Con muy poco tiempo para recuperar espacio electoral, congelado estos días por varios episodios negativos, el presidente Jair Bolsonaro ha retomado en las últimas horas la línea de cuestionamiento a la legitimidad del proceso electoral. En un encuentro improvisado con la prensa en las puertas del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial de Brasilia, adonde llegó anoche procedente de Minas Gerais, el jefe de Estado informó que había presentado una denuncia en la Corte Suprema contra los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE), con quienes anoche resolvió reabrir las antiguas disputas.
La nueva pelea con el ámbito judicial proviene de un caso aireado en los últimos días por los dirigentes de su campaña, según el cual se estaría produciendo una maniobra de “fraude electoral” para perjudicaría al presidente brasileño. Esa operación, de la que responsabilizan al Tribunal Superior Electoral, habría consistido en retirar la propaganda bolsonarista de las radios del Norte y del Nordeste del país, dejando en cambio en pie los anuncios publicitarias de su oponente Luiz Inácio Lula da Silva. Esto crearía, dicen los bolsonaristas un “inaceptable” problema de “desigualdad”, ya que supondría privilegiar al candidato de la oposición.
El magistrado Alexandre de Moraes, presidente del TSE ha rechazado tajantemente la denuncia de la campaña de Bolsonaro por “falta de pruebas”. Y ha ido más allá. Según el máximo responsable del tribunal electoral brasileño la intención de esta denuncia procedente de la campaña de Bolsonaro es elevar la tensión en el proceso electoral y “tumultuarlo” (desordenarlo).
A partir de ese momento, el episodio adquirió importantes dimensiones, hasta el punto de centrar la cobertura de las elecciones en él. Incluso, desde la emisora de TV Jovem Pan, de tendencia bolsonarista, algunos comentaristas llegaron a hablar la necesidad de suspender inmediatamente la segunda vuelta del domingo próximo. El argumento para justificar semejante medida fue la de preservar la igualdad de condiciones entre ambos adversarios.
De acuerdo con diversos analistas, hay una intención de la campaña de Bolsonaro de victimizar al propio presidente como forma de contrarrestar el impacto nocivo que generó uno de sus aliados íntimos, el ex diputado Roberto Jefferson, que recibió este domingo con ráfagas de ametralladoras y granadas de mano a una patrulla de la Policía Federal, que tenía la orden judicial de detenerlo en su residencia de Río de Janeiro.
Hasta ahora no se sabe qué llevó al ex parlamentario, una figura destacada en los medios políticos, a emprender semejante acción de resistencia. Hay muchas especulaciones; pero según una de ellas se trataría de “una operación fracasada para generar caos”, anticipándose a la derrota en los comicios del domingo; y dar, así, lugar a la intervención de los militares.
Lo cierto es que el presidente brasileño acaba de asegurar que su intención es ir “hasta las últimas consecuencias” para investigar el caso de las radios donde su publicidad habría sido supuestamente marginada. En Brasil, esa propaganda es gratis para los partidos y sus candidatos, pues por ley las financia el Estado.
Según el diputado federal Alexandre Padilha, uno de los más conspicuos miembros de la campaña del Partido de los Trabajadores, cuya candidatura encabeza Lula da Silva, estos acontecimientos revelarían que “la extrema derecha brasileña, aliada con la extrema derecha internacional, prepara la mayor operación de desestabilización electoral de la que se tenga registro”.