiarios han recibido más de 794 millones de dólares en ayuda financiera federal del HHS”.

Trump lleva meses en guerra con Harvard, después de que esta rechazara una serie de exigencias del Gobierno destinadas a abordar las quejas de los conservadores de que la universidad se ha vuelto demasiado progresista y ha tolerado el activismo propalestino.

Notificación a la entidad acreditadora

Los Departamentos de Educación y de Salud y Servicios Humanos han notificado este miércoles a la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra que su institución miembro, la Universidad de Harvard, “infringe las leyes federales antidiscriminación y, por lo tanto, podría no cumplir con los estándares de acreditación establecidos por la Comisión”, explica el Departamento en un comunicado:

Los “estándares de acreditación” de la Comisión establecen que sus instituciones miembros deben adherirse a “políticas y prácticas no discriminatorias en materia de reclutamiento, admisión, empleo, evaluación, medidas disciplinarias y ascensos”. Y, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Universidad de Harvard “infringe la ley federal de derechos civiles” y “existen pruebas contundentes que sugieren que la institución podría ya no cumplir con los estándares de acreditación de la Comisión”.

La secretaria de Educación de EEUU, Linda McMahon, ha declarado: “Al permitir que el acoso y la discriminación antisemitas persistan sin control en su campus, la Universidad de Harvard ha incumplido su obligación con los estudiantes, los educadores y los contribuyentes estadounidenses. El Departamento de Educación espera que la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NEC) haga cumplir sus políticas y prácticas, y que lo mantenga plenamente informado de sus esfuerzos para garantizar que Harvard cumpla con la ley federal y los estándares de los organismos de acreditación”.

“Cuando una institución, por muy prestigiosa que sea, abandona su misión y no protege a sus estudiantes, pierde la legitimidad que la acreditación busca mantener”, ha afirmado el secretario del Salud, Robert F. Kennedy, Jr.

El 3 de febrero, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) inició una investigación sobre la Facultad de Medicina de Harvard, basándose en denuncias de supuestos incidentes antisemitas durante su ceremonia de graduación de 2024. El 7 de abril de 2025, la OCR amplió el alcance de la revisión al período comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y la actualidad. El 10 de marzo, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación envió una carta a la Universidad de Harvard amenazando de medidas coercitivas.

El 30 de junio, el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo notificó a Harvard que la Oficina de Derechos Civiles determinó que la universidad actuó “con deliberada indiferencia ante la discriminación y el acoso contra estudiantes judíos e israelíes en su campus desde el 7 de octubre de 2023 hasta la fecha” y le acusó de violar el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe a los beneficiarios de fondos federales discriminar por motivos de raza, color u origen nacional.

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