La extrema derecha sigue su camino ascendente. Las formaciones ultraconservadoras y ultraderechistas han aumentado su representación en las elecciones europeas. Gobiernan o cogobiernan en varios países europeos desde que los populares rompieron el cordón sanitario que en la campaña electoral también amagaron con levantar en la UE. Pero, ¿quiere eso decir que va a comenzar el desmontaje de todas las políticas europeas, como la agenda verde? Afortunadamente la política europea es compleja y darle un giro de 180º no es fácil.
Para empezar, el PPE ha tendido la mano a socialistas y liberales para mantener la alianza que ha regido la UE en los últimos cinco años, después de que el bipartidismo que había funcionado en las décadas anteriores desapareciera. Pero el margen de esa mayoría se ha achicado –representan el 55% de los escaños de la Eurocámara, que hace apenas unos años sumaban sólo los populares y socialistas– y obliga a buscar apoyos más allá, al menos para garantizar que la Comisión Europea eche a andar.
Por mucho que el PPE tenga impulsos de mirar a su derecha para sustentar la mayoría de la presidencia de la Comisión Europea, como apuntó Ursula von der Leyen en la campaña, sólo tiene un puñado de delegaciones que puede considerar ‘aceptables’ bajo sus premisas de proeuropeos, anti-Putin y defensores del estado de derecho. Además, la posibilidad de que algunas de las delegaciones de la extrema derecha entren en la ecuación le genera al PPE más problemas a la hora de armar la mayoría porque socialistas y liberales dan la espalda a esa cuadratura, por lo que los verdes pueden jugar un papel clave.
La división de los ultras les resta influencia
La amalgama de partidos que conforman los grupos de la extrema derecha presentan profundas divisiones entre sí y no funcionan como un bloque compacto. Cada uno responde fundamentalmente a sus intereses nacionales. Eso le hace tener menos poder de influencia y capacidad de negociación frente a otros grupos que, a pesar de no tener la misma disciplina de voto que en los parlamentos nacionales, son más compactos y confiables a la hora de llegar a acuerdos legislativos en los que los grupos de la extrema derecha.
La propia división de esas formaciones se explicitó en la propia campaña electoral, cuando Marine Le Pen y Matteo Salvini rompieron con Alternativa por Alemania después de que su candidato se pasara de frenada en unas declaraciones sobre las SS. La decisión salomónica se tradujo en su expulsión del grupo Identidad y Democracia que han compartido esta legislatura. Fue un gesto justo antes de que la líder de la Agrupación Nacional francesa invitara a Meloni a formar un ‘supergrupo’ en la Eurocámara. Al mismo tiempo, la posibilidad de que Viktor Orbán se sume al grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) que lidera Giorgia Meloni ha generado suspicacias en los miembros checos y suecos, que rechazan su cercanía a Putin.
En las próximas semanas se deshojará la margarita de cómo quedan finalmente articulados los grupos de la extrema derecha, que tienen 131 escaños de acuerdo a la antigua conformación de la Eurocámara (repartidos en ECR e ID), pero que pueden acabar siendo distintos en esta legislatura y articulándose incluso en tres, teniendo en cuenta que hay casi un centenar de eurodiputados no adscritos a ningún grupo y entre los que se encuentran importantes delegaciones de ultraderecha, como los quince eurodiputados de Alternativa por Alemania o la decena del Fidezs de Viktor Orbán, entre otros.
La PPE tiene la sartén por el mango
El crecimiento de la extrema derecha sitúa al PPE en una posición de fortaleza a la hora de negociar dado que se puede inclinar hacia un lado u otro. En la anterior legislatura hizo un ensayo con la ley de restauración de la naturaleza, que intentó tumbar y fracasó por un escaso margen y en buena medida porque algunas de sus propias delegaciones se desmarcaron. La tentación ahora será mayor. La suma del PPE con todas las formaciones de la extrema derecha que han obtenido representación pueden superar el 50% de los votos requeridos para rechazar leyes o impulsar enmiendas, aunque el margen será estrecho.
A falta de que se estructuren los grupos parlamentarios, es en la Conferencia de Presidentes, donde el Parlamento Europeo toma algunas decisiones, donde las fuerzas de la derecha pueden hacer más piña (en caso de que la extrema derecha se aglutine) dado que el voto es ponderado y no hay riesgo de fugas como en el Pleno. Lo mismo ocurre en el caso de los coordinadores de las comisiones parlamentarias.
Pero el peso de la actividad legislativa no recae ni mucho menos en la Eurocámara, que es tan solo una de las tres patas y en buena medida la voz cantante la llevan los gobiernos europeos a través del Consejo. La iniciativa regulatoria parte de la Comisión Europea a partir de las orientaciones que recibe de los 27 por lo que el primer paso para desmontar el marco actual tendría que partir de ahí.
No se espera que el futuro ejecutivo comunitario dé marcha atrás en las políticas clave de estos años, aunque su composición será más conservadora que la que se conformó hace cinco años y eso previsiblemente tenga una traslación en las propuestas que lleve a cabo.
El peso de los (pocos) países progresistas en el Consejo
Además de las votaciones en el Parlamento, las iniciativas tienen que salir adelante en el Consejo, donde están representados los gobiernos de los 27 y ahí se pueden articular minorías de bloqueo para frenarlas. Normalmente, la legislación europea recibe el visto bueno del Consejo con mayoría cualificada (un 55% de estados miembros que representen un 65% de la población comunitaria) o, para determinados temas (como fiscalidad o política exterior), con unanimidad.
Pero cuatro estados miembros pueden votar en contra de una iniciativa estableciendo una minoría de bloqueo. Ahí pueden tener un importante rol países gobernados por los progresistas, como España, Alemania, Malta o Eslovenia, y jugar con otros en manos de los liberales, como Francia, Bélgica o Estonia.
Por tanto, a pesar del crecimiento de la extrema derecha, hay margen de maniobra para frenar la derechización en el engranaje de la UE.