Miles de bolsonaristas radicales asaltan el Congreso, el Tribunal Supremo y la sede del ejecutivo brasileño

Centenares de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro han asaltado este domingo durante varias horas la sede del Congreso Nacional en una manifestación que pedía un golpe militar para apartar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de la presidencia del país. Los bolsonaristas radicales también han atacado y asaltado el Palacio del Planalto, sede del poder ejecutivo, y el edificio del Tribunal Supremo. Los tres objetivos de los radicales se encuentran en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, la capital del país.

El ataque se produce dos años después del asalto al Capitolio en EEUU por seguidores de Donald Trump. La policía federal ha intervenido en la plaza lanzando gases lacrimógenos desde helicópteros para dispersar a los manifestantes y decenas de agentes antidisturbios han entrado en los edificios asaltados y han logrado expulsar a los radicales. Por el momento las autoridades han detenido 300 personas, según ha informado la Policía Civil de Brasilia.

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, ha sido apartado de su cargo por 90 días por un juez del Tribunal Supremo de Brasil. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre De Moraes, que también ha ordenado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro.

El presidente Lula da Silva ya había firmado un decreto este domingo ordenando la intervención de las fuerzas estatales en la capital, lo que significa que las fuerzas de seguridad del Gobierno central pueden intervenir en la seguridad de todo el distrito federal, que normalmente está bajo el mando de la policía de Brasilia. “Pagarán con la fuerza de la ley”, ha dicho el mandatario.

De Moraes, que atendió una petición de aliados de Lula, ha dicho que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia. Y ha añadido que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.

De esta forma, el magistrado ha señalado directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos este domingo en la capital brasileña.

Rocha también había dicho en Twitter que había destituido a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante. Además, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo la detención de Torres.

“Es preciso que esta gente sea castigada de manera ejemplar. Esto nunca había pasado ni en el auge de la llamada lucha armada de este país ni en ninguna de las disputas de los poderes del Estado”, ha dicho Lula. “Voy a volver a Brasilia a visitar los tres palacios y vamos a intentar descubrir quién ha financiado todo esto. Investigaremos también si alguien del Gobierno federal está metido en esto. Todo el mundo sabe que hay discursos del expresidente Bolsonaro estimulando lo ocurrido y él es responsable”, ha añadido el presidente, que también ha criticado la actuación policial: “La policía no ha hecho nada. Solo ha dejado pasar a los manifestantes”.

El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado. Según medios brasileños, los manifestantes entraron en el Congreso sobre las 14:40 horas de este domingo y accedieron hasta el interior de la cámara de los diputados. Después se dirigieron al Palacio del Planalto, la sede del poder ejecutivo​ del Gobierno Federal brasileño y al Tribunal Supremo, cuyas ventanas están rotas por los ataques de los radicales, que también han destrozado el mobiliario, piezas de arte y han robado algunos objetos del interior de los edificios. La presidenta del Supremo ha calificado de “terroristas” a los asaltantes. El magistrado De Moraes ha asegurado que “el poder judicial no fallará a Brasil”.

“El Congreso Nacional nunca ha negado una voz a quienes quieren manifestarse pacíficamente. Pero nunca dará lugar a la agitación, la destrucción y el vandalismo”, ha señalado Arthur Lira, presidente del Congreso de los Diputados y tradicional aliado de Bolsonaro.

Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso. Destruyeron barreras de protección y armados con palos se enfrentaron a los agentes que intentaron contener sin éxito la entrada de los manifestantes.

Lula, que asumió la Presidencia de Brasil el pasado día 1, se encontraba este fin de semana de visita en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo. Jair Bolsonaro, por su parte, está pasando unas vacaciones en Florida, EEUU. Solo se ha pronunciado una vez contenido el asalto y lo ha rechazado tibiamente. “Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, ha escrito el exmandatario en sus redes sociales. También ha calificado de “acusaciones sin pruebas” las declaraciones de Da Silva sobre su responsabilidad en lo ocurrido.

Una conspiración alimentada por Bolsonaro

Los asaltantes llevaban pancartas con el lema: “Queremos el código fuente”. Se trata de una referencia a la programación de las máquinas de recuento de votos, ya que creen, sin ninguna prueba, que se ha producido un fraude electoral. Bolsonaro ha alimentado esta teoría de la conspiración durante meses y de hecho intentó revocar los resultados electorales con un recurso ante el Tribunal Superior Electoral, que acabó multando al partido del expresidente con 4,2 millones de dólares.

Centenares de bolsonaristas radicales llevan acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro. Los campamentos de los bolsonaristas radicales, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios. Lula ganó en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre con el 50,9% de los votos válidos frente al 49,1% de Bolsonaro.

Según el periódico brasileño O Globo, los bolsonaristas radicales han utilizado códigos en sus comunicaciones para convocar estar protestas y ocultar sus objetivos a las autoridades.

“Todo esto llevó a una masa de gente a las calles desde el día después de los resultados electorales. Y esta masa, en busca de seguridad, se fue a los cuarteles. Yo no participé en este movimiento”, declaró Bolsonaro en su mensaje de Año Nuevo. “Brasil no terminará el 1 de enero”, añadió.

Antes del asalto al Congreso, el ministro de Justicia, Flávio Dino, se pronunció en las redes sociales y dijo que los opositores deberán esperar hasta 2026, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales, así como el actual Gobierno esperó entre 2018 y 2022. En un comunicado, Dino manifestó que el Ministerio de Justicia convocó una reunión de emergencia con los organismos de seguridad para hacer frente a las manifestaciones.

Los actos en Brasilia se han extendido por otras ciudades del país, entre ellas Sao Paulo, donde la Avenida 23 de Maio, una de las principales de la ciudad, fue bloqueada por bolsonaristas que impidieron la circulación de automóviles cerca del aeropuerto de Congonhas.

Reacciones internacionales

Varios líderes latinoamericanos han denunciado lo ocurrido. “Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia”, ha afirmado el presidente chileno, Gabriel Boric.

“Toda mi solidaridad a Lula y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunion de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática”, ha señalado Gustavo Petro, presidente colombiano.

 El ministro de Exteriores argentino, Santiago Cafiero, también ha mostrado su apoyo al presidente brasileño. “Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con Lula y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña”. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho: “Rechazamos cualquier intento contra las instituciones democráticas”.

“Ecuador condena los hechos contra la institucionalidad en Brasil y reitera su apoyo a la democracia y al gobierno legítimamente electo”, ha señalado el Ministerio de Exteriores de Ecuador.

El presidente español, Pedro Sánchez, también se ha manifestado por lo sucedido. “Todo mi apoyo al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática”. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha aprovechado el mensaje de Sánchez para criticar al presidente. “Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público...”.

Todas las instituciones europeas, así como la mayoría de socios, han condenado el asalto de los bolsonaristas. “La democracia brasileña prevalecerá sobre la violencia y el extremismo”, ha señalado en un comunicado el alto representante de la UE, Josep Borrell, en el que ha reiterado el “completo” apoyo de la UE a Lula y el sistema democrático de Brasil. Además, ha hecho una alusión a los “líderes políticos brasileños y, especialmente, al expresidente Bolsonaro” para que actúen “responsablemente e insten a sus seguidores a irse a casa”.

“Usar la violencia para atacar las instituciones democráticas es siempre inaceptable”, ha afirmado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que ha mostrado su solidaridad con Lula en la reclamación de un cese “inmediato de esas acciones”.