El camión de la basura se detiene en un cruce cada 100 metros. Alonso salta del contenedor y empieza a tocar una campana por toda la calle. Decenas de vecinos salen de sus casas para tirar sus bolsas de desechos. El joven las recibe, las abre y las vuelca en el depósito del camión. Su compañero, Mario, separa con las manos los restos de comida, plástico y papel. Sin guantes.
El rudimentario, pero funcional, sistema público de recogida de residuos en Ciudad de México se ha vuelto ahora en un peligro para los recolectores y la propagación del coronavirus. La capital suma unos 2.000 casos confirmados, una cuarta parte del total en el país, y es el estado con mayor índice de infectados, más de 20 por cada 100.000 habitantes, cuadruplicando el promedio nacional. El país ha registrado cerca de 500 muertes de pacientes con coronavirus.
“Nos asusta mucho. Si nos enfermamos, ¿quién nos va a curar? No hay un aseo donde te puedas bañar al terminar, donde te puedas sacar la infección que hay en tu ropa”, se queja Alonso Hernández, preocupado por contagiar a su mujer y sus dos hijos al regresar a su hogar. Como él, en la capital mexicana hay unos 10.000 recolectores informales, sin contrato ni seguro médico, que cobran de las propinas que la gente les deja en una lata colgada a un lado del camión o en mano.
“Ahorita bajó el pago. Antes me llevaba unos 200 pesos (unos 8 euros) diarios, pero ahora solo 100 (unos 4 euros). Por lo mismo del virus, mucha gente ya no sale a tirar la basura tan a menudo, se espanta”, cuenta el otro machetero [basurero ayudante], Mario Vargas, sobre una ganancia inferior a uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina.
Más riesgo del habitual
Habitualmente, los recolectores enfrentan por su labor un elevado riesgo de infecciones, cortes y caídas. “Hay mucha contaminación de residuos. Aquí encontramos sangre, jeringas, vidrio, toallas (compresas), todo tipo de cosas, todo mezclado”, explica Alonso, de 28 años, quien lleva desde los 16 de ‘voluntario’, el eufemismo que emplean las instituciones para referirse a estos trabajadores informales.
El Gobierno capitalino hizo un llamado a la ciudadanía a separar en una bolsa los residuos sanitarios, marcarla para su identificación, rociar una solución de agua y cloro, y avisar a los recolectores a la hora de entregarla. En las ocho horas que duró esa jornada, ninguno de los vecinos cumplió esta petición. Tampoco ninguno se había enterado.
En el mismo comunicado de comienzos de abril, el Gobierno solicitó a las alcaldías reforzar las medidas de seguridad de los trabajadores de limpieza para que usen guantes gruesos, mascarillas, se laven las manos con frecuencia y utilicen gel antibacterial [desinfectante]. También, que desinfecten los camiones a diario.
“¿Gel antibacterial? –se ríe Luis, el conductor del camión–. Hasta ahora no nos han dado ningún material de protección y creo que haría un poquito de falta”. Luis Rangel es el jefe de esa cuadrilla, uno de los 14.000 recolectores regularizados en la ciudad. Pese a ser un trabajador público, tampoco ha recibido ningún utensilio para cuidarse frente a la COVID-19. “No preocupa tanto el contagiarnos, porque prácticamente toda la vida nos hemos dedicado a esto. El temor es que a los muchachos [sus ayudantes] les quiten la chamba [empleo] porque no hay medidas de seguridad”, afirma.
El Gobierno federal ha lanzado un sustancioso plan de ayudas a trabajadores formales e informales, así como acciones para proteger sus salarios y empleos. Durante semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador blandió la economía de los más desfavorecidos para rechazar la aplicación de medidas drásticas como el confinamiento, que todavía hoy no es obligatorio. Pese a esa laxitud, México no se ha visto tan azotado por el coronavirus como los países europeos, y también contabiliza menos contagios que otros países latinoamericanos como Chile o Ecuador.
Sin embargo, las autoridades mexicanas están utilizando el sistema de vigilancia centinela que no efectúa un monitoreo masivo sino que se limita a localizar brotes y calcular con esos datos posteriormente el potencial alcance de la enfermedad, que estiman que es ocho veces mayor. Esto ha generado cierta desconfianza e incertidumbre entre la población sobre el alcance real de la pandemia.
“Deberían darles protección (a los basureros), tanto por ellos como los vecinos, porque yo les bajo la bolsa, me la regresan y no sé si ya está contaminada. O yo se la di contaminada. Al llegar a casa tengo que desinfectarme, pero ellos no pueden”, lamenta una de las vecinas que baja a tirar su basura ataviada con guantes de látex y una lámina transparente que cubre todo su rostro. Nadie más en todo el recorrido toma tales precauciones.
El abandono hacia los trabajadores informales
Ante la misma desprotección se encuentran los cerca de 10.000 barrenderos que al día, entre todos, caminan la distancia de España a Japón. En total, se estima que unas 50.000 personas trabajan directamente en la basura en Ciudad de México y unas 250.000 viven de ella si se suma a sus familias.
“Es imposible de contabilizar porque el Gobierno se ha negado a realizar un censo, el primer paso para regularizar la situación de los informales. Esa desidia se traduce ahora en un riesgo a la salud e incluso a la vida para estas personas que realizan una labor imprescindible para la ciudad pero sin ninguna prestación laboral ni derechos. Sin espacios adecuados para su higiene personal”, critica Tania Espinosa, representante de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés).
La ONG elaboró un informe a partir del cual la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) emitió en 2016 un listado de 224 recomendaciones al Gobierno capitalino para mejorar las condiciones de estos trabajadores, pero apenas se han cumplido un 15%, según denunció la CDHDF. “Tampoco con la nueva administración –del mismo partido de López Obrador– ha habido avances significativos. Sin estar regularizados, los informales jamás recibirán las medidas de protección si es que llegan. Este desconocimiento supone ante esta contingencia una amenaza para la salud pública”, considera Espinosa sobre la recogida de basura puerta a puerta en una metrópolis de unos nueve millones de habitantes que al día generan unas 13.000 toneladas de residuos.
“La contratación es una vía pero también es un tema complejo. No todo el tiempo se pueden hacer contrataciones masivas porque los recursos son siempre limitados”, reconoce a eldiario.es una de las directoras de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, Andrée Lilian Guigue, quien asegura que “los trabajadores de limpia serán de los primeros grupos en recibir guantes y mascarillas” que su Gobierno ya ha empezado a distribuir.
Sin agua para lavarse las manos
El agua es el otro gran lastre en la lucha contra la epidemia para la quinta urbe más poblada del planeta, contando su zona metropolitana. Marta estalla de alegría cuando ve pasar por su calle al camión cisterna, que sale a detenerlo en mitad de la calzada. Una vez a la semana debe hacer fila desde las cinco de la mañana para anotarse en la lista de reparto.
“A veces vienen y otras no. Muchas veces tenemos que ir a traer la pipa [camión] nosotros. Ahorita ya teníamos dos semanas sin agua”, explica Marta Romo mientras su marido y sus tres hijos se afanan en pasarse la manguera para llenar los cuatro tanques de la casa. Desde siempre este bien esencial es un lujo en Iztapalapa, una de las zonas de la capital más afectadas por este desabastecimiento, donde una cuarta parte de sus dos millones de habitantes no cuenta con agua corriente. Esta escasez histórica agrava la situación de vulnerabilidad de sus habitantes frente a la COVID-19.
“Con esto del coronavirus nos dicen que tenemos que tener la casa limpia, pero, ¿cómo vamos a limpiar sin agua? No es justo que tengamos que apartar el agua de bañarnos para limpiar el patio y el suelo”, exclama esta ama de casa. “A mí me llega una vez al mes (el camión) y eso de vez en cuando, porque tengo mala suerte, los del reparto no me quieren dejar”, se queja su vecina, Eréndira López, quien acaba de salir de su casa para aprovechar el “milagro de que venga aquí la pipa”.
“Según dicen que nos lavemos las manos y aquí el agua de la llave, cuando llega muy de vez en cuando, sale mugrosa, así que mejor me dejo las manos sucias. El agua que nos traen de la pipa, un poco mejor, pero igual mugrosa”, dice López. Ambas mujeres denuncian que en algunas ocasiones conductores del camión del agua les cobran por repartirles, pese a que se trata de un servicio público gratuito.
Una peligrosa escasez
Asimismo, ni el conductor que esta vez les ha dejado el agua ni su hijo de nueve años que le ayuda en su recorrido llevan guantes o mascarilla. “Antes pedían cinco o seis pipas por sección y ahora unas 200 diarias. Nunca damos abasto con el agua, siempre es más y más la que piden”, cuenta el funcionario que acompaña ese camión de reparto. Debido a la cuarentena en los hogares, se ha disparado la demanda entre el millón de capitalinos que no disponen de este recurso básico.
Ante esta necesidad por la contingencia de la COVID-19 el Gobierno de Ciudad de México se comprometió a incrementar los 1.500 viajes diarios actuales hasta los 2.100, además de reforzar la vigilancia policial de los vehículos y pozos de agua. “Se tienen que resguardar estos vehículos porque a veces la gente, desesperada, que entra en pánico, hace acciones ilegales como el secuestro de pipas”, asevera a este medio Diego Aguilar, director territorial de la Alcaldía de Iztapalapa, uno de los barrios más humildes y con mayor violencia de la ciudad. La nueva administración, del partido gubernamental, logró reducir el robo de agua, una práctica habitual anteriormente que ante esta crisis vuelve a suponer un riesgo a la seguridad.
Uno de cada tres hogares mexicanos no recibe agua todos los días, unas 10,5 millones de familias. Más de dos millones deben conseguirla por su cuenta de pozos, ríos o lagos. Este desabastecimiento se acentúa en comunidades indígenas, cuya cobertura es del 87,2% frente al 94,4% a nivel nacional.
El círculo vicioso de la desigualdad
La ONU advirtió que la lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable. Por ello el organismo exhortó a los gobiernos a proporcionar el acceso continuo a este recurso a las poblaciones vulnerables, que “se pueden convertir en víctimas de un círculo vicioso”. “El acceso limitado las hace más propensas a infectarse, lo que da lugar a enfermedades y medidas de aislamiento. Esto dificulta que las personas sin seguridad social sigan ganándose la vida y su vulnerabilidad aumenta”, expresó la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En ese sentido, un 57% de los empleados mexicanos trabajan en la informalidad, un volumen semejante al de la mayoría de países en América Latina. “El acceso al recurso hídrico será uno de los grandes desafíos. Hay gente en este país que no podrá lavarse las manos. La desigualdad se va a hacer absolutamente visible”, señaló la directora de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi sobre un bien vital para combatir una pandemia que amenaza con ahondar la brecha social en México y la región.
A inicios de esta semana, en Iztapalapa se vivía el bullicio habitual, casi en total normalidad y con la mayoría de comercios abiertos, pese a la orden del Gobierno federal de cesar las actividades no esenciales. “Aquí no podemos parar, ¿cuál cuarentena? Si no nos mata el virus, nos morimos del hambre”, suelta uno de los vecinos en la fila del agua. Iztapalapa es el distrito de la capital con mayor número de contagios.