Bruselas insiste en bloquear 7.500 millones a Hungría por su deriva autoritaria pese a las dudas de Italia, Francia y Alemania

La Comisión Europea se reafirma en su evaluación: hay que activar el mecanismo de condicionalidad por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orbán y bloquear 7.500 millones de fondos de cohesión. Un análisis que los 27 ministros de Finanzas de la UE no ratificaron el pasado martes en la reunión del Ecofin. Decidieron pedir más información, que es lo que ha proporcionado este viernes la Comisión Europea, sin cambiar de parecer.

“La evaluación general de la Comisión es que, a pesar de las medidas tomadas por Hungría, el riesgo general para el presupuesto de la Unión permanece sin cambios”, escribe el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, en su carta a la presidencia checa de turno del Consejo de la UE.

Algunos países, como Italia, Francia y Alemania, han estado defendiendo que la cifra de 7.500 millones debería rebajarse en virtud de unos supuestos avances legislativos de Budapest, en contra de la propuesta de Bruselas.

Los días, eso sí, se acaban: el plazo dado por la Comisión Europea vence el 19 de diciembre, fecha en la que decaería el expediente si no lo aprueban los Gobiernos que, por otro lado, también podrían decidir aprobar la sanción pero con una cifra inferior.

Las negociaciones sobre este expediente son muy transversales. Porque Hungría también tiene pendiente una condicionalidad reforzada para recibir los 5.800 millones de euros del fondo de recuperación. Y, mientras los miles de millones permanecen en Bruselas, el Gobierno de Viktor Orbán chantajea con expedientes clave en la coyuntura actual: los 18.000 millones de ayuda a Ucrania para 2023 y el impuesto de sociedades mínimo del 15% para las multinacionales, asunto que también ha sido suprimido de la agenda por el veto húngaro.

Los 27 también tienen pendiente tomar una decisión sobre el plan de recuperación de Hungría, condicionado a 27 reformas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si los Gobiernos de la UE no aprueban formalmente el plan antes de que acabe el año, Hungría perdería el 70% de los fondos, unos 4.600 millones de los 5.800 millones en ayudas directas.