Alianzas contra la agenda de derechos de la mujer en Perú

Una velada confrontación con cinco días de diferencia se presentó a inicios de octubre en las puertas del Poder Legislativo peruano y expuso la postergada agenda de derechos sexuales y reproductivos en el país. El primer día de ese mes, la congresista del partido de izquierda Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció un Proyecto de Ley para despenalizar el aborto en casos de violación, como ya ocurre en otros 6 países de América Latina (Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, México y Argentina). 

Solo unos días después, el 6 de octubre, la congresista de Renovación Popular y pastora de la iglesia evangélica La Casa del Padre, Milagros Jáuregui de Aguayo, realizó una conferencia de prensa acompañada de algunos colectivos y anunció otra iniciativa, esta vez, un proyecto de ley para otorgarle derechos al embrión desde la concepción. “Estamos luchando juntos por los que no tienen voz, pero sí tienen derechos”, señaló la parlamentaria.

El Perú es uno de los pocos países de la región en el que el aborto está penalizado en todos los casos (incluida la causal de violación). Solo se permite este procedimiento por razones terapéuticas, cuando peligra la salud de la gestante. Comparado con el resto de Latinoamérica, Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre el tema. 

Por ello, el episodio en el Congreso de la República revela una pugna inminente: de un lado, quienes defienden una agenda que promueve los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTBIQ, y el enfoque de género como eje transversal de las políticas públicas; y del otro, un sector recalcitrante de los sectores más conservadores, que consolida su presencia en diferentes partidos y espacios políticos. En el actual Congreso, estos grupos están representados en bancadas como la de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País. 

Uno de los opositores más mediáticos es el líder del partido Renovación Popular y excandidato a la presidencia, Rafael López Aliaga. Alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta electoral con 11,75%. Durante su campaña impulsó un discurso violento, de odio y basado en la desinformación. También ha arremetido contra lo que él llama “Nuevo Orden Marxista” que, según dice, propone controlar al Estado para que el comunismo se dedique a promover el aborto y a homosexualizar a la población. 

El discurso ultraconservador de Renovación Popular y de los grupos extremistas que lo apoyan, replica mensajes ya vistos en Brasil –con el presidente Jair Bolsonaro a la cabeza– y en Argentina -con el ascenso del economista Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre. 

A ellas se suman otras voces desde España. En septiembre, la comitiva conformada por el vicepresidente y diputado del partido de ultraderecha Vox Víctor González, el eurodiputado Hermann Tertsch y el director de la Fundación Disenso, Martín Frías, trajo a Lima la “Carta de Madrid” y consiguió adhesiones “en defensa de la democracia y la libertad” de líderes de tres organizaciones políticas: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, suscribió la carta y comentó en su cuenta de Twitter que ambos partidos comparten su “preocupación sobre el avance del comunismo”. El mismo día, los legisladores de Renovación Popular, los exalmirantes Jorge Montoya y Jose Cueto Aservi, recibieron a Vox en la Sala Bolognesi del Congreso; al igual que el congresista Jose Daniel Williams Zapata del partido Avanza País (liderado por el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto). 

¿De qué manera estos encuentros y alianzas podrían impactar en las futuras discusiones legislativas en torno a los derechos sexuales, civiles y sociales de los peruanos? En OjoPúblico entrevistamos a investigadores, especialistas y activistas sobre el futuro de los temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos en un entorno parlamentario tan conservador como el actual.

El panorama en el Legislativo

Un sondeo de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado en octubre, concluye que entre abril 2020 y agosto 2021 la desaprobación del Congreso creció de 42% a 61%. A esta ciudadanía recelosa del Congreso, se suma la inexperiencia y falta de cuadros del partido de Gobierno. 

Perú Libre no tiene mayoría parlamentaria, ni incluyendo a sus aliados políticos como Juntos por el Perú. Los partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular superan juntos no solo al oficialismo en el Parlamento sino también a las demás organizaciones políticas más afines a una agenda de derechos como Juntos por el Perú y el Partido Morado (del centro liberal) en alianza con Somos Perú.

Un mapeo realizado este año por la asociación civil Manuela Ramos, señala que de los 130 congresistas electos, 40 podrían considerarse como actores favorables a las políticas de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos, dice el informe, la bancada de Juntos por el Perú es la única cuyos miembros, en su totalidad, apoyan estas medidas preventivas contra la violencia de género. 

Otra de las conclusiones del documento afirma que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular tienen una postura bastante homogénea opositora a dichas políticas. Es decir, sus integrantes comparten opiniones muy similares que podrían desembocar en votaciones en bloque. 

Por ejemplo, la congresista Jáuregui de Aguayo aseguró que un aborto voluntario aumenta el riesgo de sufrir problemas psicológicos basándose en un estudio académico del 2009 que, posteriormente, fue desestimado por la comunidad médica por ostentar gruesos errores en metodología, análisis y conclusiones.   

Además considera que el rol de la mujer está sujeto a los designios del esposo: “Tengo que aprender a respetar a Guillermo (Aguayo) como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar (...) ninguna mujer de Dios tiene que socavar la autoridad que Dios le entregó al varón”. Por su parte, Rosangella Barbaran, de Fuerza Popular, utilizó el término “ideología de izquierda” en la campaña para definir a la agenda por igualdad de género, y luego de ser electa afirmó que en la escuela quieren aprovecharse para introducir esa “ideología”.

Una ruta difícil, aunque predecible

¿Qué se puede esperar entonces de las posturas o alianzas de los 130 congresistas durante este periodo de gobierno? 

Para Guillermo Flores Borda, evangélico e investigador en temas de religión y política, estos discursos fueron más útiles durante la campaña electoral que hoy. “La polarización ha vuelto a concentrarse en izquierdas y derechas, debido al voto de confianza y a la crisis política. Te diría que los congresistas más recalcitrantes van a trabajar reactivamente: ante una propuesta progresista, habrá una reacción ultraconservadora. Pero la agenda misma no está centrada en derechos sexuales y reproductivos”, agregó. 

En ese sentido, Flores Borda apunta que los proyectos de ley mencionados al inicio del reportaje “no han trascendido tanto en los medios de comunicación” y un factor de dificultad es que el presidente Castillo es una persona religiosa: él es católico y su familia es evangélica. “Se han encontrado con un muro: no pueden plantear una oposición como con (el expresidente) Sagasti, al que le dijeron ateo incluso”, comentó a OjoPúblico.

Por su parte, para la abogada y exasesora parlamentaria Mariela Belleza –quien trabajó en el 2016 con la congresista Marisa Glave (del grupo parlamentario Nuevo Perú) y en el 2020 con Daniel Olivares (del Partido Morado)– el panorama en Perú respecto a derechos civiles es poco alentador, ya que existe “un reciclaje” de excongresistas en posiciones clave dentro del Congreso y en casi todos los partidos. 

“Está el caso de Omar Chehade y Carlos Mesía asesorando a Renovación Popular, con el único mérito de ser conservadores y llevar años trabajando con actores afines. Además, existe personal nombrado del Congreso cuyas simpatías están ya definidas de antemano y eso lo aprendí cuando ingresé a trabajar por primera vez al Congreso”, agregó.

La contratación de personas vinculadas a organizaciones civiles vinculadas a grupos evangélicos conservadores no es nueva, solo que ahora no destacan líderes como el pastor evangélico Julio Rosas Huaranga, quien fue congresista entre los años 2011 y 2019. 

Primero por el partido Fuerza 2011 (que luego se convertiría en Fuerza Popular) y después por el partido Alianza para el Progreso, con el que cobró notoriedad en el 2017 al convertirse en caja de resonancia de Con Mis Hijos No Te Metas, el colectivo radical liderado por su hijo Christian Rosas que logró convocar a miles de personas en contra del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). 

Actualmente, estas relaciones alcanzan a asesores de comisiones parlamentarias decisivas en estos temas. Por ejemplo, Paola Martínez es vocera de Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam) y directiva de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafarm) pero además es asesora de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista de Renovación Popular Esdras Medina. 

Este parlamentario es un exregidor municipal que cuando intentó postular a la alcaldía de Arequipa propuso terapias de conversión –prácticas consideradas como violatorias de los derechos humanos– para la comunidad LGTBIQ, de modo que pudieran regresar “a su estado natural”. Y hace menos de una semana, ofreció una distinción en el Congreso a la iglesia evangélica Asamblea de Dios de Arequipa por cumplir 50 años de “labor pastoral”.

“Cuando tienes estas alianzas parlamentarias en torno al conservadurismo, cabe preguntarse qué negociaciones en otros rubros no progresistas serán afectados. Por ejemplo, hace poco la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para dar títulos de propiedad en zonas de riesgo no mitigable, es decir, se legaliza una posesión ilegal. ¿Quiénes o qué grupos de poder se benefician si este proyecto se discute y se convierte en ley?”, agrega Belleza. 

La exasesora parlamentaria destaca un rasgo de la facción evangélica pentecostal –aquella que más se moviliza políticamente y está vinculada a partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular– es que comparten la visión del liberalismo económico que estas organizaciones políticas plantean. 

Una reciente investigación del sociólogo protestante Oscar Amat y León, y de la licenciada en Ciencias Teológicas Betsabeth Giovanna Condor Vargas para la ONG Diakonia –organización dedicada a proyectos vinculados con derechos humanos, democracia y justicia de género– señala que las iglesias “neopentecostales” postulan una teología política definida por diversos autores (entre ellos el propio Amat y León) como reconstruccionismo. 

“El reconstruccionismo nos habla del destino que tienen los cristianos de gobernar sus países y reconstruirlos a partir de 'principios bíblicos para el gobierno de las naciones'. En la práctica, estos principios bíblicos vienen a ser una propuesta de gobierno divino bajo la óptica del sistema neoliberal”, explica la investigación “Propuestas y Estrategias Políticas de los Principales Nuevos Movimientos Religiosos en el Perú” (2020). 

Esta no es una mirada ajena a vertientes dentro de la Iglesia católica como el Opus Dei y el Sodalicio de Vida Cristiana, cuyo liderazgo y conexiones con el poder político tienen un correlato en ciertos colegios y universidades de élite. 

El sociólogo peruano Francisco Durand, catedrático en la Universidad de Texas dedicado al estudio de los grupos de poder en Perú y autor del libro “Los Romero: fe, fama y fortuna” (2013) lo explicó en una entrevista para DESCO: “La filosofía o la teología del Opus Dei reconoce el trabajo, pero también la dedicación a la vida cristiana en todo momento, a toda hora. 

Es una orden que enfatiza, como su prima hermana la Familia Sodálite de Luis Figari, la religiosidad en la vida cotidiana (...) Es una orden que no tiene problema con aquellos que acumulan riquezas y fortunas (...) En cierto sentido, el Opus Dei representa la ética católica del capitalismo“.

En la campaña presidencial 2021 algunos sacerdotes se pronunciaron en contra del actual presidente Pedro Castillo cuando todavía era candidato, advirtiendo de sus conexiones con el “comunismo”, un denominación que otros líderes de la ultraderecha han usado también para cuestionar cualquier agenda diferente a la suya. 

Para María Paz de la Cruz, coordinadora de Campañas de Amnistía Internacional en el Perú, resulta sumamente peligroso que ese “enemigo” sea utilizado en una sociedad como la peruana, donde existe miedo incluso a la izquierda recalcitrante por ser asociada al terrorismo de los 80 y 90 en Perú.  

“Estos grupos han logrado asociar al comunismo y a la izquierda con grupos de supuesto libertinaje: feministas, la comunidad LGTBI y la comunidad trans. En otros países incluso a los migrantes. Eso significa que no solo existe una lucha social o cultural sino también una lucha política que profundiza la desigualdad y gana legitimidad en sus pedidos”, afirma Paz de la Cruz.

Así, los discursos contra la agenda de derechos civiles, sexuales y reproductivos han encontrado terreno fértil bajo consignas genéricas como “defensa de la vida” o “proteger a la familia” porque ¿quién podría estar en contra de nociones asociadas al bienestar de las personas?.

“Estos movimientos político-religiosos y de los grupos antiderechos han logrado una afinidad llamativa con el sentido común de un sector de la población (evangélica y no evangélica) a nivel del rechazo de nociones como las de: género, feminismo, homosexualidad y aborto (…) se podría afirmar que han logrado consolidar un liderazgo político y una visibilidad pública importantes”, refiere la investigación de Diakonia antes citada.

En esa línea, para Diana Miloslavich, coordinadora del Programa de Participación Política de Flora Tristán, el reto para las agrupaciones que promueven una agenda de derechos en el Congreso no es convencer únicamente a los miembros de esa institución del impacto que generan en sus representados. También deben conectar con esa parte de la ciudadanía que sí apoya la necesidad de –por ejemplo– frenar la violencia contra la mujer y los feminicidios, pero que no está convencida de por qué el aborto debe ser una opción para mujeres víctimas de violación. O que sí puede empatizar con el deseo de una pareja homosexual por casarse, pero que desaprueba la idea de que puedan adoptar un niño. 

“El soporte ciudadano es fundamental para conseguir que los proyectos de ley no solo salgan en el Congreso sino que se mantengan en el tiempo y no corran peligro de perderse”, afirma.

En su experiencia de más de 30 años de trabajo, esto fue notorio cuando se trabajó la ley de acoso político: se lograron adherencias en el Congreso porque “todas las mujeres de todas las bancadas, sin excepción, vivieron situaciones de discriminación y violencia sexista”. 

Algo distinto ocurrió cuando se buscó discutir el Proyecto de Ley sobre nuevas masculinidades o el Proyecto de Ley sobre crímenes de odio. “Falta una comprensión cotidiana de lo que podría significar la aprobación de una ley 'fundamentalista' en la vida concreta de las personas y de qué manera las afectaría”, agrega Miloslavich. Y eso vale tanto para congresistas como para ciudadanos de a pie.

Una opinión similar tiene Susana Chávez, directora general en Promsex, las organizaciones de derechos humanos deberán negociar dichos consensos porque detrás hay personas que pasan situaciones extremadamente difíciles y no se les puede abandonar. Ese ha sido el caso de dos víctimas de la no aplicación del aborto terapéutico en Perú: dos mujeres que sufrieron al no recibir una atención adecuada y llevar a cabo embarazos de secuelas psicológicas importantes. 

El primer caso data del año 2017, cuando la clínica El Golf fue sancionada por el Tribunal de INDECOPI a pagar 20 UIT por no tramitar debidamente una solicitud de aborto terapéutico, al no considerar el daño a la salud mental (avalado por la psiquiatra de la embarazada en cuestión) que acarreaba el embarazo, así como por dilatar una respuesta y no convocar a una junta médica para la evaluación. 

El segundo caso es mucho más antiguo y dramático: en el 2001, K.L. tenía 17 años cuando un médico del Hospital Loayza de Perú le comunicó que estaba embarazada, pero que había un problema: el feto nacería anencefálico con una esperanza de vida de pocos días. Aún así, no se le practicó el aborto terapéutico. Por el contrario: tuvo un parto natural, se le obligó a amamantar a la recién nacida durante cuatro días e incluso encargarse de vestirla al morir. Recién en el 2015, tras el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a favor de K.L. en el 2005, el Estado peruano cumplió con darle una indemnización en ceremonia privada.

Ha sido una justicia lenta la peruana, pero el panorama parece estar cambiando. Para Chávez, estos avances continúan hasta hoy. “El Poder Judicial ha dictaminado que un niño con dos madres tenga un DNI donde figure el nombre de ambas. Y aunque Reniec haya apelado esta sentencia, hay un juez que se atrevió a reconocer que el debate es el derecho de ese niño a tener una familia que lo ame y no la convencionalidad del matrimonio hombre y mujer”, afirmó. 

Cabe preguntarse entonces si estas pugnas dentro del Congreso podrían contar con un “desempate” desde el Poder Ejecutivo o desde el partido oficialista Perú Libre. Para Ayesha Dávila, comunicadora y activista de Madres en Acción -colectivo de mujeres que surgió en el 2018 para apoyar el enfoque de género para el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB)- tanto el presidente Castillo como varios de los legisladores de Perú Libre tienen una postura conservadora que, aunque no violenta, podría terminar apoyando al ala recalcitrante. 

En abril, en entrevista televisiva, el entonces candidato presidencial afirmó estar totalmente en contra del enfoque de género así como de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario para personas del mismo sexo. “Yo vengo de una familia que me ha criado con valores”, explicó Castillo, pero matizó su opinión anunciando que “en una futura Asamblea Nacional Constituyente podría entrar en el debate” trasladando así la decisión a la ciudadanía.

“Cualquier propuesta progresista que se haga en el legislativo tendrá una contrapropuesta de los grupos antiderechos. No importa si son proyectos inconstitucionales o si tampoco llegan a dictamen, pero estará la intencionalidad y la visibilidad de su agenda. Lo preocupante es que ya sabemos que el Ejecutivo es también muy conservador, no solo por lo que Pedro Castillo dijo en campaña sino por su propia bancada con presencia evangélica y la designación de algunos ministros”, explica Dávila. 

En su opinión, la reunión sostenida semanas atrás entre el ministro de Educación Carlos Gallardo y la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, liderada por el evangélico Edgar Trejo –opositor abierto al enfoque de género y ocasional vocero del colectivo radical Con Mis Hijos No Te Metas– es una señal de que la “humalización” del presidente -como se le llama en Perú al giro del radicalismo hacia la izquierda moderada- no es tal. En todo caso, la situación es más de inquietud que de expectativa.