Cuando Joe Biden se presentó a las elecciones presidenciales en 2020 hizo una promesa a sus votantes: “No habrá más perforaciones petroleras en tierras federales, ¡punto!”. Casi tres años después, ha hecho saltar las alarmas de las organizaciones ecologistas con su visto bueno al proyecto Willow, uno de los mayores planes de extracción de petróleo y gas en la historia de Alaska. La licencia de explotación ha sido concedida a ConocoPhillips, la mayor petrolera del estado, que perforará un terreno equivalente al estado de Indiana en busca de fuentes de energía fósil.
Esta explotación ha sido calificada por los grupos ambientalistas como una “bomba de carbono”. No es para menos: se prevé que produzca 180.000 barriles de petróleo diarios, unos 600 millones durante las tres décadas que durará el acuerdo. Liberará, durante su fase de extracción, hasta 276 millones de toneladas métricas de CO2e (dióxido de carbono equivalente), según estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos. Es el equivalente a poner de manera simultánea dos millones de coches en circulación. Todo ello, en Alaska, el único territorio estadounidense ubicado en el Ártico, una de las zonas de la Tierra que más está notando los efectos del cambio climático, con su acelerado deshielo.
Este plan, ubicado en la zona remota de North Slope y plagado de contras ambientales, tiene su justificación económica: generará unos ingresos de entre 8.000 y 17.000 millones de dólares en las arcas federales. También contribuirá al impulso de la producción de energía a nivel nacional y disminuirá la dependencia del petróleo extranjero. Además, según la empresa que está detrás del proyecto, ConocoPhillips, mejorará la “seguridad energética” y redundará en beneficios para las comunidades nativas, creando miles de empleos y aumentando la inversión local. Todo ello servirá para atajar la inflación que ha asolado al país durante el último año.
“Está permitiendo que la industria fósil se salga con la suya”
Organizaciones locales como Alaska Wilderness League o Sovereign Iñupiat for a Living Arctic; federales, como Sunrise Movement o Climate Justice Alliance; e internacionales, como Greenpeace o Fridays For Future han mostrado un rechazo frontal contra el proyecto Willow por sus potenciales efectos sobre el Ártico. También lo han hecho organizaciones indígenas como NDN Collective: “La Administración Biden ha aprobado el proyecto a pesar de la oposición de la tribu más cercana, Iñupiat, en la villa de Nuiqsut. Esta aprobación también ignora a los millones de votantes que alzaron la voz en contra del proyecto”.
En su conjunto, las organizaciones ecologistas lamentan que este plan hipoteca el legado medioambiental de Biden, que aprobó el verano pasado la mayor inversión climática de la historia de EEUU, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). A pesar de quedar lejos de las exigencias ecologistas, esta y otras medidas auspiciadas por el gobierno habían sido bienvenidas por el activismo, que ahora se halla contrariado tras la controvertida decisión.
“En lugar de ceñirse a sus propios objetivos climáticos y escuchar a los millones de jóvenes que han llevado en volandas al partido durante los tres últimos ciclos electorales, Biden está permitiendo que la industria fósil se salga con la suya”, ha tuiteado Sunrise Movement, el movimiento juvenil que participó en los grupos de trabajo que diseñaron la agenda política del presidente gracias a un pacto con el excandidato progresista Bernie Sanders.
No fue menos contundente la denuncia de Greenpeace cuando se supo la intención de Biden, asegurando que el mandatario se había basado “en análisis precipitados y deficientes para evaluar las repercusiones que la gigantesca propuesta de ConocoPhillips tendría sobre las comunidades locales, la tierra, el agua y los animales del Ártico, así como sobre el clima mundial”. Por ello, recordó que “la Administración Biden tiene capacidad para denegar los permisos y debería hacerlo cuando emita su decisión final”. Sin embargo, este lunes el presidente, a la par que generaba dos titulares de gran calado –tratando de calmar el pánico bancario y firmando el acuerdo para la proliferación de submarinos con Reino Unido y Australia–, daba el visto bueno al polémico proyecto.
Biden establece límites a la explotación del Ártico
Mientras aprobaba este plan, y para calmar los ánimos, el mandatario ha anunciado que más de 1,2 millones de hectáreas del mar de Beaufort, en el Océano Ártico, estarán “indefinidamente fuera de los límites” de la perforación y extracción de petróleo y gas. De ese modo, según la Casa Blanca, se busca proteger “a perpetuidad” el hábitat de ballenas, focas, osos polares y otros animales salvajes. Además, se limitará la explotación de más de 5 millones de hectáreas de un terreno “ecológicamente sensible” en Alaska.
“Con estas acciones, el presidente Biden continúa cumpliendo con la agenda climática más agresiva en la historia de Estados Unidos”, asegura la Casa Blanca en un comunicado. “Ha convertido a Estados Unidos en un imán para la fabricación y el empleo de energías limpias. Ha conseguido inversiones récord en resiliencia climática y justicia medioambiental”, sentencia el Ejecutivo en referencia a su paquete de subsidios y ayudas fiscales de 369.000 millones de dólares para la producción en territorio norteamericano.
Sin embargo, los activistas climáticos consideran estos alegatos como un claro caso de greenwashing (lavado de cara ambiental) institucional. “EEUU ya es el mayor productor mundial de petróleo y gas, a pesar de las enérgicas campañas de relaciones públicas de la industria petrolera y gasística destinadas a convencer de que las perforaciones son una solución política legítima”, afirma una petición en Change.org que ya recoge más de 3 millones de firmas en contra del proyecto en Alaska.
“Estamos al borde de un daño irreversible a la Tierra que causará pérdidas de empleos y hogares, enfermedades y el desplazamiento de comunidades enteras a un ritmo nunca visto. Estudios recientes han demostrado que el Ártico se está calentando entre cuatro y cinco veces más rápido que el resto del mundo. A medida que se exporte petróleo, las comunidades indígenas del Ártico tienen que hacer frente a los efectos de la contaminación sobre la salud, así como a la devastación provocada por cambios drásticos en la tierra, como el deshielo marino, el deshielo del permafrost y la erosión costera”, sentencia la carta de denuncia.
Biden ha vendido este plan en términos económicos, afirmando que contribuirá a reducir el precio de la energía y, en consecuencia, repercutirá en una reducción de la inflación. Pero el ecologismo considera que la salud del planeta está por encima de la salud del mercado. De este modo, lo más probable es que el proyecto Willow, ideado durante el mandato de Donald Trump, termine en los tribunales. Earthjustice, un grupo de defensa del medioambiente, ya ha informado que está preparando un caso legal contra el proyecto. “Ya vamos lo suficientemente tarde contra la crisis climática como para aprobar proyectos masivos de petróleo y gas que socavan directamente la nueva economía limpia que la administración Biden se comprometió a impulsar”, ha lamentado la presidenta de la organización, Abigail Dillen.