El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este miércoles que impulsará la derogación de la Ley de Amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Boric ha revelado esta medida, así como la tipificación como delito de las desapariciones forzadas en los actos oficiales del 51° aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende en 1973.
“Pondremos urgencia a la tramitación de proyecto de ley que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización”, ha dicho Boric.
“Si bien la amnistía ya no se aplica gracias a una solida jurisprudencia de los tribunales de justicia, terminar con sus efectos de forma definitiva e irreversible es una deuda pendiente que tenemos como país”, ha precisado el mandatario desde el Palacio de La Moneda (sede de gobierno) en un acto oficial solemne, pero sobrio.
Boric ha anunciado también que presentará un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada y ha reiterado su intención de desclasificar la información del Informe Valech, elaborado hace dos décadas por la Comisión de Prisión Política y Tortura para esclarecer la identidad de los opositores encarcelados y torturados durante la dictadura civil militar.
“Con esto no hacemos más que cumplir con las obligaciones del Estado de Chile establecidas en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006 y 2013”, ha añadido el presidente.
El objetivo es que la información que recogió esa comisión, creada en 2003, se ponga a disposición de los tribunales de justicia y de las autoridades a cargo del inédito Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual Gobierno.
Hace un año, el Gobierno progresista de Boric presentó un Plan Nacional de Búsqueda para esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada.
Se trata de la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos. Hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.
En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
La dictadura dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda, se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.