Más de la mitad de las camas de los hospitales del estado brasileño de Roraima están acogiendo hoy en día a ciudadanos venezolanos y hay mil ochocientos kilómetros de frontera –cerrada por uno de los lados– que hay que atender, pero esto solo es la cúspide de los efectos secundarios de la crisis entre Brasil y Venezuela.
Roraima viene renqueando durante los últimos años, hasta que la frágil coyuntura política, social y humanitaria del país vecino lo ha llevado al límite. Primero se vio superado por la llegada de decenas de miles refugiados venezolanos; luego fue objeto de una intervención federal por parte del gobierno de Michel Temer, y ahora su gobernador ha declarado oficialmente la emergencia sanitaria.
A principios de diciembre del año pasado, el estado de Roraima no podía ni pagar a sus funcionarios públicos, ni a sus proveedores, ni garantizar el servicio de sus cuerpos y fuerzas de seguridad. Colapsados también estaban el transporte escolar y el sistema de prisiones. La exgobernadora Suely Campos, que ejercía sus últimas semanas en el cargo, fue apartada y su lugar fue ocupado, a título de interventor, por el gobernador electo, Antônio Denarium, que debía tomar posesión el 1 de enero. Temer designó también a dos secretarios para completar el tridente interventor.
Denarium, tras dos meses como gobernador a todos los efectos, acaba de oficializar a través del Decreto nº 26.577-E, del 24 de febrero de 2019, “el estado de calamidad en el sistema de salud pública del estado de Roraima, frente a la crisis humanitaria y de violencia en Venezuela, impactando en el servicio sanitario de los hospitales del estado localizados en los municipios de Pacaraima y Boa Vista”.
Define en el texto la grave crisis económica de la región, y encuadra la medida en los próximos 90 días, “prorrogables mientras permanezcan las circunstancias causantes del colapso del sistema sanitario”. La Secretaría de Estado de Salud “tomará las providencias necesarias, con urgencia, para las adquisiciones y contrataciones que se consideren necesarias”. Con una cuenta bancaria bajo mínimos y unas reservas inexistentes, Roraima clama por una nueva ayuda del Gobierno Federal. Es de prever que el apoyo llegará sin reparos, teniendo en cuenta la buena relación entre Bolsonaro y el gobernador Denarium, también del Partido Social Liberal.
Sobre el cierre de la frontera ejecutado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el gobernador reconocía en Record News que “fue un momento de gran flujo de entrada de venezolanos”. El recuento de la Administración estatal cifró este movimiento en 771 venezolanos entrando en Roraima en las horas posteriores al cierre. “Estaban pasando por el entorno de la frontera, por fuera del registro aduanero y del control del Ejército”, aseguró Denarium.
Los venezolanos continúan accediendo a Brasil por rutas clandestinas; incluidos una decena de militares desertores. De los 1.800 kilómetros de frontera entre Roraima y Venezuela, solo 100 corresponden a frontera terrestre y proyectada. También linda con Venezuela el estado brasileño de Amazonas, perdiéndose la divisoria en medio de la selva.
El vicepresidente brasileño, en el grupo de Lima
En la reciente reunión celebrada por el Grupo de Lima en Bogotá (Colombia), no fue el ministro de relaciones exteriores, Ernesto Araújo, el que representó al país brasileño: le acompañó el general Hamilton Mourão, vicepresidente de Bolsonaro. Una prueba más de que las Fuerzas Armadas siguen sin fiarse de las salidas de tono del canciller, muy en línea con el discurso del presidente Bolsonaro. El general Mourão ha preferido hacerle llegar sus impresiones a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, sin intermediarios. Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero.
“Para nosotros, la opción militar nunca ha sido una opción”, señaló Mourão. “Brasil siempre defiende las soluciones pacíficas ante cualquier problema que ocurra en los países vecinos. Defendemos la no intervención”. Horas antes el Ministerio de Relaciones Exteriores había mantenido la intensidad de sus comunicados: “El uso de la fuerza contra el pueblo venezolano, que anhela recibir la ayuda humanitaria internacional, caracteriza, de forma definitiva, el carácter criminal del régimen Maduro”, decía la última nota publicada hasta la fecha. “Se trata de un brutal atentado a los derechos humanos, que ningún principio del derecho internacional remotamente justifica y ante el cual ninguna nación puede callarse”.
Roraima recibe energía eléctrica de Venezuela
Por si fuera poco, la situación energética del estado de Roraima no podría ser más delicada en este momento de crisis. La geografía de la región lo convirtió hace dos décadas en el único estado brasileño desconectado del Sistema Interligado Nacional de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. El Gobierno brasileño compra energía a Venezuela para abastecer la zona, aislada del resto del país.
Los datos de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica reflejan que cada cuatro días hubo un apagón eléctrico en Roraima en 2018. El 85% de ellos provenían de la supuesta falta de mantenimiento en las instalaciones venezolanas, que Venezuela no ha negado, prometiendo mejoras en el recorrido del cableado desde la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en la Represa de Guri, a 85 kilómetros de Ciudad Bolívar. Centrales termoeléctricas locales suplen a duras penas estas caídas energéticas, cuando suceden, a un precio demasiado alto para los consumidores.
Esta dependencia energética ha sido utilizada por Nicolás Maduro como herramienta política, sobre todo tras generar Brasil una deuda que superó los 30 millones de dólares. Sin embargo, aunque ahora mismo las relaciones de Bolsonaro con Maduro son inexistentes -las peores posibles- el dirigente venezolano nunca se llegó a plantear desabastecer el estado de Roraima. Venezuela aceptó la versión brasileña: las dificultades en los pagos en dólares se debían a las sanciones económicas de Estados Unidos. El gobierno de Michel Temer, al final del año pasado, utilizó un banco ruso para abonar, en euros, buena parte de la cuantía pendiente.
Suplir totalmente la energía comprada a Venezuela utilizando las termoeléctricas significaría para el bolsillo de los consumidores brasileños 1.200 millones de reales al año, según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (aproximadamente 282 millones de euros).
Por esa debilidad energética y por la nula colaboración entre gobiernos actualmente, ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión la Orden nº 131, según la cual el Ministerio de Minas y Energía reactiva la licitación que supondrá la desconexión energética de Brasil y Venezuela.
El objetivo es que en mayo tenga lugar el concurso para construir la línea de alta tensión que unirá Manaus y Boa Vista, conectando Roraima con el resto del país: comenzaría a funcionar en enero de 2021. El proyecto lleva años bloqueado, ya que una quinta parte de los 720 kilómetros de línea necesarios atraviesan tierras indígenas.