En septiembre de este año se cumplirán 50 años del golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende. La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) sentó un hito en el mundo en cuanto a un ensayo de apertura económica draconiana apoyado sobre un régimen represivo que dejó más de 3.000 asesinados y desaparecidos. Después de tres décadas de democracia y cuatro años de protestas históricas que parecían enterrar los resabios de aquel período atroz, los chilenos han otorgado a los herederos políticos del pinochetismo la llave para redactar una nueva Constitución.
Las elecciones del domingo para elegir los 50 consejeros constituyentes dejaron 23 asientos al ultraderechista Partido Republicano (PR), liderado por el reivindicador de Pinochet José Antonio Kast. La alianza gobernante de izquierda Unidad para Chile se ha quedado con 16 escaños y Chile Seguro, conformado por los partidos de derecha Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evolución Política, ha obtenido los restantes 11 asientos.
Con esa configuración, la suma del PR y Chile Seguro -formaciones con muchos puntos en común- se garantiza quórum suficiente para sesionar y aprobar el texto. Por sí solo, el PR tendrá poder de veto en caso de un improbable acuerdo entre la derecha tradicional y el bloque de izquierda.
Razones del cambio
Este puerto de llegada luce irreconocible en el contraste de octubre de 2019, cuando millones de chilenos se volcaron a las calles en las mayores movilizaciones desde el fin de la dictadura, o con las masivas protestas contra la desigualdad educativa protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios en los 15 años previos.
Parecía llegar a su fin el régimen político de la transición entre un bloque de centroizquierda, conformado por los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Radical y Por la Democracia; y otro conservador, de los partidos surgidos con el pinochetismo Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha dura) y Renovación Nacional (centroderecha). Ambas coaliciones mantuvieron diferencias en cuestiones políticas y sociales, pero un consenso económico con pocas variantes, al punto de que los gobiernos concertacionistas de la década de 1990 no sólo aceptaron, sino que profundizaron la deriva económica heredada de la dictadura. Chile fue un país con una economía estable, crecimiento sostenido de su PIB, pero una desigualdad que el presidente, Gabriel Boric, calificó el domingo por la noche como “lacerante”.
En octubre de hace cuatro años y hasta que llegó la pandemia, buena parte de los 19,6 millones de chilenos se volcaron a las calles. Reclamaban cambios radicales en aspectos de su vida cotidiana como el derecho a la salud, a la jubilación, al transporte y a la educación, todos ellos administrados en gran medida por empresas privadas. Las afirmaciones de la esposa del entonces presidente conservador Sebastián Piñera, Cecilia Morel, dejaron en evidencia la visión de parte de este sector de la sociedad: “Es como una invasión alienígena”.
Al Chile Despertó de octubre de 2019 le siguió, pasado el pico del coronavirus, la elección de una convención constituyente en la que arrasó la izquierda no tradicional. Y luego, en diciembre de 2021, la consagración del joven Gabriel Boric como presidente, un líder estudiantil con ideas, lenguaje, marco cultural y fisonomía alejados de la “casta” dirigencial que había dominado la vida política.
Boric puso un pie en La Moneda y la ola se revirtió. Apenas pudo avanzar con sus objetivos redistribucionistas de la riqueza y se vio forzado a renovar el elenco de Gobierno una y otra vez. La Constitución redactada por la izquierda fue rechazada por amplio margen. Para ganar gobernabilidad, sumó a dirigentes del tradicional Partido Socialista a ministerios clave y movió la dirección de su gobierno al centro.
El Ejecutivo del Frente Amplio y el Partido Comunista afronta desde hace meses un debate enardecido por un agravamiento de las estadísticas delictivas pese a que Chile sigue exhibiendo, junto a Argentina, el índice de homicidios más bajo de Sudamérica. El presidente actúa a la defensiva y se limita a pulir los aspectos más filosos de medidas y leyes contra la inmigración y a favor de la mano dura policial que impulsa y logra aprobar la derecha.
Así se ha llegado al punto de que en diciembre los chilenos están llamados a las urnas para optar entre mantener la Constitución de Pinochet o aprobar un texto que será redactado por quienes reivindican el legado del dictador.
Los peligros de la ultraderecha
La relativa autarquía de la derecha para redactar el nuevo texto constitucional que reemplace el aprobado por Pinochet en 1980, con el único límite del referéndum obligatorio del 17 de diciembre próximo, abre las puertas para que “se constitucionalicen las AFP (administradoras de fondos de pensión, régimen previsional privado) y las isapres (prestadoras privadas de salud)”, advierte a elDiario.es desde Santiago Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
Si eso ocurre, se daría la paradoja de que lo que aparecía como un rechazo mayoritario a sistemas que generan desigualdad y desprotección, génesis del estallido social, termine consolidando un modelo que tiene a grandes capitales privados nacionales y extranjeros como amos y señores. Para Heiss, la demanda de protección sigue vigente, pero para Kenneth Bunker, director de la consultora privada Politico Tech Global, ha cambiado el escenario: “Había una narrativa que las isapres eran negativas para el país, pero ya en el anterior plebiscito, una mayoría dijo que, si la alternativa era la que le proponían, prefería lo actual”.
Tras el rechazo del proyecto de Constitución de izquierda con un 62% de los votos, el Congreso estableció resguardos con comités de expertos que custodiarán el texto antes y después de la sanción por parte de la nueva convención constituyente. Esa medida, nacida para evitar desbordes por izquierda, ahora podría limitar un giro que lleve a la Constitución todavía más a la derecha que la de 1980.
Kast, como muchos políticos de su vertiente, rechaza la etiqueta de “ultraderecha” y afirma representar “el sentido común”. Ello no es óbice para que niegue que el régimen de Pinochet haya sido una dictadura, reivindique su legado económico, monte su campaña sobre el combate a los mapuches y se refiera a las protestas de 2019 como meros actos delictivos.
Igual que las fuerzas de izquierda fracasaron con una agenda de máximos, la derecha tiene la obligación de buscar una agenda común que evite que haya rechazo, porque la reacción de la población puede ser de más desapego
“La derecha económica es consciente de que este modelo genera inestabilidad social. El Partido Republicano debe conducir el proceso constitucional, ya no se trata de oposición, por lo que podría verse forzado a la moderación y a moverse al centro con la mirada en las próximas elecciones presidenciales”, matiza Heiss.
Anna Ayuso, investigadora senior para América Latina del think tank CIDOB de Barcelona, coincide con que “Kast se ve necesitado de generar un centroderecha” que no se vea expulsado por sus posiciones extremistas en una eventual compulsa presidencial en 2025. “Igual que las fuerzas de izquierda fracasaron con una agenda de máximos, la derecha tiene la obligación de buscar una agenda común que evite que haya rechazo, porque la reacción de la población puede ser de más desapego”, añade.
Castigo o indiferencia
Entre lo que prometía octubre de 2019 y el resultado de las urnas de mayo de 2023 hay un abismo. “Es un voto reactivo, con un componente de rechazo muy importante a lo establecido y que viene en piloto automático desde el estallido social. Creció el anhelo de orden y estabilidad y el Partido Republicano ha sabido alimentarse de un discurso que asocia las protestas sociales con la inseguridad. Para ellos son casi lo mismo. Se montaron sobre un problema existente que logró instalarse como excluyente. Esta elección fue mucho más por la inseguridad que por la Constitución”, sostiene Heiss, de la Universidad de Chile.
Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes llegó a 4,6 en 2022, aunque otras estadísticas la ubican algo más alta. El indicador oficial creció, pero es similar al de Argentina, la mitad que el de Uruguay, un tercio que el de Brasil y mucho menor que el de Colombia, Venezuela y la mayoría de los países centroamericanos.
“En medio de una erosión social profunda, crisis de seguridad, economía que se descontrola, migración ilegal que avanza en el Norte (sobre todo, de venezolanos), el trade off de apoyar a un gobierno que hizo promesas sociales que no pudo cumplir es negativo”, dice Bunker. “Hoy, todos los indicadores sociales son peores que antes del estallido social”, resume el analista.
¿Se puede atribuir esa situación al contexto general como la guerra en Ucrania? “En parte, sí, pero Chile partió de una situación mejor que la de otros países y ahora está con inflación de dos dígitos y datos de violencia que están peor que nunca antes. Hubo actores políticos que lo permitieron”, argumenta el titular de Politico Tech Global.
Heiss apunta otro aspecto decisivo: la prensa tradicional y los canales de televisión, “todos de derecha”, y el poderío económico de los conservadores para enmarcar el debate público. El mandatario de izquierda ha tenido enormes problemas para que sus argumentos llegaran con claridad en ambos procesos constituyentes, el fracasado y el actual.
Ayuso, del CIDOB, pone el acento en un castigo que excede al gobierno de Boric y alcanza a la centroderecha y la centroizquierda, y se traduce también en el 21,5% sumado entre los votos nulos y blancos. “Son sectores no interpelados por quienes se opusieron al anterior referéndum, lo que sumado a una polarización mayor, hace más difícil llegar a una constitución de consenso”. Y agrega: “El voto nulo tiene dos lecturas, castigo o indiferencia. El de castigo es malo para partidos, pero el de indiferencia es peor”.
Boric, en modo control de daños
El 6 de abril, el presidente chileno promulgó la ley Naín-Retamal, apellidos de carabineros asesinados en 2020 y 2022. La norma fue impulsada por los partidos de derecha y básicamente agrava las penas para quienes agredan a policías y habilita el uso de armas de fuego a agentes de seguridad y militares cuando se sientan amenazados, eximiéndolos de responsabilidad. El texto abre un amplio campo discrecional para el gatillo fácil y promete penalizar todavía más la protesta social de las características de la de 2019, a contramano de cualquier perspectiva de derechos humanos. Boric defendió el texto y justificó que, gracias a la intervención de la coalición gobernante, los tipos penales pudieron ser precisados y matizados.
La ley Naín-Retamal es ejemplo del modo control de daños que debió asumir Boric ante el progreso de la derecha. Ello lo lleva a sobreactuar con frases como “vamos a ser unos perros contra la delincuencia”, prometer que él mismo saldría a patrullar y celebrar la repatriación de extranjeros por vía exprés.
“Ha sido un error fatal el tratar de congraciarse con gente que no va a votar nunca por él. Su discurso de mano dura aparece poco creíble y paga el precio de desdecirse de lo que realmente es”, dice Heiss.
Aun con las importantes diferencias entre los diferentes países de América Latina, la estrategia de Boric de correrse al centro y moderar su agenda encuentra un correlato con la de Alberto Fernández en Argentina o Luis Arce en Bolivia. En estos casos, ese movimiento disparó una grave disidencia interna en las respectivas coaliciones gobernantes de izquierda. El peronismo en Argentina, con sus bases divididas y desencantadas, enfrenta un futuro electoral sombrío en las presidenciales de este año. El errático indigenista Pedro Castillo, que gobernó a los tumbos entre iniciativas de izquierda y derecha, terminó fuera del Ejecutivo y encarcelado tras un fallido autogolpe.
Ha sido un error fatal el tratar de congraciarse con gente que no va a votar nunca por él. Su discurso de mano dura aparece poco creíble y paga el costo de desdecirse de lo que realmente es
“Una cosa es exagerar el tono, lo que termina perjudicando las chances de avanzar, y otra es evitar una agenda maximalista por sobreinterpretación del triunfo de la izquierda tras el estallido social. Esto último fue lo correcto porque era lo posible. El resultado del domingo no quiere decir que las demandas de 2019 hayan dejado de existir, pero el margen de Boric de dar respuestas es ahora muy reducido”, dice Heiss.
El presidente de izquierda hizo intentos de avanzar “en la dirección original, como con la reforma tributaria, pero al olvidarse del votante medio, fracasó”, sostiene Bunker. Para el analista, la base política de Boric es en torno a 25% y 26% (el domingo, el bloque oficialista sacó 28%, pero con el Partido Socialista dentro de la alianza gobernante).
Ello delimita una encerrona, porque si se mueve más al centro por razones de gobernabilidad y suma a la tradicional Democracia Cristina, partido con vertientes de centroderecha, corre el riesgo de perder a sus bases. Y si regresa a la agenda original, el poder de fuego ganado por la derecha podría transformarse en determinante de su futuro político.
Pese al resultado negativo, Boric, de 37 años, podría encontrar un rumbo para enfrentar a un Kast que previsiblemente liderará a partir de ahora a toda la derecha, incluido su partido de origen, UDI, y Renovación Nacional. Ayuso remarca que los sectores de centroizquierda que se habían separado de su liderazgo o se mantuvieron críticos de su gobierno de entrada “han quedado anulados”.
“Boric es un líder con cierta credibilidad” y probablemente, “la izquierda más activa entiende que es lo máximo que va a conseguir”, añade. Una delicada cornisa por la que el presidente deberá recorrer sus próximos tres años en La Moneda.