El exdiputado federal de Brasil Roberto Jefferson, un aliado muy próximo del presidente Jair Bolsonaro, provocó este domingo una crisis política e institucional en el país, cuando queda una semana para la segunda vuelta de las elecciones. El político —conocido, en su momento, por sus denuncias sobre presunta corrupción del gobierno de Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores en el caso conocido como Mensalao— decidió negarse a una orden de detención contra él con disparos de ametralladora y granadas de mano.
Los balazos y las granadas lanzadas por el ex congresista impactaron en dos vehículos de la Policía Federal, con dos agentes heridos. El también exlíder del Partido Laborista Brasileño (PTB) se entregó a las 19 horas.
El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, dio la orden de encarcelarle tras acusar a Jefferson por perseguir “el objetivo de dificultar, frustrar o impedir, el proceso electoral”, a través de la difusión de videos en las redes sociales. En un post, el político insulta en forma muy agresiva a la jueza de la Corte, Carmen Lúcia, a quien trata de “prostituta”.
El presidente Bolsonaro y su vicepresidente, el general Hamilton Mourao, han repudiado “la acción armada” de su aliado. Pero acto seguido han cuestionado al Supremo Tribunal Federal por haber instruido un proceso “sin ningún respaldo en la Constitución y sin actuación del Ministerio Público”. Bolsonaro ha mandado al ministro de Justicia a Río de Janeiro “para acompañar el desarrollo de este lamentable episodio”.
Jefferson cumplía prisión domiciliaria desde enero por un proceso en el que se lo acusa de ser miembro de una “organización delictiva contra el Estado Democrático de Derecho”. El excongresista no podía recibir a dirigentes de su partido ni tampoco a visitas ni conceder entrevistas. Al mismo tiempo, las normas penales le prohíben compartir noticias falsas sobre la Corte y sus ministros. El incumplimiento de la legislación fue lo que decidió a Moraes a enviar al político a la cárcel.
El ministro de Justicia fue a mediar
El ministro de Justicia, Anderson Torres, se presentó en la residencia durante la tarde para mediar en el conflicto de resistencia armada. Según se dijo, buscaba arreglar la rendición de Jefferson, pero para la Corte esa interferencia fue, sin embargo, ilegal. De acuerdo con expertos en derecho penal, el presidente cometió “un grave error” al colocar a un ministro de Estado en las negociaciones. Según un analista citado por el diario O Globo, el jefe de Estado mostró de esta manera “que sus aliados tienen un tratamiento privilegiado cuando cometen delitos bajo su gobierno”. De acuerdo con el diario carioca, el sector de inteligencia de la Policía Federal creía “que Jefferson coordinaría ataques para desestabilizar” los días previos a las elecciones. De hecho, en el domicilio del político se encontró un auténtico arsenal.