Ha pasado justo un año desde que se creó la convención que empezó a escribir la nueva Constitución de Chile hasta este lunes, cuando se presentó en público el texto definitivo. Doce meses en los que 154 hombres y mujeres, en paridad, han redactado una nueva ley que se someterá a un plebiscito el próximo 4 de septiembre.
“Hoy es un día que sin duda quedará en los anales de nuestra patria. Ustedes, convencionales, han concluido la misión que les encomendó el pueblo de Chile: ponerse de acuerdo en una propuesta de Constitución que refleje los anhelos y esperanzas por una vida digna para todos los habitantes de nuestro país”, dijo el presidente, Gabriel Boric, tras recibir la norma de manos de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, la presidenta y el vicepresidente de la convención.
Quinteros ha aprovechado su discurso para recordar que la labor del órgano ha exigido “acuerdos amplios” –el texto se aprobó por dos tercios del pleno– y que ha tomado en consideración “el marco jurídico internacional y el fundamento científico, ético y social” en cada propuesta. Domínguez, por su parte, ha puesto énfasis en el “trabajo colectivo” y la contribución de las diversidades: “Aportamos valor y enriquecemos las sociedades en las que estamos, y esta idea tan obvia que parece tan difícil de asumir es hoy una realidad que está resguardada en esta propuesta”. Ambos han culminado así sus funciones, junto con el resto de convencionales, porque la asamblea fue disuelta al finalizar la ceremonia.
Parlamentarios, alcaldes, ministros, activistas y líderes sociales han asistido al evento que se desarrolló en el antiguo Congreso de Santiago sin incidentes ni protestas en las calles. Los ausentes fueron los cuatro expresidentes del país, ninguno asistió. En un primer momento, la convención decidió excluirlos del acto, sin embargo, tras recibir críticas, la mesa cambió de opinión. Finalmente, todos ellos declinaron la invitación por distintas razones.
Estado “social y democrático de Derecho”
El primer artículo de la Carta Magna, que tiene un total de 388 y 57 normas transitorias, anticipa cambios profundos de modelo y a nivel económico, social y cultural. Establece que Chile es “un Estado social y democrático de Derecho” y también “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. En el mismo artículo se identifica al país como una república solidaria, con una democracia “inclusiva y paritaria”, que reconoce como valores “la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
Un inicio que pone fin a uno de los pilares que se mantiene hasta hoy en la carta magna vigente, diseñada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada de forma parcial en 2005.
“Existe una noción de Estado subsidiario en virtud del cual este solo puede intervenir en el caso que los privados no puedan o quieran hacerlo, por lo que los derechos sociales se han transformado en bienes de consumo, y su provisión en oportunidades de negocios para grandes consorcios privados con fines de lucro”, dice Mauricio Daza, abogado penalista y miembro (hasta este lunes) de la convención. La propuesta de los constituyentes pasa por “superar este modelo neoliberal”, dice, para que la autoridad pública “cumpla un rol activo y protagónico en materia de derechos sociales”.
Más allá del modelo en sí, la nueva Carta Magna plantea cambios como la democracia paritaria, para que al menos la mitad de los miembros de cualquier órgano del Estado –policía y Fuerzas Armadas incluidas– sean mujeres. También apuesta por la representación de personas trans y no binarias en todos los espacios de decisión, incorpora la perspectiva de género de forma transversal y reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, entre otros.
Además, la normativa entrega más autonomía y reconocimiento a los pueblos originarios, históricamente discriminados por el Estado chileno, a través de la plurinacionalidad, el plurilingüismo y la creación de las autonomías territoriales indígenas; pone en marcha un proceso de descentralización con asambleas regionales que sustituyen la estructura unitaria y centralizada actual; y reconoce los derechos de la naturaleza, la protección del medioambiente y el rol del Estado en la lucha contra el cambio climático.
Plebiscito en septiembre
Este martes, Chile da inicio a la última etapa del camino hacia la nueva Constitución. Empieza la campaña para el plebiscito que se celebrará el 4 de septiembre y en el que la ciudadanía, con voto obligatorio, decidirá si se aprueba o no la propuesta de nueva Constitución.
“El mayor desafío que tenemos ahora es comunicar de forma simple y efectiva el proyecto de nueva Constitución en un contexto donde la campaña por el rechazo ha difundido muchas versiones falsas acerca del contenido de sus normas”, dice Daza. En la misma línea se ha pronunciado Boric en su discurso, quien ha llamado a “debatir intensamente sobre los alcances del texto”, pero “no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad”.
Las encuestas pronostican una posibilidad real de rechazo del texto y el país vive inmerso en un clima de polarización. Los partidos de derecha, que califican la nueva norma de “indigenista”, ya han anunciado su voto en contra en el plebiscito y algunos de sus líderes incluso han hablado de un plan B para, en caso de rechazarse, reformar la carta magna vigente o elaborar otra a través del Congreso. Algunos moderados, en cambio, apuestan por aprobar la propuesta para después reformarla, mientras que el progresismo la aplaude.
Una de las dificultades para instalar la normativa será la fragmentación del Parlamento, donde no hay mayorías fuertes para asegurar una tramitación ágil del las leyes que tendrían que materializar la Constitución. El historiador de la Universidad Diego Portales Claudio Fuentes también menciona como desafíos “las relaciones de poder entre las regiones y el centro” y la obtención de recursos para financiar la amplia carta de derechos fundamentales. Aún así, el académico dice que “si se llega a aprobar, se abrirá un nuevo ciclo político con nuevas formas de organización del poder, nuevos derechos sociales y un rol más relevante del Estado”.