Sites específicos para desmentir noticias falsas. Resoluciones judiciales. Un comité contra la desinformación en materias de salud. Aumento de la financiación a los medios de comunicación públicos. Una ambiciosa ley contra las fake news. Y una intensa articulación internacional. Los tres poderes de Brasil están poniendo en marcha una inédita y contundente batería de medidas contra la desinformación. La reciente resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre propaganda en las elecciones, que establece que las plataformas digitales puedan llegar a ser civil y administrativamente responsables por el contenido de terceros, ha caído como un jarro de agua fría en el entramado de las empresas tecnológicas, las big techs. Además, la resolución ha tenido un efecto colateral: la resurrección del Proyecto de Ley 2.630, más conocido como PL de las fake news, retirado de votación en el Congreso en mayo de 2023, tras la fuerte presión del lobby tecnológico y de la oposición bolsonarista.
Tras el susto de las big techs, el gobierno de Lula retomó en marzo las negociaciones con el Congreso, para aprobar lo antes posible el PL de las fake news. Por otro lado, la amenaza de Elon Musk de restaurar los perfiles de la plataforma X bloqueados por la justicia brasileña por la diseminación de fake news ha provocado que el Supremo Tribunal Federal (STF) mueva ficha. Alexandre de Moraes, ministro del STF, incluyó el pasado domingo a Musk en la investigación de las “milicias digitales”, que acorrala a la red bolsonarista que difunde premeditadamente desinformación.
Responsabilidad
La gran patata caliente del proyecto es la responsabilidad civil de las plataformas sobre contenidos de terceros. João Brant, secretario de Políticas Digitales del Gobierno Lula, defiende que el proyecto es necesario para poder imponer más obligaciones a las plataformas. “El gobierno busca un equilibrio entre la libertad de expresión y la desinformación, pero necesitamos que el contenido ilegal offline sea también considerado como ilegal en el ambiente online”, asegura João Brant en entrevista a El Diario. Aunque está inspirado en leyes internacionales como la NetzDG de Alemania o en la DSA de la Unión Europa, el PL de las fake news de Brasil va más allá. A diferencia de las leyes europeas, el proyecto pretende legislar plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. El proyecto responsabiliza civilmente a las plataformas digitales por circulación de contenidos ya tipificados en Brasil, como crímenes contra el Estado de Derecho, incitación al terrorismo, racismo o violencia contra la mujer, entre otros. Además, restringe la creación de cuentas falsas y el uso de bots, reforzando el cumplimiento de decisiones judiciales que determinan la retirada de contenidos ilícitos.
La gran apuesta del PL de las fake news es regular con firmeza el contenido promocionado. La identificación del anunciante es obligatoria, así como presentar el historial de contenido promocionado en los últimos seis meses. Por otro lado, la responsabilidad subsidiaria recogida en el proyecto posibilita que las plataformas puedan ser procesadas simultáneamente a los usuarios infractores.“Es importante priorizar las medidas contra los contenidos promocionados, para saber quién está incentivando el contenido. A su vez, el dinero público no puede financiar contenido ilegal y fake news”, afirma João Brant.
Tanto la resolución del TSE (que pune contenido “antidemocrático, hechos notoriamente falsos, discursos de odio y contenido manipulado”) como la ley de las fake news obligarían a las plataformas a un mayor auto control del contenido. Este punto ha provocado críticas. “Tenemos miedo de que si existe un artículo sobre responsabilidad, las plataformas retiren más contenido del debido cuando tengan dudas, y eso cohíbe la circulación libre del contenido”, afirma a este medio Iná Jost, coordinadora de libertad de expresión del InternetLab. Para evitar que el control del contenido se convierta en una “caza de brujas”, Iná ve necesaria una legislación sistémica sobre el funcionamiento de las plataformas, incidiendo en la transparencia de sus algoritmos, del contenido promocionado y de sus términos de uso. Por su parte, Sergio Amadeu, profesor de la Universidad del ABC (UFABC) y uno de los mayores especialistas de Internet de Brasil, considera apropiado legislar sobre la “desinformación”, con la cautela necesaria para evitar el punitivismo: “El combate a la desinformación necesita hacerse con mecanismos de promoción de la diversidad y la pluralidad y con una discusión sobre el funcionamiento de las plataformas. Necesitamos legislar para que estas empresas no tengan tanto poder”.
La reacción del lobby de las plataformas digitales al proyecto de ley brasileño, así como las amenazas de Elon Musk, sintetizan el poder excesivo denunciado por Amadeu. La campaña orquestada por las big techs, apoyada en contenido patrocinado y en publicidad, consiguió que el PL de las fake news empezara a ser conocido como PL de la censura“. La Policía Federal (PF) concluyó que la actuación de Google y Telegram configuró ”abuso de poder económico, manipulación de información“ y una posible ”violación contra el orden de consumo“.
Medidas gubernamentales
A la espera de la aprobación de la ley de las fake news, el gobierno Lula ya ha puesto en marcha diversas medidas contra la desinformación. La web Brasil Contra Fake desmiente información falsa relacionada a medidas del ejecutivo y ComunicaBR recopila todas las políticas públicas de municipios, gobiernos regionales y el propio gobierno. “Es necesario identificar las fake news, sabiendo combinar silencio estratégico y reacciones rápidas cuando el contenido falso se expanda con impacto”, matiza João Brant. Para reforzar la agilidad del combate contra las fake news, el gobierno lanzará en los próximos meses un concurso público para contratar a agencias de comunicación especializadas en desinformación. Por otro lado, el gobierno ha puesto en marcha el Comité de Enfrentamiento de la Desinformación para monitorear el Programa Nacional de Inmunizaciones y las Políticas de Salud Pública y evitar, entre otras cosas, los bulos antivacunas que proliferaron durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Paralelamente, el gobierno está reforzando la comunicación popular (con apoyo de la UNESCO) y la expansión de la Red Nacional de Comunicación Pública (RNCP), en colaboración 44 universidades y 16 institutos de investigación. El executivo aspira a inaugurar este año 155 nuevos canales locales de televisión y radio FM.
La esfera internacional es otra de las grandes apuestas de Lula para la lucha contra la desinformación. En la última reunión del MERCOSUR en Río de Janeiro a finales de 2023, Brasil forzó la Declaración Especial de los Presidentes sobre Democracia e Integridad de la Información en Ambientes Digitales. Simultáneamente, Brasil ha incluido la desinformación como uno de los asuntos a ser tratados este año el G20 y se ha involucrado en el Pacto Digital Global de la ONU, del que puede nacer un código de conducta para las plataformas digitales. Por si fuera poco, el gobierno de Lula ha firmado acuerdos de cooperación con países como Alemania, Reino Unido Finlandia, Dinamarca, Países Bajos o Francia. “Todo lo que se hace y dice en estas declaraciones y acuerdos internacionales nunca son palabras que se lleva el viento. Queremos que este año, ya sea en el ámbito del G20 o en la ONU, ocurra algo importante a nivel global en el combate a la desinformación”, concluye João Brant.