La justicia alemana ha condenado este miércoles a cuatro años y medio de prisión a un exagente de los servicios secretos sirios en el primer juicio del mundo por crímenes cometidos por el gobierno del presidente Bashar al-Asad. La Audiencia de Coblenza ha declarado culpable por complicidad en torturas a Eyad al-Gharib, exmiembro de la inteligencia militar y al que se juzga en Alemania junto con Anwar Raslan, exmando de los servicios secretos, cuya sentencia se espera en los próximos meses.
La sentencia contra Gharib es la primera que se dicta en este proceso, que crea un precedente por ser el primero en el mundo en que se juzga por delitos de lesa humanidad a miembros del régimen sirio. La acusación contra este exagente se separó de la correspondiente al principal procesado, lo que ha acelerado el procedimiento.
Al condenado, de 44 años, se le imputaba complicidad en el transporte a una prisión a prisioneros del servicio secreto sirio, a los que se sometió sistemáticamente a torturas. “El acusado es condenado a cuatro años y seis meses por complicidad en un crimen contra la humanidad en forma de tortura y privación de libertad”, ha dicho la jueza Anne Kerber.
La Fiscalía, que pedía para el acusado cinco años y medio de cárcel, imputaba a Gharib haber entregado a los servicios secretos a unos 30 detenidos, en 2011, que fueron torturados durante su encarcelamiento. La defensa había solicitado su libre absolución, con el argumento de que el procesado cumplía órdenes de sus superiores y que, de haberse negado, habría sido acusado de deserción, lo que se castiga con la pena de muerte. El proceso en Alemania se rige por el principio de la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad.
El caso contra Gharib se basó en cientos de horas de testimonios de supervivientes, desertores con información privilegiada y en el análisis médico forense de los archivos de César: 50.000 imágenes tomadas por un desertor de la policía militar que muestran los cadáveres de al menos 7.000 personas muertas de hambre o torturadas dentro de los centros de detención del régimen. Los archivos se sacaron en secreto del país en 2014.
Durante el proceso, más de una docena de hombres y mujeres sirios subieron al estrado para testificar sobre los atroces abusos que sufrieron en Al Jatib, conocido por la oposición siria como “el infierno en la tierra”. Algunos testificaron de forma anónima por temor a represalias contra sus familiares que aún permanecen en el país. Declararon que habían sido violados, golpeados, colgados del techo durante horas, sometidos a descargas eléctricas, privados de sueño y con las uñas arrancadas por los torturadores.
“Esta decisión es histórica porque condena a todo el sistema criminal que es el régimen sirio. Gharib es un solo hombre, pero formaba parte de una maquinaria organizada con órdenes de detener a civiles pacíficos, hacerlos desaparecer, torturarlos, matarlos y esconder sus cuerpos en fosas comunes”, ha declarado Anwar al-Bunni, testigo de la acusación que fue detenido por Raslan y que en Siria trabajaba como abogado representando a supervivientes.
La sentencia “envía un mensaje claro al gobierno sirio de que los responsables de las horribles violaciones serán llevados ante la justicia”, ha dicho Lynn Maalouf, la directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. También ha señalado que en los diez años desde el comienzo de las protestas en Siria “la comunidad internacional se ha quedado corta a la hora de tomar medidas concretas ante las atroces violaciones que se están produciendo y de hacer rendir cuentas a los responsables.”
“Hacemos un llamamiento a más Estados para que sigan el ejemplo de Alemania investigando y enjuiciando a las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra u otros crímenes de derecho internacional en Siria a través de sus tribunales nacionales en virtud del principio de 'jurisdicción universal'”, ha dicho Maalouf. “También reiteramos nuestro llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que remita urgentemente la situación en Siria a la Corte Penal Internacional a fin de garantizar que los autores de todas las partes del conflicto, incluidos los ”máximos responsables“ (funcionarios y mandos de alto rango), se enfrentan a la justicia.”
Los acusados se presentaron como solicitantes de asilo
Ambos procesados llegaron a Alemania en 2014, dos años después de abandonar su país, y se registraron como solicitantes de asilo un año antes de que la canciller alemana Angela Merkel abriera las fronteras a los refugiados. Otros refugiados les identificaron como antiguos miembros de los servicios secretos del régimen, a lo que siguieron complejas indagaciones de la fiscalía alemana hasta presentar acusación formal contra ambos por torturas. Fueron detenidos en 2019, acusados por los fiscales de ser “piezas del engranaje” de un aparato de seguridad en el que la tortura se lleva a cabo a “casi escala industrial”.
A Raslan la fiscalía le imputa 58 cargos por asesinato y 4.000 por torturas. Se trata del número de víctimas que se estima murieron o fueron torturadas mientras el procesado era el responsable militar de la prisión de Al Jatib, en Damasco, entre abril de 2011 y septiembre de 2012. Su juicio comenzó el 23 de abril del año pasado, en el que también se sentó como acusado Eyad al-Gharib, por presuntamente desempeñar en Damasco un papel menor como subordinado de Raslan. Si lo declaran culpable, Raslan se enfrenta a cadena perpetua.