Brasil, desbordado por el coronavirus

Brasil no ha encontrado la fórmula para contener la COVID-19 y el tiempo se le ha echado encima. Ya es el tercer país del mundo con más casos confirmados (supera las 310.000) y registra 20.047 fallecidos, según datos oficiales. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro no se ha desplazado ni un milímetro de su posición inicial: la economía del país no puede parar. Sin embargo, se da por segura ya una recesión superior al 5% para 2020.

Además, dado que el número de test realizados es insuficiente –3,5 por cada mil personas–, diversos especialistas advierten de que para averiguar el número de casos positivos más cercano a la realidad habría que multiplicar por 15 la cifra actual. Por eso es probable que aumente también el número de fallecidos. Como en otros países, muchos certificados de defunción se han sellado indicando “síndrome respiratorio agudo grave” o dolencias similares.

A pesar del inmovilismo frente al virus del presidente, el Tribunal Supremo ha sentenciado que los gobernadores y alcaldes tienen una gran capacidad a la hora de tomar medidas. Los focos más dañinos se sitúan en los estados de São Paulo, Ceará, Río de Janeiro, Amazonas y Pernambuco. Cada estado huye hacia adelante. Sobre la marcha.

En São Paulo, por ejemplo, el último movimiento ha consistido en anticipar y unir un ramillete de días festivos confeccionando un megapuente de casi una semana completa, con la idea de disminuir la actividad en las calles y avenidas de São Paulo. El gobernador, João Doria, ha avisado de que prefiere “evitar la medida extrema”, pero si la población no demuestra responsabilidad, se verán “obligados a decretar el confinamiento”.

En los barrios humildes y las favelas de las grandes ciudades la gente es más vulnerable a la epidemia y se teme que no haya llegado lo peor. De estas zonas proviene la gran mayoría de los trabajadores informales –sin contratos ni alta en la seguridad social– que necesitan la calle como medio de supervivencia.

El Congreso Nacional aprobó una renta básica de emergencia para la población con menos recursos. Tras arduas negociaciones y con la presión de la sociedad civil, se lograron 600 reales al mes –aproximadamente 100 euros–, pero solo durante tres meses, que ya casi han pasado. Según datos oficiales, aproximadamente 60 millones de brasileños dependen directamente de este auxilio: más de 38 millones de trabajadores informales y 21 millones que no figuran en ningún registro, apodados los “invisibles” por el ministro de Ciudadanía. Teniendo en cuenta todo el núcleo familiar, 130 millones –del total de 210– dependen indirectamente de la ayuda. Si la norma no se prolonga, no tendrán más remedio que volver a la calle a trabajar.

Tres ministros de Sanidad desde el inicio de la crisis

El Ministerio de Sanidad también se ha visto sumido en el caos. Tres ministros han pasado por allí desde el inicio de la pandemia. El actual –ministro en funciones– es el general Eduardo Pazuello, sin conocimientos ni en el área de salud ni en el campo político. Si llegara un ministro civil en las próximas semanas se encontraría en las oficinas algo parecido a un regimiento: Pazuello ha incorporado al equipo a otros nueve militares. Si además de civil, el ministro entrante fuera médico, tendría que hacer suyas las nuevas directrices gubernamentales que recomiendan el uso de cloroquina e hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria que aún no ha demostrado ser seguro y efectivo para pacientes de COVID-19.

En los estados más afectados ha colapsado el sistema público de salud. Las horas y los días a la espera de cama libre en una unidad de cuidados intensivos van en aumento y los hospitales de campaña levantados para paliar el déficit no consiguen ponerse en marcha por falta de respiradores.

El Gobierno Federal solo ha conseguido comprar una cuarta parte de los que prometió, y los estados se han lanzado al mercado internacional por su cuenta y riesgo. Altos cargos de la Secretaría de Sanidad del estado de Río de Janeiro han sido destituidos por supuestos fraudes en la compra de respiradores. El nombre de la operación policial sintetiza el ambiente: 'Mercaderes del caos'.

El Gobierno de São Paulo ha decidido contratar 1.500 camas de UCI a hospitales privados, utilizando la opción autorizada por el decreto de calamidad pública aprobado por el Congreso Nacional, el cual contempla el “pago posterior de una indemnización justa” a la red privada. Otros estados como Maranhão y Ceará están siguiendo el ejemplo.

A los obstáculos propios de la pandemia, en Brasil se suman las dificultades logísticas. Manaus –acontece también en otras capitales– es la única ciudad de su estado (Amazonas) con unidades de cuidados intensivos. Avionetas medicalizadas trasladan hasta allí a los indígenas que se contagian del virus en las comunidades de la selva.

Estas particularidades están influyendo también en la imposibilidad de decretar confinamientos obligatorios a nivel estatal. Los intentos acaban reduciéndose en ocasiones a la esfera municipal, como indicaba hace un par de semanas el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho. Hay que comprender la dimensión territorial de Pará, superior a más de dos Españas. No disponen de medios para controlar un confinamiento obligatorio en toda su superficie. Lo han terminado acotando a la capital, Belem, y diez localidades de su región metropolitana. Pará es el sexto estado más afectado de Brasil. A pesar de que aún no se ha alcanzado el pico de la pandemia, varios mandatarios están estudiando acabar con el semiconfinamiento en cuestión de días.