Asalto a la democracia en Brasil: ¿qué puede pasar con Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro se oculta en la distancia. Después de los actos de violencia contra la sede del Congreso, el Tribunal Supremo y palacio de Planalto, el expresidente brasileño esquiva desde Orlando, en Florida, el caos político desatado por sus seguidores en Brasilia. Hasta el momento, son siete las investigaciones abiertas y más de 1.800 las personas que han sido detenidas en la última semana por los ataques del 8 de enero. Entre ellas está el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, responsable de la seguridad de la capital brasileña en el momento del ataque a las instituciones.

El viernes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó la solicitud de la Fiscalía General de investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual. Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces de la corte, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y uno de los principales blancos de los ataques de Bolsonaro, dio el visto bueno a la petición de investigación contra el expresidente.

Mientras esquiva los contactos con la prensa, Bolsonaro aparece con simpatizantes en la puerta de la residencia de Florida. Es el mismo mecanismo que solía desplegar en el palacio de la Alvorada, la residencia oficial, para evitar algún tema incómodo. “No vuelva a Brasil”, le dijo una seguidora al expresidente este lunes en Miami. “Lamento lo que pasó el día 8. Es algo increíble. Pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, dijo Bolsonaro.

La pregunta ahora es cuándo y cómo decidirá volver a su país, si es que lo hace.

La deportación

La expulsión de Estados Unidos es una opción, aunque poco probable. Si bien el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil han confirmado de qué manera entró el exmandatario a Estados Unidos, es posible que haya ingresado con un visado diplomático, o formulario A-1, que le corresponde por llegar dos días antes del traspaso de poderes con Luiz Inácio Lula da Silva. Si es así, Bolsonaro podría ser deportado, aunque es poco probable que esto suceda, según los analistas.

EEUU define la deportación como el proceso de expulsión de un extranjero por no cumplir las leyes del país. Las normas pueden ser violadas cuando la persona ingresa de manera irregular a Estados Unidos, cuando comete algún delito que viola sus leyes, desobedece repetidamente las leyes de inmigración, está involucrada en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública, según la web oficial USAGov.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó a la prensa que las personas que entran a Estados Unidos con un visado diplomático, en el caso de que dejen de ser parte del Gobierno, tienen 30 días para salir del país o solicitar un cambio a otro estado migratorio. “Si un individuo no tiene motivos para estar en Estados Unidos, está sujeto a ser expulsado por el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo.

Por ese motivo, 46 congresistas demócratas pidieron a Joe Biden el jueves pasado que se revoque el visado de Bolsonaro. “Le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, dice el comunicado.

En ese sentido, la Casa Blanca podría revocar el visado del expresidente y forzar su deportación. En el caso que esté en Florida como turista, no puede superar un período máximo de seis meses en el país. En ese caso, podría permanecer hasta mitad de año. De cualquier modo, el gobierno de EEUU cuenta con la libertad de ordenar la deportación del exmandatario en el momento en que considere necesario.

La extradición

La extradición es un proceso por el cual un país puede solicitar a otro la entrega de una persona buscada para ser procesada o cumplir condena por un delito. La entrega de una persona por parte de las autoridades de un Estado a las de otro exige un acuerdo entre dos países. Para eso, debe existir un tratado bilateral, en donde se detallan el tipo de delitos y la respuesta que deberá tomar cada país en el caso de encontrarse con esa situación.

Mientras el proceso de deportación queda reducido al ámbito migratorio, la extradición debe pasar por el sistema de justicia. Para habilitar el mecanismo debe existir un proceso de causa penal contra Bolsonaro en Brasil y una orden de arresto emitida en el curso de la investigación, algo que todavía no existe. “Esto por supuesto no impide que avance por medio de una solicitud política”, explica Thiago Amparo, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo. El STF autorizó el viernes la solicitud de la Fiscalía a investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual de los hechos.

Las extradiciones no son rápidas y dependen no solo de la Justicia sino también de la política. Las declaraciones de Joe Biden sobre el asunto indican que el proceso podría acelerarse en el caso de que Brasil lo solicite. “Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con Lula”, dijo el presidente de EEUU el día del ataque.

Bolsonaro ha sido vinculado a las investigaciones por sus declaraciones y un vídeo que publicó en las redes sociales el 10 de enero, dos días después de los actos de violencia, y que borró unas horas más tarde, donde decía que Lula no fue elegido por el voto popular sino por el Tribunal Supremo, lo cual es falso.

“No hemos recibido, hasta el momento, ninguna solicitud oficial del Gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro. Por supuesto, si recibiéramos tal solicitud, la tratamos como siempre las tratamos: con seriedad”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en la Casa Blanca el lunes posterior al asalto.

Han sido varios los políticos brasileños que pidieron la extradición del expresidente, si bien el gobierno ha dicho que no tiene pensando en avanzar en esa dirección. La diputada Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), le envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que exige que el expresidente sean extraditado.

Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), solicitó incluir a Bolsonaro en las investigaciones. “Regreso a Brasilia para recoger firmas de la CPI que investigará a los golpistas que, por acción u omisión, ayuden a terroristas. Incluyen a Bolsonaro, el fiscal Aras, militares y políticos. En el MDB defenderé la expulsión del gobernador de Brasilia”, escribió en sus redes.

Pero el mecanismo no es rápido ni sencillo. “Al instruir un proceso de carácter penal, el juez puede solicitar la extradición para garantizar la presencia de la persona como imputado dentro del país. Para eso, es él quien debe pedir una 'prisión preventiva para extradición'. Esa solicitud se tramita a través de la autoridad central al estado donde se encuentra la persona, que es capaz de realizar esa detención para garantizar la extradición”, dice el abogado Paulo Abrão, director ejecutivo de Washington Brazil Office (WBO).

Cuentas pendientes con la Justicia

Bolsonaro tiene varias cuentas pendientes con la Justicia. El expresidente está implicado en otros cuatro procesos judiciales, que continúan abiertos en el Supremo, si bien todos ellos están en la fase inicial y no se han presentado cargos en su contra.

En un caso, la Justicia investiga si Bolsonaro interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia. También está implicado por divulgar información falsa sobre la vacuna contra la COVID-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, así como por divulgar documentos secretos de la Policía, con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.

Por último, está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de “milicias digitales”, vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático. Si bien la causa que investiga el asalto a las instituciones democráticas en Brasil del 8 de enero es la investigación de mayor dimensión política, Bolsonaro podría acabar en prisión por temas vinculados al mal manejo de su gestión en los años de presidente.

Con información de EFE