El auge de la extrema derecha marca la campaña electoral en Portugal para elegir un Gobierno tras la caída de Costa

Portugal entró este domingo en campaña electoral para las elecciones legislativas anticipadas del 10 de marzo. Tras dos semanas marcadas por un maratón de debates en televisión entre todos los líderes de los partidos con representación parlamentaria, la campaña arranca en un clima de extrema incertidumbre. El escenario más probable en este momento es que ninguno de los bloques principales tenga mayoría y que la extrema derecha juegue un papel decisivo.

Ante más de 2,8 millones de espectadores —el 28% de la población portuguesa—, durante el cara a cara de la semana pasada entre el líder del Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, y el del conservador Partido Socialdemócrata (PSD), Luís Montenegro, el socialista hizo una promesa: permitir un gobierno en minoría liderado por Luís Montenegro si la coalición “Alianza Democrática” —que reúne al PSD, al partido democristiano CDS y al irrelevante partido monárquico PPM— gana las elecciones sin mayoría, como forma de evitar dejar el gobierno en manos del partido de extrema derecha Chega. Las últimas encuestas muestran que la formación ultra podría obtener más de 50 diputados en un parlamento de 230, convirtiéndose en decisiva para la viabilidad de un gobierno de derechas.

Si Nuno Santos dejó clara su postura, Luís Montenegro en cambio no ha desvelado lo que haría si el Partido Socialista es el más votado en un escenario en el que no haya mayoría en la izquierda. El líder del PSD garantiza que sólo gobernará “si gana” y que “no hará coaliciones con Chega”, pero no aclaró qué va a hacer si el PS obtiene más votos el 10 de marzo. El líder socialista ha aprovechado esta falta de respuesta clara de su principal oponente para exigirle que se pronuncie y se comprometa a una solución recíproca.

A medida que se acerquen las elecciones, es probable que haya una mayor concentración de la intención de voto en los dos principales partidos, pero el rápido crecimiento de la extrema derecha está creando un escenario de muchas dudas. En 2022, las encuestas de los últimos días de campaña que apuntaban a una posible mayoría de la derecha dependiente de Chega llevaron a los votantes de izquierdas a concentrar su voto en el Partido Socialista, vaciando los partidos a la izquierda del PS y permitiendo a los socialistas alcanzar la mayoría absoluta. Pero pocos creen que la misma estrategia vaya a funcionar dos veces.

Una ristra de casos judiciales

A finales de enero, en el año en que Portugal celebra medio siglo de democracia, se produjeron tres crisis políticas inesperadas al mismo tiempo. Tras la caída del gobierno de António Costa y la crisis política provocada por la incapacidad de los partidos de derechas para alcanzar una solución estable que permitiera aprobar el presupuesto de la Región Autónoma de las Azores, las sospechas de corrupción hicieron caer en Madeira al gobierno de centroderecha presidido por Miguel Albuquerque.

Con las elecciones anticipadas del 4 de febrero en las Azores, uno de los problemas se ha resuelto parcialmente. Hay una mayoría de derecha en la región, pero esa mayoría depende del partido de extrema derecha Chega. Tras semanas en la que la extrema derecha garantizó que sólo haría viable un gobierno de derechas si formaba parte del ejecutivo regional —algo que sería inédito en Portugal—, Chega acabó cediendo después de que el PSD dijera que gobernaría en minoría, negociando medida a medida. Si la extrema derecha votara junto con el Partido Socialista contra el nuevo gobierno de centroderecha, la región tendría nuevas elecciones.

El caso de Madeira es más complicado. El 24 de enero, día en que la coalición de derechas en las elecciones legislativas colocaba en las calles carteles con el lema “Corrupción y falta de ética: no podemos más” —en alusión a las sospechas que hicieron caer al gobierno del primer ministro António Costa—, un contingente de inspectores de la Policía Judicial procedentes de Lisboa desembarcó en la isla de Madeira para llevar a cabo registros judiciales. Al final del día, el alcalde conservador de Funchal, la principal ciudad del archipiélago, y dos empresarios habían sido detenidos.

También se registró el domicilio del presidente del gobierno regional, Miguel Albuquerque, que fue imputado en un caso de presunta corrupción que afecta al hombre fuerte del archipiélago. La Fiscalía sospecha de tratos de favor entre empresarios y responsables políticos en una comunidad autónoma que siempre ha estado gobernada por los conservadores del PSD.

Miguel Albuquerque se resistió durante días a dejar el cargo pero finalmente cedió ante el anuncio del partido animalista PAN, que apoya a la mayoría de las derechas en la región, de que, si Albuquerque no dimitía, dejaría de prestar apoyo parlamentario a la coalición de centroderecha (PSD-CDS) que gobierna el archipiélago y que en las últimas elecciones se quedó a un diputado de la mayoría. Pero, tras 21 días detenidos, los tres acusados fueron puestos en libertad después de que el juez no encontrara pruebas suficientes para mantenerlos bajo custodia. El caso acabó creando una gran polémica, ya que derribó un gobierno regional y acabó con todos los acusados en libertad, poniendo en duda la eficacia de la fiscalía portuguesa.

Como han pasado menos de seis meses desde las últimas elecciones regionales, la constitución portuguesa no permite la convocatoria inmediata de elecciones, pero ya se habla de convocar elecciones regionales anticipadas el 26 de mayo, dos semanas antes de las europeas. Tras la puesta en libertad de todos los acusados, Miguel Albuquerque ya está considerando presentarse de nuevo a la presidencia del Gobierno Regional de Madeira, creando un choque directo entre el PSD regional y el líder del partido a nivel nacional, Luís Montenegro, que defendió su salida. 

En el caso de Madeira, también está en juego la credibilidad del Presidente de la República, ya que aplicar un criterio diferente tras una investigación judicial —al no convocar elecciones— supondría una contradicción para Marcelo Rebelo de Sousa: ¿Por qué decidió convocar elecciones anticipadas a nivel nacional con un ejecutivo socialista, apoyado por mayoría absoluta, y no con un ejecutivo regional de su familia política?

Este caso de corrupción también ha calentado la precampaña para las generales del 10 de marzo y ha dado fuerza a la campaña de la extrema derecha. Con los dos principales partidos implicados en casos de corrupción, el líder de Chega, André Ventura, ha aprovechado para ganar tiempo de antena en televisión, presentándose como alternativa a los partidos que han gobernado el país en el periodo democrático: PS, PSD y CDS.

Mientras se espera al desarrollo judicial de la Operación Influencer, la investigación por la que cayó el Gobierno de Costa, un juez de instrucción declaró hace unos días “vagas” y “contradictorias” las sospechas contra el ex primer ministro socialista en el caso que condujo a su dimisión y por el que no hay ningún detenido.

A menos de dos semanas de las elecciones, los sondeos pronostican una victoria de la coalición de derechas Aliança Democrática, en un escenario de clara mayoría de la derecha en el Parlamento. El último gran sondeo, publicado el 23 de febrero por la radiotelevisión pública RTP y el diario portugués Público, atribuye a la coalición del PSD con el CDS y el PPM un porcentaje del 35%. Los socialistas tienen el 29% de intención de voto, muy lejos del 41% que tenían hace dos años. El partido de extrema derecha Chega se situaría en tercer lugar con un 17% y sería clave para un nuevo gobierno, aunque muestra una tendencia a la baja. En cuarto lugar estarían los liberales de Iniciativa Liberal, con un 6%, y, el Bloco, de izquierdas, sería quinto con un 4%. Izquierda Livre —con un 3%—, CDU (coalición del Partido Comunista y los “verdes” ecologistas) —con un 2%— y el partido animalista PAN —con un 1%— ocupan las últimas posiciones.