Amnistía Internacional (AI) celebró hoy la liberación de Maira Figueroa, condenada a 30 años de cárcel por abortar en El Salvador tras sufrir un problema obstétrico, y exigió la despenalización de esta práctica y que las mujeres encarceladas por situaciones similares sean liberadas.
La salvadoreña Maira Verónica Figueroa, condenada a 30 años de prisión por abortar, recuperó este martes su libertad tras cumplir 15 y recibir la conmutación de la pena por parte del Gobierno de El Salvador, tras un dictamen favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Si bien es un gran alivio que la sentencia de Maira se haya reducido y que haya sido liberada, la historia real sigue siendo una tragedia (...) El Salvador debe despenalizar el aborto sin demora e inmediatamente dejar en libertad las mujeres encarceladas por haber abortado o haber sufrido emergencias obstétricas”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado.
Indicó que “el hecho de que Maira haya pasado 15 años tras las rejas y le hayan quitado casi la mitad de su vida es una ilustración desgarradora de todo lo que está mal con el sistema de justicia en El Salvador”.
“La prohibición total del aborto en El Salvador está causando dolor y sufrimiento a innumerables mujeres y sus familias, y claramente viola sus derechos humanos”, agregó Guevara-Rosas.
El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.
En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, mientras la oposición ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.
El pasado 5 de febrero, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una “moratoria” para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.