13.000 presos sirios podrían haber muerto en una campaña de ahorcamientos masivos desarrollada de forma extrajudicial por el Gobierno de Bashar al Asad. Las ejecuciones tuvieron lugar en la cárcel de Saidnaya, en su mayoría a civiles que se cree que eran opositores, según ha denunciado este martes Amnistía Internacional.
En su informe El matadero humano: Ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Saidnaya, la ONG revela que entre 2011 y 2015 se ejecutaba a grupos de unos 50 reclusos hasta dos veces por semana. Los ahorcamientos se perpetraban el centro penitenciario de Saidnaya, en mitad de la noche y en secreto. Hay razones para creer, señala la organización, que ese sistema de ejecuciones continúe en vigor.
Los ahorcamientos solían producirse los lunes o miércoles. Los reclusos eran llamados por sus nombres y se les comunicaba que iban a ser trasladados a otras cárceles, pero, en realidad, eran transferidos con los ojos vendados a otra celda de Saidnaya, donde eran golpeados y después llevados a otro edificio para ser ahorcados, según la ONG.
Un antiguo juez que asistió a estas ejecuciones extrajudiciales explicó a Amnistía Internacional que “se les mantenía (ahorcados) durante 10 o 15 minutos. Algunos no morían porque eran delgados, como los más jóvenes, cuyo peso no les mataba, así que los ayudantes de los funcionarios tiraban de ellos y les rompían el cuello”.
Un gran número de prisioneros ha muerto también por las “políticas de exterminio” de las autoridades, que incluyen torturas repetidas y privación de comida, agua y medicinas, ha asegurado la organización internacional, que para elaborar el documento contactó con 84 testigos entre antiguos reos, jueces, abogados y guardias.
Sin juicio real
La ONG ha destacado que ninguno de los detenidos ahorcados en Saidnaya recibió nada parecido a un juicio real, ya que se les presentaba ante lo que se denomina una Corte Militar de Campaña, en la comparecían uno o dos minutos.
Esos tribunales funcionan fuera del sistema legal sirio y sus sentencias se basan en confesiones extraídas bajo tortura, mientras que los acusados no tienen acceso a un abogado ni se les da la oportunidad de defenderse a ellos mismos.
La subdirectora de Investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut, Lynn Maalouf, ha señalado que “los horrores descritos en este informe revelan una campaña secreta y monstruosa, autorizada al más alto nivel por el Gobierno sirio, con el objetivo de aplastar cualquier forma de disenso dentro de la población siria”.
Maalouf ha explicado que las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra, previstas para finales de este mes, “no pueden hacer caso omiso a estos hallazgos. Poner fin a estas atrocidades del Ejecutivo sirio debe incluirse en la agenda y la ONU debe llevar a cabo de inmediato una investigación independiente”.