El Gobierno brasileño, presidido por Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) tiene prisa por aprobar la reforma de la seguridad social presentada por su ministro de economía, Paulo Guedes. Quieren que el Congreso Nacional otorgue su visto bueno definitivo antes de terminar el primer semestre del año. Cuanto más tiempo pase, con mayor eficacia podrá articularse la resistencia sindical, que ya tiene una fecha marcada en el calendario: 14 de junio, huelga general.
Este primero de mayo ha sido la fecha elegida para escenificar esa resistencia, alardeando de una unión nunca vista en la historia del sindicalismo brasileño. Todas las siglas irán de la mano, y al frente de todas ellas, la Central Única de Trabajadores (CUT) –fundada en 1983, y ligada al Partido de los Trabajadores– y la Força Sindical –creada ocho años más tarde, como contrapeso a la CUT–. El principal espacio de protesta ha sido el Vale do Anhangabaú, en São Paulo.
Guedes, al frente de la cartera de economía, es el encargado de recortar el gasto público todo lo posible para que al Ejecutivo de Bolsonaro le salgan las cuentas. “Nunca hemos vivido una situación como esta”, explica Sérgio Nobre, secretario general de la CUT, “ver un sistema de seguridad social siendo desmontado, como quiere el Gobierno. Lo que está sucediendo en Brasil es un retroceso civilizatorio”.
Según los cálculos de Guedes, con la reforma las cuentas públicas ahorrarán un billón de reales –238 mil millones de euros–. La otra cara de la bonanza económica es que las exigencias para acceder al cien por cien del valor de la jubilación aumentan considerablemente, lo cual es todo un llamamiento a los planos de pensiones privados. El Gobierno impondrá condiciones de jubilación a la europea en un país donde el trabajo informal y la miseria es una constante en la ecuación.
El presidente de Força Sindical, Miguel Torres, ha calificado la propuesta de reforma de “nefasta”, porque perjudica a los más pobres, y ha realizado un llamamiento para luchar por mejorar el sistema de la seguridad social con “políticas destinadas al desarrollo y a la creación de empleo”.
De momento la reforma de la seguridad social está siendo analizada por una Comisión Especial, una vez que consiguió pasar la primera traba en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Serán cuarenta sesiones antes de pasar a las votaciones finales en las dos Cámaras. En este proceso es donde la reforma corre el riesgo, en palabras de Bolsonaro y Guedes, de “deshidratarse”, lo cual significaría una dura derrota para el presidente.
El objetivo de la oposición es “presentar el mayor número posible de enmiendas y trabajar para que tengamos una reforma que no sea una oportunidad de reducir derechos y aumentar desigualdad”, describe para eldiario.es la diputada federal Tábata Amaral (del Partido Democrático Trabalhista). Es consciente de que la reforma es importante y urgente, pero no puede presentar fragilidades tan grandes.
“De forma general”, señala la diputada del PDT, “el área social en Brasil, cuando hablamos de sanidad, educación, asistencia, han sido muy relegadas con este nuevo Gobierno”. Resalta, a su vez, alguna de los olvidos más dañinos de la reforma de la seguridad social propuesta por Bolsonaro y su equipo, como las jubilaciones en el ámbito rural o la cuestión de género.
Amaral se sitúa a favor de la jubilación por edad –incluso de elevar la edad mínima, si fuera el caso–, pero nunca por tiempo de contribución. Lo considera injusto porque, en Brasil, la población más pobre no logra contribuir tantos años como son requeridos. También está en contra de aumentar este tiempo de contribución mínimo. “Habrá personas que alcancen la edad mínima pero nunca el tiempo mínimo de contribución”. En ese caso, los valores de pensión que les corresponderán perpetuarán la penuria.
Los sindicatos reclaman también que realmente no se ha generado un amplio debate en la sociedad para que el trabajador pueda formar una opinión y comprender las medidas. “Ni siquiera fue tema central en los debates presidenciales durante la campaña electoral del año pasado”, protesta João Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical. Ningún partido quiso poner este tema sobre la mesa. Era demasiado impopular.
El recorte de todos los recortes era el arma secreta del ministro de economía, pero los votantes desconocían las medidas reales, por eso otro de los dirigentes sindicales que han liderado el primero de mayo, Edson Carneiro (Secretario General de la Intersindical), avisa que “el momento es muy grave”. Asume que las elecciones de 2018 dividieron a la población, y reconoce que ahora la necesitan unida. “Sabemos que las manifestaciones no son suficientes, necesitamos parar Brasil”.