A petición de la Fiscalía, la Corte Suprema incluyó este viernes al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el pasado domingo en Brasilia. Apenas 24 horas después, la Policía Federal de Brasil arresto este sábado en Brasilia a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro. Su detención había sido ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Sobre Torres, un fiel aliado de Bolsonaro que participó en esa campaña de descrédito contra el sistema electoral, pesaba una orden de prisión del Supremo por su supuesta “omisión” en el asalto de Brasilia. El exministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia tras desembarcar procedente de Miami (Estados Unidos).
La Policía halló en la casa del exministro un borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y “corregir” el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos.
Torres, como Bolsonaro, se encontraba en EEUU y había afirmado que regresaría a Brasil en los próximos días para entregarse a las autoridades.
Cerco a Bolsonaro
El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra todavía en EEUU y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.
En la tarde de este viernes, el Ministerio Público solicitó al Supremo permiso para investigar al líder ultraderechista por su presunta participación como autor intelectual del violento asalto y, tan solo unas horas más tarde, el alto tribunal acató la petición. El aval lo dio el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y objeto de graves ataques desde hace meses por parte de Bolsonaro y sus aliados.
De Moraes aceptó el principal argumento de la Fiscalía: un video compartido por Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, dos días después del asalto a los tres poderes, en el que se siembran dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones. El capitán retirado del Ejército, que sigue sin reconocer abiertamente su derrota en las urnas, eliminó ese video horas después, cuando ya estaba circulando como la pólvora entre sus acólitos.
Con ello, el Ministerio Público cree que “incitó de forma pública a la práctica del crimen”. Para De Moraes, con la divulgación del video, Bolsonaro, a priori, “se posicionó una vez más” de forma “criminal contra las instituciones”, en especial contra el Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), “imputando a sus jueces fraude en las elecciones para favorecer” a Lula.
El magistrado también señaló que estudiará “en el momento oportuno” un posible interrogatorio a Bolsonaro ante “las noticias de que no se encuentra en territorio brasileño”.
El exjefe de Estado viajó a Orlando, en Florida, el pasado 30 de diciembre, dos días antes de acabar su mandato, por motivos nunca explicados, aunque recientemente dijo a CNN Brasil que volvería a finales de este mes.
Sobre el asalto golpista, apenas se pronunció en unos tuits el mismo día 8 para rechazarlo de forma tibia y negar las acusaciones vertidas por Lula, quien responsabilizó a su predecesor de “estimular” a sus seguidores.
A lo largo de la pasada campaña electoral, Bolsonaro acusó a la cúpula judicial de actuar en favor de Lula y lideró una feroz campaña contra el sistema electoral con base en alegaciones falsas de fraude.
La izquierda defiende que ese comportamiento, unido a su silencio tras perder las elecciones, alimentó la ira de los bolsonaristas, que hasta la semana pasada estaban acampados en la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe contra el dirigente progresista.
Al no ser escuchados por las Fuerzas Armadas, miles de ellos lo intentaron el domingo sembrando el caos durante cuatro horas en Brasilia.
Otras investigaciones en curso
Bolsonaro, un nostálgico defensor de las dictaduras militares de derechas y que el pasado día 1 perdió su inmunidad, es investigado además en otros cuatro procesos penales abiertos en el Supremo, pero todos ellos están en la fase inicial.
Uno de ellos busca esclarecer si interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia.
También es investigado por divulgar noticias falsas sobre la vacuna contra la covid-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, y por divulgar documentos secretos de la Policía con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.
Igualmente está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de “milicias digitales”, vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático.